Unanimidad en media sanción de ley en Diputados La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de ley que obliga a todos los comercios a contar con prendas de vestir de todos los talles. El proyecto, del diputado blanco Carlos Enciso, fue sancionado por unanimidad y ahora pasa a la Cámara de Senadores para su aprobación. Allí se establece que todas las industrias de la vestimenta y los establecimientos que las comercialicen "deberán contar con prendas de vestir en todas las tallas que respondan a las características antropométricas de la población, femenina y masculina, cualquiera sea la franja etaria a la que se dediquen". Cuando una persona no encuentre un talle de ropa solicitado, el comercio tendrá un plazo de quince días para ponerlo a su disposición pero sin modificar el precio de venta. Esta decisión se tomó para no obligar a los comercios a tener todo el tiempo todos los talles a disposición y se trata de un reclamo de la Cámara de la Vestimenta. La ley tampoco incluye a las casas de ropa usada, las ventas de saldo, liquidaciones de temporada o por cierre de comercio. En caso de la ropa de liquidación, el volumen de venta debe ser notoriamente inferior a la ropa ofrecida para la venta regular en ese comercio. En caso de que haya problemas se podrá hacer denuncias ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay sanciones previstas: van desde simples apercibimientos a multas de entre 20 y 4.000 unidades reajustables, es decir, entre $ 7.300 y $ 1.460.000 a la cotización actual. Las tiendas tendrán un plazo de 120 días, después de aprobada la ley, para ponerse a tiro con las nueva disponibilidad en materia de talles. En ese plazo la ley será reglamentada y allí se establecerán los mecanismos para determinar las características antropométricas de la población. FUTURO. Enciso dijo ayer que este es un paso importante para "atender un vacío en la población", teniendo en cuenta la situación de los obesos y personas con sobrepeso. "Cada vez es más difícil conseguir determinados talles, esto regula una situación muy difícil para ciertos sectores de la población", afirmó el diputado blanco. Hoy se considera la extrema delgadez como el "estereotipo de éxito", lo que genera bulimia y anorexia, argumentó Enciso. El proyecto de ley fue respaldado por legisladores de todos los partidos y se estima que será aprobado en la Cámara de Senadores en el correr del próximo año. El País Digital, 19 de noviembre
El oficialismo tiene la determinación de aprobar antes de que termine el año casi una veintena de proyectos de ley. Para ello, los legisladores buscan acuerdos como forma de acelerar los trámites, pese a que hay importantes diferencias internas. A mediados de la próxima semana, el coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Diego Cánepa, presentará un informe pormenorizado con el total de proyectos que deberán discutirse y aprobarse en la Cámara Baja hasta el fin de la actual administración frentista. Para ello, el oficialismo tiene previsto establecer varias sesiones extraordinarias y levantar el receso de la actividad parlamentaria, que comienza el 15 de diciembre.SALUD El proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva ya tiene media sanción del Senado y la Cámara de Diputados marcó el 4 de noviembre como fecha límite para su aprobación. La normativa refiere a la universalización en el nivel primario de atención la cobertura de salud sexual y reproductiva, y contiene entre otros artículos la polémica despenalización del aborto. Para este proyecto, el oficialismo no cuenta con todos los votos y tiene la amenaza de veto presidencial.Además, la comisión de Salud del Senado terminó de votar semanas atrás el proyecto de voluntad anticipada, redactado por los diputados Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y Washington Abdala, y será votado por la Cámara Alta en las primeras sesiones de noviembre. El proyecto, que recibió modificaciones de los senadores, deberá volver a Diputados para culminar su trámite. La ley habilita a los pacientes terminales a oponerse a tratamientos que prolonguen su vida, bajo una determinada disposición que el texto aclara. Alberto Cid (Asamblea Uruguay) explicó a Ultimas Noticias que las últimas modificaciones “amplían” las condiciones del tratamiento y flexibiliza los procedimientos. TRABAJO El senador Víctor Vaillant (MPP) informó que la ley de Negociación Colectiva del sector público es la fundamental a considerar antes de culminar el año. Del proyecto debió quitarse un capítulo referido a las ocupaciones de los lugares de trabajo. Por otro lado, espera la sanción definitiva del Senado el proyecto que establece las ocho horas para el peón rural. También el FA pretende dar rápido trámite a las modificaciones de la ley de licencias especiales, luego que el gobierno encontrara inconveniente otorgar 18 días de licencia por estudio. La solución que se encamina es dar 12 días de licencia por estudio. El proyecto establece también el otorgamiento de licencias con goce de sueldo por, paternidad, adopción y legitimación adoptiva, licencia por duelo y por matrimonio para todos los trabajadores de la