El Poder Ejecutivo envió al Parlamento, el lunes pasado, un proyecto de ley referente a nuevos procedimientos en pequeñas causas judiciales que surjan a raíz de las relaciones de consumo.
La ley pretenderá "asegurar un procedimiento con trámites breves y simples" que permita resolver con velocidad y poco costo los problemas que se generan en las relaciones de consumo.El proyecto explica que el costo y el tiempo que lleva un litigio ordinario, así como la necesidad de contar con un abogado, lleva a que la mayoría de los problemas que sufren los habitantes como consecuencias de violaciones a la ley de consumo no puedan ser reclamados.De esta manera, el Estado estaría cumpliendo con la Ley N° 17.250 que establece como derecho básico del consumidor "el acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y el resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces".El proyecto, que consta de ocho artículos, asigna competencia a los juzgados de paz para el tipo de causas en las que el valor total reclamado en la demanda no supere las 100 Unidades Reajustables (equivalente a 37.653 pesos). Asimismo, establece que la presentación en estos procesos no requerirá la participación de un abogado de manera obligatoria y que las partes solo deberán pagar, al Poder Judicial, un timbre equivalente al 1% del monto reclamado. El tiempo previsto para hacer el reclamo será de un año.El reclamante presentará su solicitud de audiencia ante el juzgado competente con el monto máximo a reclamar. El juez fijará, dentro de las 48 horas, una audiencia conciliatoria que deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días. En caso de no lograrse la conciliación, el juez recibirá las pruebas ofrecidas por las partes que, en caso de ser testimonial, tendrá como máximo tres testigos de cada parte. En caso de no poder tramitar toda la prueba en la audiencia, esta podrá prorrogarse por única vez y por un plazo no mayor a quince días.
Últimas Noticias, 19 de noviembre
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