Cada semana, 15 niños cometen rapiñas para comprar pasta base. Los delitos son cometidos por niños de entre 8 y 13 años y no hay centros a donde derivarlos. El Código establece como sanción el llamado de atención a los padres, orientación y apoyo. Niños de entre 8 y 13 años cometen cada vez más protagonistas de hurtos y rapiñas. Esta semana las cámaras de la televisión mostraron el caso de la pollería de Emilio Frugoni y Gonzalo Ramírez. Tres niños de esas edades asaltaron el miércoles a las empleadas que atendían el mostrador.
Con el pico de una botella rota como arma, uno de los asaltantes la obligó a entregar el dinero. En la caja solo había $365. "El dinero suficiente para sus dosis de pasta base", explicó uno de los policías que trabajo en el caso. Debido a la cantidad de robos que sufren los comercios han instrumentado cofres de seguridad con apertura retardada en los que van guardando la recaudación.
La jueza de familia especializada, Adriana Arturo dijo a El Observador que cada semana ella y sus tres colegas atienden tres o cuatro de hurtos y rapiñas cometidos por niños. Ello implica que por semana ocurren entre 12 y 16 delitos cometidos por niños. De acuerdo con esos datos en un mes ocurren entre 50 y 60 delitos cometidos por infantes.
Arturo explicó que los casos se relacionan con el consumo de pasta base porque roban para poder comprar droga.
El arma más utilizada por los niños infractores son los picos de botella rotos, según coincidieron en señalar la jueza y efectivos policiales. Con esa arma cometen rapiñas tanto en comercios como en plena calle a mujeres mayores o a escolares y liceales.
Un policía que intervino el miércoles en la detención de los menores que robaron la pollería afirmó que "utilizan el pico de una botella y un arma falsa de manera que si logramos detenerlos, se deshacen del pico y nos muestran el arma de juguete", explicó.
La jueza Arturo expresó la preocupación en que no existen centros donde derivar a los niños para que sean tratados. Como los niños son inimputables, los jueces únicamente pueden llamar a los padres y hacerles un llamado de atención, o en casos más graves pueden ordenar la internación en hogares abiertos.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece en el artículo 119 las medidas a aplicar en estos casos: "llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado; orientación, apoyo y seguimiento prestado por programas públicos o privados; obligación de inscribir al niño en un centro de enseñanza o programa educativo; y por último la derivación a un programa público o privado de protección a la familia.
El Código también determina que el juez podrá resolver la internación del "niño que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas".
"Aumento desmedido"Un estudio sobre la aplicación del Código de la Niñez realizado por UNICEF y el Movimiento Gustavo Volpe detectó a partir de 2004 un "aumento desmedido" de la cantidad de infractores tanto en el tramos de 0 a 10 años como en el siguiente de 11 a 14 años. El 85% de los casos que llega a la justicia están vinculados con el consumo de pasta base.
La mayoría de los que delinquen son varones y residen en barrios cuyo porcentaje de personas pobres supera el 50%.
Arturo explicó que se sienten de "brazos atados" porque lo único que pueden hacer es llamar a los padres y hacerles una advertencia, pero muchas veces los padres no se presentan y no se hacen cargo.
La internación, añadió, es inaplicable puesto que no existe un centro donde derivar a niños. Los tres centros que tienen convenio con el INAU no admiten niños de 8 a 13 años. "Hasta ahora el INAU sigue sin cumplir con la sentencia del tribunal de apelaciones de Familia que lo obligó a disponer de un centro para atender a niños adictos", dijo la jueza.
La medida más restrictiva que aplican los jueces es la internación sin privación de libertad. Pero se escapan. "De mañana la Policía los trae porque cometieron un delito, los mandamos a los hogares abiertos y esa misma tarde nos vuelven a dar cuenta de que robaron nuevamente", explicó Arturo. "Es evidente que necesitan un tratamiento pero no tenemos a donde derivarlos. La responsabilidad no es nuestra", agregó
Fuente: Observa, 15 de julio
Con el pico de una botella rota como arma, uno de los asaltantes la obligó a entregar el dinero. En la caja solo había $365. "El dinero suficiente para sus dosis de pasta base", explicó uno de los policías que trabajo en el caso. Debido a la cantidad de robos que sufren los comercios han instrumentado cofres de seguridad con apertura retardada en los que van guardando la recaudación.
La jueza de familia especializada, Adriana Arturo dijo a El Observador que cada semana ella y sus tres colegas atienden tres o cuatro de hurtos y rapiñas cometidos por niños. Ello implica que por semana ocurren entre 12 y 16 delitos cometidos por niños. De acuerdo con esos datos en un mes ocurren entre 50 y 60 delitos cometidos por infantes.
Arturo explicó que los casos se relacionan con el consumo de pasta base porque roban para poder comprar droga.
El arma más utilizada por los niños infractores son los picos de botella rotos, según coincidieron en señalar la jueza y efectivos policiales. Con esa arma cometen rapiñas tanto en comercios como en plena calle a mujeres mayores o a escolares y liceales.
Un policía que intervino el miércoles en la detención de los menores que robaron la pollería afirmó que "utilizan el pico de una botella y un arma falsa de manera que si logramos detenerlos, se deshacen del pico y nos muestran el arma de juguete", explicó.
La jueza Arturo expresó la preocupación en que no existen centros donde derivar a los niños para que sean tratados. Como los niños son inimputables, los jueces únicamente pueden llamar a los padres y hacerles un llamado de atención, o en casos más graves pueden ordenar la internación en hogares abiertos.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece en el artículo 119 las medidas a aplicar en estos casos: "llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado; orientación, apoyo y seguimiento prestado por programas públicos o privados; obligación de inscribir al niño en un centro de enseñanza o programa educativo; y por último la derivación a un programa público o privado de protección a la familia.
El Código también determina que el juez podrá resolver la internación del "niño que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas".
"Aumento desmedido"Un estudio sobre la aplicación del Código de la Niñez realizado por UNICEF y el Movimiento Gustavo Volpe detectó a partir de 2004 un "aumento desmedido" de la cantidad de infractores tanto en el tramos de 0 a 10 años como en el siguiente de 11 a 14 años. El 85% de los casos que llega a la justicia están vinculados con el consumo de pasta base.
La mayoría de los que delinquen son varones y residen en barrios cuyo porcentaje de personas pobres supera el 50%.
Arturo explicó que se sienten de "brazos atados" porque lo único que pueden hacer es llamar a los padres y hacerles una advertencia, pero muchas veces los padres no se presentan y no se hacen cargo.
La internación, añadió, es inaplicable puesto que no existe un centro donde derivar a niños. Los tres centros que tienen convenio con el INAU no admiten niños de 8 a 13 años. "Hasta ahora el INAU sigue sin cumplir con la sentencia del tribunal de apelaciones de Familia que lo obligó a disponer de un centro para atender a niños adictos", dijo la jueza.
La medida más restrictiva que aplican los jueces es la internación sin privación de libertad. Pero se escapan. "De mañana la Policía los trae porque cometieron un delito, los mandamos a los hogares abiertos y esa misma tarde nos vuelven a dar cuenta de que robaron nuevamente", explicó Arturo. "Es evidente que necesitan un tratamiento pero no tenemos a donde derivarlos. La responsabilidad no es nuestra", agregó
Fuente: Observa, 15 de julio
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