actividad privadaEDUCACIÓN La Ley General de Educación es una de las principales inquietudes del oficialismo. Según el diputado Diego Cánepa, se trata de una reforma estructural que debe ser aprobada “sí o sí” antes de que acabe el 2008, ya que esto determina el inicio del proceso de “implementación de cambios” en la materia. Este proyecto provoca diferencias en la izquierda por la participación de los estudiantes en los organismos de la Enseñanza. De todas formas, se busca una salida rápida para que el FA no fracase en la aprobación de una reforma educativa. PARTIDOS La ley de partidos políticos será aprobada en las primeras sesiones ordinarias del mes de noviembre, luego que el propio presidente Tabaré Vázquez solicitara que se trate. Desde el inicio el proyecto sufrió cambios a causa del diferendo por el capítulo referente a la publicidad partidaria. Existe consenso político para aprobarla. Al mismo tiempo, el FA pretende sancionar el proyecto que regula la publicidad proselitista en televisión, así como también la reciente ley de prensa. SOCIEDADEl proyecto que legisla a favor del cambio de nombre por motivos de género culmina por estos días su trabajo y también será puesto a consideración del Senado antes de que termine el año. Necesita sanción de Diputados. Asimismo, la modificación del proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad, con media sanción de la Cámara Alta, será aprobada por los Representantes en lo que resta del año. La normativa confiere una protección integral a las personas discapacitadas en materia de atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional, al tiempo que asegura su cobertura de seguridad social. INDUSTRIALa ley del Poder Ejecutivo que estimula el uso eficiente de la energía eléctrica es uno de los que tendrán sanción antes de 2009, ya que el Senado culmina por estas horas su tratamiento. El proyecto clasifica a los electrodomésticos y otorga beneficios a los que consumen menos electricidad. Espera tratamiento de Diputados.A nivel de la Comisión de Industria de Diputados se espera, para lo que resta del año, que se apruebe el proyecto de ley de Registro Nacional de Vendedores de Metales, que busca controlar la comercialización y el hurto de cobre, aluminio y chatarra, según explicó a Ultimas Noticias el diputado Carlos Varela. GANADERÍA El diputado Alfredo Asti informó que la Cámara Baja acelerará la aprobación del texto de la ley que introduce modificaciones al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), que ya tiene media sanción de la Cámara Alta. La normativa cambia la composición del instituto e introduce modificaciones en las funciones que cumple. Por otra parte, Diputados votará las modificaciones a la Ley de Repoblación de la Campaña, que ya fue aprobada por el Senado y que modifica la estructura del Instituto Nacional de Colonización. También se aprobará antes de fin de año la modificación al régimen de multas y recargos de las empresas públicas.Oposición dará pelea a varias propuestasLa bancada de legisladores del Partido Nacional dará pelea a varias de las propuestas que el Frente Amplio (FA) pretende aprobar antes de que termine este año. Por un lado, la gran mayoría de los diputados, así como pasó en el Senado, se opone a votar la ley que habilita el aborto. La ley de Educación es rechazada de plano, tal cual está redactada hoy en día, aunque en este caso pretenden una discusión previa. Otras, como el proyecto de identidad de género produce serios reparos en los blancos. Sin embargo, la ley de Educación parece ser la gran batalla que la oposición se propone dar en este tiempo. En su gestión al frente del Directorio blanco, Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) solicitó que el gobierno llame a un encuentro sobre educación para discutir los temas.Desde el Frente Amplio en tanto las diferencias parecen haber trancado el curso del proyecto. Pero no todo será negado y criticado. Legisladores nacionalistas consultados por Ultimas Noticias adelantaron que acompañarán leyes como la de partidos políticos, que salió con la unanimidad de la comisión, y darán sus votos para otras como la que establece ocho horas para el peón rural.Lo cierto es que pasado el 25 de octubre, y de haber sido votadas varias leyes que requerían trato antes de esa fecha por impedimento constitucional, el Parlamento no da tregua y se remanga para sancionar leyes y reeditar polémicas entre oposición y gobierno. Últimas Noticias, 29 de octubre
