Existe gran malestar en la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), con la ministra del Interior, Daisy Tourné, que pidió a la Justicia que “se ponga las pilas” para solucionar la superpoblación de las cárceles. Sus autoridades calificaron de “grave” el hecho.
“No sé si tenemos pilas o no, hacemos nuestro trabajo”, expresó ayer la presidenta de la AMU, Anabella Damasco, a Ultimas Noticias, en rechazo a las expresiones de la ministra Tourné al semanario Búsqueda.
Las palabras de Tourné cayeron muy mal en la gremial de magistrados que, pese a la feria judicial menor, ayer se reunió para tratar el tema. Damasco calificó como “un poco osado” y “grave” el “comentario” de Tourné y dijo que le “preocupan” las generalizaciones.
Sostuvo que los jueces tienen las “pilas recargables” porque “aún sin recursos materiales y legales seguimos trabajando”.
A su entender, “no corresponde” que la ministra del Interior “califique” la labor de los integrantes del Poder Judicial, sino que a su cartera le compete “cuidar de la vigilancia de las cárceles” y ser “auxiliar” de la Justicia.
La presidenta de la gremial considera “una simplificación intolerable” decir que una de las causas del hacinamiento en las cárceles sea que los jueces procesen con prisión a los individuos. “No es ese el problema”, subrayó.
Damasco aclaró que la “ley” es la que da a los jueces “la posibilidad de procesar con o sin prisión” y si hay alguien que puede tener reparos sobre una decisión, sea el defensor o el fiscal, puede recurrir al Tribunal de Apelación.
“Es un trío donde no entra el Ministerio del Interior”, dijo la presidenta de la gremial en alusión al sistema penal uruguayo, cuyos actores son el Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal y la defensa del indagado.
Damasco es de la opinión que la situación de las cárceles “es un problema que nos debe preocupar a todos los uruguayos”.
Señaló que desde su rol de jueza penal ha “colaborado” con muchos de los proyectos de los reclusos, así como también -junto a otros colegas- hicieron una “avanzada” respecto a las medidas alternativas a la prisión preventiva “mucho antes” que la aprobación de la ley. Asimismo, señaló que la norma aprobada en 2003 acota los casos donde se pueden aplicar las medidas. Según la ley 17.726, estas se pueden resolver en casos que involucren a procesados primarios por delitos leves sobre los que se prevé no recaerá pena de penitenciaría.
Fuente: Últimas Noticias, 8 de julio
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