Cómplices de corrupción

El artículo 3º de la ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, define como corrupción "el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño para el Estado". Si corrupción es eso, en la sesión de la Cámara de Diputados que tuvo lugar el 19 de septiembre, donde se discutió el Informe de la Comisión Preinvestigadora sobre hechos irregulares ocurridos en la Dirección General de Casinos, se configuró un caso de complicidad con la corrupción al no hacerse lugar al pedido de integrar una Investigadora, impidiendo con ello que se averiguara si hubo o no daño para el Estado. Lo que llama la atención es que la negativa fuera respaldada por cuarenta legisladores, única y exclusivamente frenteamplistas, quienes actuaron como un bloque monolítico al servicio, no de la cristalinidad con que debe mostrarse al país el manejo de los negocios públicos, sino cerrando toda posibilidad de aclarar lo que había pasado.

Las 141 páginas donde se recogieron las expresiones emitidas durante la sesión deberían editarse y distribuirse, por ejemplo, en todas las ciudades que va a visitar el Presidente de la República, para que los ciudadanos conozcan, de primera mano y de inmejorable fuente, claramente documentado, lo que el gobierno ha hecho para que NO se combata la corrupción en el país.

Como un adelanto de esa publicación debe divulgarse que la Preinvestigadora localizó una serie de casos en los cuales la discrecionalidad de la Administración terminó perjudicando al Estado; donde se desconocieron informes jurídicos sosteniendo que el monto de una deuda a la que se renunciara "no era negociable"; descubrió que en El Chuy fue utilizado un cofre fort de la Dirección de Casinos para guardar dinero de terceros -presumiblemente prestamistas- y con tan mala suerte que lo robaron, y donde el Estado pagó obligaciones artísticas que correspondían a los adjudicatarios, concluyendo: "surge con claridad que, de acuerdo a lo establecido por el art. 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, la entidad de estos hechos denunciados y de otros que rondan la actuación de estos jerarcas, hace oportuno y procedente conformar una Investigadora". Cuarenta frenteamplistas no estuvieron de acuerdo.

El lector puede presumir que tendrían buenas y muy sólidas razones para hacerlo. No. El único argumento al que se recurrió fue que, como se trataba de irregularidades ocurridas en los Casinos de Montevideo -con los mismos protagonistas-, sobre los cuales ya se había expedido la Junta Departamental y que se encuentran a consideración de la Justicia, el Parlamento no debía ocuparse del tema. Están soberana y olímpicamente equivocados ya que el caso de los Casinos Municipales fue sólo uno de los mencionados y como un "antecedente inevitable". A su lado, adornándolo, mejorándolo y perfeccionándolo, se registraron once casos más sobre las que no abrimos opinión pero que sí fueron denunciados y merecían ser aclarados, incluso por el interés de los propios involucrados. Ellos son: la liberación de una deuda al Casino Hotel Quiroga; la explotación mixta del Radisson de Colonia; el famoso cofre fort del Chuy y una denuncia policial que se pretendió retirar; la contratación de artistas en el Nogaró; el haber prescindido de la intervención del Tribunal de Cuentas; lo que sucedió con los Hoteles Fray Bentos y Paysandú; lo ocurrido en Florida y la venta de un Mercedes Benz el 4 de julio del 2007, además de lo que está sucediendo con la administración de juegos de azar por el Estado, de acuerdo a lo denunciado por los funcionarios de la Dirección. Nada de eso es municipal de Montevideo.

Esta actitud mordaza se inscribe dentro de una política del gobierno tendiente a impedir la creación de Investigadoras. Hace pocos días se opusieron a averiguar qué había pasado con el fallido ingreso de 15.000 proyectiles en un barco de la Armada y el Diputado Gandini recordó que, desde 1990 al 2004, durante las tres administraciones anteriores, se autorizó la creación de 17 Comisiones Investigadoras, 15 de las cuales fueron pedidas por el Frente. Hoy, usufructuando el Poder, se niegan sistemáticamente a ponerlas en marcha. La filosofía de complacencia e impunidad que han establecido, es el mejor estímulo para que la corrupción se extienda. En definitiva, nadie va a investigar a los responsables.

Fuente: El País, 8 de octubre