Habrá un nuevo Instituto para el Empleo. La ley fue sancionada sin el apoyo de la mitad del país representado en el Parlamento. Tuvieron más respaldo las pensiones graciables que ayer se laudaron para el "Gauchito del Talud" y "Kanela", que leyes a regir a 3 millones de uruguayos. Parlamento. Sólo con los votos del FA, Diputados dio media sanción a una nueva iniciativa. Fue una jornada parlamentaria desordenada en la que se aprobó un proyecto también desordenado reconocido incluso por legisladores del mismo partido de gobierno y ni hablar de lo que desde la oposición se dijo al respecto. La bancada del Frente Amplio fue la única que dio su voto para la aprobación del "Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional", un organismo que funcionará en la órbita de la figura de la Persona Pública no Estatal y que sustituirá a la ya conocida Junta Nacional de Empleo, la Junae. En el nuevo organismo confluirán intereses públicos y privados en materia laboral, se aumenta la cantidad de funcionarios (se pasa de los tres actuales que tiene la Junae a siete miembros con sueldos equivalentes al 60% de lo que percibe un ministro de Estado) y será autónomo, estará exento de gravámenes nacionales y departamentales e incluso será inembargable. La función del flamante Instituto Nacional de Empleo será la de asesorar al Poder Ejecutivo en políticas de empleo, capacitación y formación profesional de los trabajadores, apoyo a emprendimientos productivos, desarrollo e investigaciones y el sustento técnico a los registros que en las rondas de los Consejos de Salarios se concreten. Hasta aquí lo que desde el gobierno se escribió y lo que el papel sostiene. Luego los legisladores se encargaron de agregarle todos los otros condimentos que sazonaron una sesión parlamentaria llena de reclamos, rechazos y vaticinios de triste y oscuro final para el nuevo organismo que ayer ya tiene media sanción y que el Senado en esta semana deberá terminar de aprobar. Como viene ocurriendo últimamente, los proyectos que en esta rama legislativa se aprueban carecen de consenso o acuerdo político, siendo la izquierda la única bancada que da su voto afirmativo a las iniciativas. Esta situación sirve de apoyo a las críticas que desde los partidos minoritarios se hacen escuchar sobre la validez de las leyes aprobadas. Ayer, por ejemplo, el diputado Alfredo Cabrera (Alianza Nacional) señaló que el proyecto en cuestión llegaba "a destiempo", que era "desprolijo" en su redacción, que no tenía "planes" concretos y otras bellezas por el estilo. El forista Tabaré Hackembruch anunció que su bancada no iba a acompañar la iniciativa legislativa "aunque compartimos el espíritu que contiene", sin que nadie del oficialismo se sonriera por esa complicidad a medias. Ni corto ni perezoso, el canario colorado le dedicó una frase al modus operandi algo común por estos tiempos por el cual ingresan al Poder Legislativo proyectos de ley que son creados y redactados fuera de este ámbito. "Esta ley del Instituto Nacional de Empleo es lo más parecido a un guiso que he visto en mi vida", sostuvo. El independiente Iván Posada aprovechó la oportunidad y dijo que por estos días el parlamento está viviendo una especie de "inflación institucional" en donde se apuran proyectos de ley sin que cuenten con su tiempo necesario de evaluación. Alvaro Delgado (Soplan Vientos Nuevos) lamentó la falta de acuerdo de la ley, no la acompañaría a pesar de estar "de acuerdo con algunos de sus artículos". Juan José Bentancor (Vertiente Artiguista) reconoció que el proyecto "tiene algunos problemas" y que fue "por el apuro" para su sanción. En general y en particular la ley cosechó sólo el apoyo de la izquierda. Las bancadas blanca y colorada se fueron quedando casi vacías hasta llegar a ser casi un murmullo como últimamente ocurre, restándole quórum a la sesión y marco parlamentario. Pregunto: ¿Va a ser siempre así?
Pensiones Tres pensiones graciables del Estado fueron aprobadas ayer por mayoría: para Carlos Modernell (el Gauchito del Talud), para Julio Sosa (Kanela) y para Sheila Lindsay, viuda de uno de los iconos del maracanazo, José "Pepe" Sasía. La República, 22 de octubre
Blancos buscan que se vote ahora y rija desde 2014 El Partido Nacional planteó en la comisión de descentralización de Diputados que el proyecto de ley que crea los gobiernos municipales sea aprobado ahora pero entre en vigencia a partir de 2014. El planteo sigue la línea de la ley de cuota femenina, que entrará en vigencia dentro de dos elecciones nacionales. "Si lo pasamos a 2014 se construirá un proyecto limpio de todo interés circunstancial y con independencia de quién esté en el gobierno y quién en las intendencias", dijo a El País el diputado de Alianza Nacional, Sergio Botana. Los blancos no creen conveniente que un intendente empiece "con determinadas competencias y recursos, y termine su mandato con menos competencias y recursos". El proyecto crea más de 500 municipios. En las localidades con más de 2.500 habitantes se instrumentará en forma electiva la designación de las autoridades locales: alcalde y concejales. Inicialmente el proyecto hablaba de cargos honorarios, pero hay acuerdo en que el cargo de alcalde sea pago. El presidente de la comisión, Uberfil Hernández (MPP), le contestó a Botana que la entrada en vigencia "no es tema de principios". Sin embargo, en la bancada del Frente hay decisión política de votar el proyecto este año con o sin consenso, más allá de que se trabaja en la búsqueda de acuerdo con los partidos tradicionales. El País Digital, 9 de octubre
Registro. Cambio de sexo y nombre en los documentos El proyecto de ley que habilita al cambio de identidad y sexo registral a travestis y transexuales, a punto de ser aprobado en el Senado, abre la puerta a matrimonios y adopciones de homosexuales. Lo dice el director del Registro Civil. Hace pocos días el viceministro Felipe Michelini asistió a la comisión de Población del Senado a dar su respaldo al proyecto, junto a otros representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), entre ellos el director del Registro Civil, Roberto Calvo. Allí indicaron que "debe existir una norma legal" que permita a un travesti llevar nombre de mujer en sus documentos. Y lo mismo para mujeres que se sienten hombres. De todos modos, plantearon algunas modificaciones al texto, manteniendo su espíritu. Calvo alertó sobre una consecuencia inesperada del proyecto: que en el futuro, "por vía indirecta", se puedan llevar adelante matrimonios entre personas del mismo sexo y también legitimaciones adoptivas. "No lo hemos estudiado en profundidad, pero hacemos esa puntualización para que sea tenida en cuenta", indicó. El razonamiento es que si un hombre pasa a tener nombre de mujer en los registros oficiales, podría casarse con otro hombre. El MEC resaltó que no se necesita cirugía de reasignación ni "otros tratamientos invasivos" para la rectificación del nombre y sexo. También marcó la duda acerca de si el cambio no perjudica derechos patrimoniales o pensionarios del solicitante o de terceros. Cada pedido de autorización será estudiado por un equipo técnico multidisciplinario, especializado en identidad de género. El MEC advirtió que la creación de este equipo debe estar financiada, ya que el Registro Civil no tiene previstos los cargos ni la remuneración. Si pasan 150 días sin que la dirección se haya expedido, se podrá recurrir a la Justicia. Después de la sanción del Senado, el proyecto pasa a Diputados. El País Digital, 18 de setiembre
El Senado aprobó un proyecto de ley que en la práctica permitirá una apertura temporal y gradual del “corralito mutual” que hoy rige para los afiliados a través de la ex Disse.
Se trata de la Ley de Derechos y Obligaciones de los Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud que, entre otras disposiciones, establece que los socios de las mutualistas pueden elegir con libertad la institución en la que quieren atenderse.
El proyecto fue impulsado por el senador de Asamblea Uruguay Alberto Cid y la reglamentación se conocerá en el mes de setiembre.
Hablando con el diario El Observador, la ministra de Salud, María Julia Muñoz, reconoció que la aprobación parlamentaria significa “la consagración de la apertura” del corralito, aunque la medida operará después del “período epidemiológico del invierno” para no dificultar la asistencia en este período crítico.
Este proyecto de ley también establece otros derechos que se le reconocerán al paciente, como por ejemplo, poder evitar la prolongación artificial de la vida cuando no existan expectativas, aunque se prohíbe explícitamente la eutanasia.
El texto señala que los pacientes del sistema de salud “tendrán derecho a morir con dignidad, de forma natural, en paz y sin dolor”.
Luego se afirma que se debe evitar en todos los casos “anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría”.
Cambio. Se elimina la legitimación adoptiva que borra el origen del menor
Con los cambios que aprobó el Senado al Código de la Niñez no se podrá destruir la historia del niño adoptado, se centraliza las adopciones en el INAU y se permite que concubinos (hetero u homosexuales) puedan adoptar. El INAU aún no sabe qué hará.
Hoy son 200 las parejas que esperan ansiosas en la "lista" del INAU el momento que les avisen que llegó la hora de que uno de los 60 niños que el instituto entrega por año los llame "papá" o "mamá". Si bien entre ese día y el que comenzaron los trámites (presentación de documentos, certificados médicos, sesiones con psicólogos, entrevistas con asistentes sociales, pediatras y abogados) para lograr la paternidad por esa vía pasa en promedio cuatro años, con las nuevas modificaciones se espera que se logren "agilizar" los tiempos.
No obstante, a la lista del INAU se agregarán las 40 parejas que hoy esperan por un niño en la nómina del Movimiento Familiar Cristiano, ya que a través del proyecto -que el miércoles aprobó el Senado y pasó a Diputados- se centraliza de forma exclusiva en el organismo estatal la decisión de seleccionar a las familias que van a adoptar eliminando esa potestad las ONG.
Según explicó a El País la directora del Departamento de Adopción del INAU, Beatriz Scarone, con este proyecto se "agilizarán" los plazos de internación de los niños y así todo el proceso. "Hay niños que han pasado hasta dos años en espera de ser adoptados por las resoluciones judiciales".
El proyecto plantea plazos máximos para la internación de niños y es así como, en el caso de los menores de entre cero y dos años, el juez tendrá 45 días para expedirse y, por tanto, que puedan estar internados y llegar más rápido a un hogar. Para los que tienen entre dos y siete años el juez tendrá 90 días para tomar la solución.
Sin embargo, para la presidenta de la Comisión de Adopción del Movimiento Familiar Cristiano, Mabel Jover, con este "monopolio" que plantea del INAU en la elección de las familias que van a adoptar "muchísimas parejas están desilusionadas".
"La monopolización es una idea del nuevo gobierno el que monopoliza todo. Nosotros somos personas con vocación de hacer esto y hace más de 40 años que lo hacemos de esa manera", sentenció.
Jover explicó, además, que la desilusión de las 40 parejas que actualmente están esperando un niño y que ahora pasarán a "la larga lista del INAU" es que "un sistema acompaña al padre biológico y al que adopta en todo momento y lo otro, del Inau, es una simple entrega. Evalúan a los padres si están en condiciones y listo", sentenció.
A su juicio, cuando comiencen a entregar niños a parejas homosexuales "todo lo logrado hasta el momento vuelve a foja cero", dijo.
HOMOSEXUALES. La puerta de entrada a la adopción de parejas homosexuales en la reforma del Código de la Niñez que analiza el Parlamento, está en el artículo 141. "Nadie puede ser adoptado por más de una persona a no ser por dos cónyuges o concubinos", expresa.
En razón de este artículo, el Partido Nacional promovió un aditivo que impidiera expresamente la posibilidad de que parejas homosexuales, por la vía de la unión concubinaria, pudieran adoptar lo que fue rechazado por la mayoría oficialista con el argumento de que era "discriminatorio".
En tanto, desde el INAU aseguran que saben que existen varias situaciones de adopciones por parte de parejas homosexuales donde uno de los dos integrantes de la pareja realizó una adopción simple y obtuvo que un menor quedara a su cargo. "No hemos corroborado que hayan venido personas que sean homosexuales y que hayan adoptado a través de nosotros. No obstante, yo sé de varias situaciones que existen", señaló Scarone.
El INAU aún no tiene definido cómo manejará los cambios en las normas de adopción ni el incremento de la lista de parejas en espera y qué criterios se aplicarán ante las solicitudes de parejas homosexuales, admitió la funcionaria.
En tanto, desde la Iglesia Católica, el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, monseñor Luis del Castillo, señaló que la respuesta a que no puedan adoptar parejas homosexuales "se inspira en la ciencia y en el sentido común".
"Un país como Uruguay que tiene una larga lista de espera de matrimonios que quieren adoptar y a veces tienen que esperar años … no parece razonable legislar para una excepción cuando el camino está tan demorado para que haya niños adoptables como responder a esa larga lista", aseguró.
PUEDEN SABER. Además la reforma centraliza en una única figura -"adopción"- la adopción simple y la legitimación adoptiva que rigen hoy, por lo que no se podrá destruir la historia del niño, ya que se prohibe eliminar la partida de nacimiento y tendrá la posibilidad de conocer su pasado.
"Se regulan situaciones que ya existen"
Desde las organizaciones que defienden los intereses de los homosexuales, se valoró "el paso" que dio el Parlamento en el reconocimiento de sus derechos y se destacó que a partir de ahora se comenzarán a regular situaciones que ya se estaban dando de hecho.
Mauricio Ostria, integrante del colectivo Ovejas Negras, señaló que muchas personas gays han adoptado como solteros y después llevan a los niños a vivir con sus parejas, lo que conlleva el problema de que "esa criatura no goza de las garantías y de los derechos que deberían de gozar todos los niños".
Ostria rescató que ahora se le dará un marco legal a "situaciones que se viven todos los días. No hay que barrer bajo la alfombra y también hay que dejar un poco de lado la hipocresía", afirmó
Agregó que la posibilidad de adoptar menores surge como un correlato de la unión concubinaria entre homosexuales, aunque dejó claro que en el proyecto no se menciona en ningún momento la palabra "homosexual".
De todas formas, valoró en forma positiva los "avances" que esta orientación sexual está viviendo en lo que respecta con sus derechos. "Sufrimos muchas discriminaciones, pero en el plano de los derechos vamos avanzando bastante. Hay todo un trabajo para hacer en lo social, en el imaginario colectivo. La gente todavía piensa que somos bichos raros", señaló.
Sobre ese tema, y ante las voces que se alzaron en contra de la posibilidad de que un hijo crezca bajo el amparo de padres homosexuales, Ostria dijo que los estudios que se han hecho a nivel internacional no revelan ningún tipo de trauma para los niños. Además, dijo que en el colectivo que los agrupa, donde hay unas 100 personas, "todos somos hijos de matrimonios heterosexuales". Ostria aclaró que la posibilidad de adopción homosexual "no será una moda, sino una conquista de derechos", concluyó.
Las cifras
57 La cantidad de niños que fueron adoptados en 2007 (16 recién nacidos, 14 de entre cero y un año y 27 de entre uno y diez años).
135 Es en promedio la cantidad de solicitudes de adopción que recibe anualmente el Departamento de Adopción del INAU.
200 Son las parejas que esperan actualmente en la lista del INAU un promedio de cuatro años para adoptar a un niño.
Adopción homosexual en el mundo
Holanda fue pionera en adopción
Fue el primer país que autorizó, en el año 2000, la adopción de niños a una pareja del mismo sexo. Los requisitos para adoptar en ese país son iguales a los existentes para una pareja heterosexual. Las parejas homosexuales que quieran adoptar un niño tienen que demostrar que conviven desde hace al menos tres años y que se han ocupado del niño durante un año. En Holanda también está permitido el matrimonio entre parejas gays.
Dinamarca, sólo a hijos de su pareja
Dinamarca fue el primer país en legalizar el matrimonio entre homosexuales, pero todavía mantienen restricciones en cuanto a la adopción. Hasta el momento sólo se autoriza a las parejas del mismo sexo a adoptar niños que hayan sido concebidos en anteriores relaciones de uno de los integrantes de la pareja.
Estados Unidos, con variantes
En Estados Unidos la situación es variada. Hay diversas legislaciones al respecto de acuerdo a los diferentes estados. En Nueva Jersey, por ejemplo, las parejas gay pueden adoptar libremente. En otros estados sólo se permite adoptar a hijos de relaciones anteriores. En el estado de Florida la posibilidad de adoptar esta expresamente prohibida a las parejas homosexuales. Se calcula que en ese país son entre seis y diez millones los niños que tienen al menos un padre gay o madre lesbiana.
España, matrimonio y adopción
En el año 2005 el congreso español aprobó una ley por la cual se reguló la posibilidad de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, y también se habilitó el derecho a adoptar menores. De esa manera se convirtió en el cuarto país del mundo que reconoce este derecho a los homosexuales, junto a Holanda, Bélgica y Canadá.
Argentina, proyecto polémico
En Argentina se está tratando un proyecto de ley que prevé el matrimonio entre homosexuales y que, entre otros derechos, les otorgaría también el derecho a la adopción de menores. El tema levantó polémica y ha sido objeto de varios debates. La idea es resistida y defendida con vehemencia.
Brasil, sólo algunos casos
En Brasil las leyes son estrictas en ese sentido, pero han habido sentencias a favor de la adopción homosexual. En el año 2006, en un fallo sin precedentes, una jueza autorizó a una pareja de homosexuales hombres a adoptar una niña de cinco años. Antes de autorizar el procedimiento, la jueza obligó a los padres a cumplir con los pasos requeridos en el proceso de adopción, que incluyen entrevistas con psicólogos y asistentes sociales. Ya se había permitido, en dos oportunidades, la adopción a parejas lesbianas.
Israel, reciente aprobación
El 11 de febrero de 2008 Israel se convirtió en el primer país de Asia en autorizar la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales.
Aunque en el texto del proyecto no hay ninguna referencia expresa, la norma causó revuelo por la posibilidad de que parejas de gays o de lesbianas adopten chicos.
El oficialismo, a través de Margarita Percovich, se encargó de dejar en claro que el FA se había negado a incorporar una disposición que habilitara en forma explícita a las parejas homosexuales a tener chicos en adopción, como les había sido solicitado por colectivos conocidos.
El nacionalismo en bloque cuestionó duramente que quedara una puerta abierta a que los homosexuales adopten niños. Moreira y Gallinal se mostraron reacios a "propiciar uniones del mismo sexo" y sostuvieron la inconveniencia de que un niño sea criado en un hogar homosexual ya que sería una forma de "precondicionar" al niño a determinada opción sexual cuando lo que corresponde es asegurar que éste desarrolle su libre albedrío y elija cuando tenga edad de razón. Aceptamos la unión concubinaria, pero no nos pidan que aceptemos adopciones; hasta ahí no llegamos, parecieron decir los blancos.
La bancada presentó, entonces, un aditivo con la esperanza de que fuera incorporado como un artículo más al texto legal. Después de reiterar conceptos generales sobre la adopción, y de citar artículos de la Carta Magna, el texto termina sosteniendo: "No se dará curso a solicitudes de adopción presentadas por parejas si éstas se encuentran conformadas por personas del mismo sexo". Poco éxito tuvo la propuesta blanca: sólo recogió cinco votos en 22. Pero lo curioso del caso es que don Carlos Baráibar, al fundamentar su voto, expresó que había votado en contra por disciplina partidaria, pero que saludaba la iniciativa del Nacionalismo por haber introducido el debate en la sociedad uruguaya.
Propondrán en el Senado que la ley establezca explícitamente el impedimento
El Partido Nacional exigirá en el Senado que el proyecto que establece normas para la adopción excluya a las personas homosexuales de manera explícita y que retire las potestades “monopólicas” al Inau.
La bancada de senadores del Partido Nacional propondrá en el plenario de la Cámara Alta que el proyecto que modifica las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia relativas a la adopción, establezca de manera explícita que parejas homosexuales no puedan adoptar hijos. El senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) adelantó a Ultimas Noticias que pondrá a consideración del cuerpo un aditivo que declara a texto expreso la inhabilitación a este tipo de parejas, que con la redacción de la ley podrían adoptar, ya que tanto cónyuges como concubinos estarán aptos. "No pueden ser adoptantes las parejas que no estén formadas por personas de distinto sexo", será la redacción planteada por los blancos.
El sector mayoritario del Partido Nacional en el Senado, Alianza Nacional, acompañará la propuesta de Gallinal porque "es atendible", explicó a este medio el secretario general del sector, senador Eber Da Rosa. Carlos Moreira (Alianza Nacional), integrante de la comisión de Constitución y Legislación, reconoció que con la redacción del proyecto de adopción ela- borado por el Frente Amplio los concubinatos pueden adoptar y, por tanto, las parejas homosexuales, pero al mismo tiempo se mostró "en contra" de esta posibilidad: "Hay que aclarar ese punto", señaló.
El argumento de Gallinal fue explicado a Ultimas Noticias por su suplente en el Senado, Romeo Pérez Antón: "No es una prohibición, sino una declaración de inhabilitación", advirtió. "Se tiene que incorporar la prioridad constitucional en cuanto a la defensa de la familia (Artículo 40: "La familia es la base de nuestra sociedad, el Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad)", porque "no cualquier unión es una familia", aseguró.
Otro cambio que Gallinal impulsará es sobre la potestad que pasaría a tener el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (Inau), organismo que sería, según la ley, "el único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas".
El líder de Correntada dijo que adjudicar la exclusividad al Inau es un "grueso error", ya que el mismo "ni siquiera cumple con sus cometidos". Este aspecto es también acompañado por los demás senadores nacionalistas. Sergio Abreu (Alianza Nacional), el otro representante blanco en la comisión de Constitución, comentó a Ultimas Noticias que no se debe "centralizar" en el Inau, y tiene que "coexistir con otros institutos del Estado, como el Movimiento Familiar Cristiano".
NUEVO SISTEMA
La redacción del proyecto de ley definitivo, aprobado el martes 1º de julio en la comisión de Constitución y Legislación gracias a la mayoría del Frente Amplio, al que tuvo acceso Ultimas Noticias, mantiene disposiciones novedosas, como derechos a los adoptantes.
De acuerdo al texto, que seguramente tendrá los votos en la Cámara Alta para ser sancionado, los adoptados tendrán derecho a conocer su condición de tal, podrán acceder al expediente judicial y decidir sobre el nombre y apellido.
En cuanto a los requisitos de los adoptantes, estos, en caso de ser tanto cónyuges como concubinos, deben computar al menos cuatro años de vida en común. Si estos fueran de estado civil casados, se inscribirá como hijo habido dentro del matrimonio, y si no lo fueran, se inscribirá como hijo reconocido.
Pena para traficantes de niños
La comisión de Constitución del Senado aplazó a pedido del senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) un aditivo propuesto por Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista), para que se penalice a las personas que compran, lucran o trafican niños, con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. El senador de Alianza Nacional explicó a Ultimas Noticias que preferiría que el tema lo estudie la comisión que trabaja en la reforma del Código Penal.
El autor de la propuesta contó a este medio que la medida es resultado de un estudio de penalistas, y argumentó que sería necesario incorporarlo a este proyecto, y que la severidad de la pena será motivo de una "discusión posterior", en todo caso.
El artículo redactado por Gallinal establece también que el juez penal, ejecutoriada la sentencia de condena, "podrá remitir al juzgado Letrado de Familia que corresponda para que, teniendo en cuenta el interés superior del niño, quede facultado a rechazar el trámite de adopción o su anulación si el autor del delito fuere uno de los adoptantes".
El Partido Nacional presentará ante al Parlamento un proyecto de ley para que el gobierno reintegre a todos los jubilados a quienes se les ha retenido parte de sus pasividades por concepto del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (Irpf) desde la implantación del gravamen, el 1º de julio de 2007.
La iniciativa será formulada cuando el Poder Ejecutivo remita los proyectos para, por un lado, derogar el Irpf a los jubilados y por otro crear el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (Iass), tal como lo anunciaron el lunes en conferencia de prensa el presidente, Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori.
De esa forma, los legisladores nacionalistas pretenden evitar la "desigualdad" que generaría la devolución del dinero a los jubilados que lograron fallos a favor contra el Irpf en la Suprema Corte de Justicia y a quienes la Corporación, con su nueva integración, les rechazó los recursos, afirmó el diputado herrerista Pablo Abdala.
"Debemos insistir en que el gobierno ingrese en este camino. En la interpelación del martes el ministro (Astori) dijo que no tiene potestades jurídicas para esto, pero las puede obtener fácilmente, porque alcanza que proponga una solución legislativa que nosotros la votamos con mucho gusto", expresó el legislador a Ultimas Noticias.
En caso de que el proyecto sea aprobado en el Parlamento, el Estado deberá devolver a 160.000 jubilados unos 80 millones de dólares, la suma recaudada hasta ahora por el tributo. La medida beneficiará a las 1.700 personas que tienen fallos a favor, y los restantes que no se presentaron ante la Corporación o que sus demandas fueron desestimadas.
"Yo no tengo dudas de que el gobierno enfrenta ahora dos flancos débiles en los cuales va ser llevado a juicio; uno es la vigencia del nuevo impuesto y otro la atención a la repetición y reparación del daño, sobre todo a la luz de que a algunos la sentencia judicial les repone lo descontado y a los demás no", concluyó Abdala.
El reconocimiento legal del concubinato, incluso entre parejas homosexuales, está a punto de ser un hecho. La ley, prioridad de la bancada de gobierno, será votada mañana por Diputados. La norma garantiza derechos y obligaciones para las parejas que convivan más de cinco años sin interrupciones: asistencia recíproca, creación de sociedad de bienes, derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social. La norma reconoce por primera vez a las parejas homosexuales, lo cual ha generado muchas críticas de los legisladores blancos. El texto recibió varias modificaciones en la comisión de Constitución de Diputados, aunque se mantiene el espíritu del proyecto votado en el Senado. Los diputados frenteamplistas de la comisión de Constitución trabajaron en sintonía con sus pares del Senado y la idea es que las modificaciones sean votadas por el Senado antes de fin de año, dijo a El País el diputado Edgardo Ortuño, presidente de la comisión. Algunos cambios están vinculados a la extensión de los derechos pensionarios a los concubinos: los diputados entendieron que requería iniciativa del Poder Ejecutivo debido a que se trata de beneficios vinculados a la seguridad social. Así, se agregó un nuevo capítulo que regula los derechos y obligaciones de la seguridad social entre los concubinos. La bancada del Partido Nacional votará en contra de la ley y el informe en minoría del diputado Álvaro Alonso dice que el proyecto de ley no recoge "el concepto de familia" sustentado en la Constitución. Los blancos tienen un proyecto sustitutivo que reconoce en forma retroactiva los derechos generados de la convivencia ininterrumpida de al menos cinco años, si las dos personas deciden contraer matrimonio. Los blancos no aceptan el reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo. De todos modos, se espera que algún diputado, como Beatriz Argimón, no siga la linea del partido y vote la ley. Los colorados definirán hoy el camino a seguir en principio tienen una postura favorable. Para la izquierda, se trata de un "nuevo impulso" del gobierno a la legislación social, indicó Ortuño. El informe del diputado Diego Cánepa indica que el concepto de que Uruguay ha sido "ejemplo y vanguardia en la legislación social" es hoy "parte del mito más que de la realidad". EXPLOSIÓN. Del trabajo de la demógrafa Wanda Cabella titulado "La demografía de las uniones consensuales en Uruguay en la última década", se desprende que cada vez más parejas viven en concubinato. Cabella habla de un "verdadero fenómeno social" y dice que "en muy pocos años ese tipo de unión dejó de ser una modalidad conyugal poco habitual y estigmatizada, para transformarse en una alternativa usual al matrimonio". La proporción de parejas que optó por la unión libre se triplicó en menos de 20 años: pasó de 10% en 1987 a 30% en 2004, de acuerdo al estudio de Cabella en base a datos del INE. Hay un crecimiento importante en los jóvenes "con mayor nivel educativo". En 1991 el 22,2% de las parejas de entre 20 y 24 años estaba en unión concubinaria, porcentaje que pasó al 64% en 2004. En el grupo que va de 25 a 29 años de edad, la mitad estaba en unión libre en el año 2004 (ver gráficas).
Nuevos derechos
Se define unión concubinaria como "la situación de hecho" donde dos personas, "cualquiera sea su sexo, identidad u orientación sexual" mantienen "una relación afectiva de índole sexual de carácter estable y sin estar unida por el matrimonio". Los concubinos están obligados a asistirse en forma recíproca y a contribuir a los gastos del hogar. Tienen derecho a crear una sociedad de bienes, una vez que la unión es comprobada por la Justicia. El concubinato debe ser reconocido por esa vía para determinar la fecha de comienzo de la convivencia y los bienes comunes. No se permite la coexistencia de dos regímenes patrimoniales. Por eso, deben disolverse sociedades de bienes anteriores, si existieran. Si fallece uno de los concubinos, la herencia se divide entre los "ascendientes más próximos" y el concubino. También hay derecho a cobrar pensión de sobrevivencia. Los derechos y obligaciones sobre seguridad social operan a partir de un año de entrada en vigencia de la ley.
