Diplomático sancionado por Vázquez inicia juicio

El Poder Ejecutivo lo culpó por demora en el caso Tróccoli
El diplomático Tabaré Bocalandro, quien ocupaba el segundo cargo de importancia en la embajada uruguaya en Roma tras el embajador Carlos Abín cuando en marzo de 2008 se registró la demora en la presentación del pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, presentará en los próximos días una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra la sanción que le aplicó el Poder Ejecutivo.
En octubre pasado, el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Gonzalo Fernández resolvieron suspender a Bocalandro por el plazo de cuatro meses, a la vez que lo inhabilitaron para ocupar destinos diplomáticos por tres años.
La resolución firmada por el mandatario señaló que el funcionario "incurrió en una muy grave falta administrativa por omisión intencional de sus deberes funcionales, en un tema de particular importancia y con las gravísimas derivaciones", que permitió la liberación de Tróccoli, quien estaba siendo indagado por la Justicia uruguaya por su actividad represiva durante la dictadura.
El abogado Julio Herrera, uno de los asesores legales de Bocalandro, dijo a El País que la sanción aplicada a su cliente es "injustificada" y por eso es que a fines de febrero se presentará la demanda ante el TCA. "No debió haber sido sancionado de ninguna forma", señaló.
Al momento de la llegada a Italia del expediente solicitando la extradición de Tróccoli (pedido que finalmente fue rechazada porque el militar posee ciudadanía italiana) el embajador Abín se encontraba en Barcelona sin autorización de la Cancillería.
La documentación fue recibida por Bocalandro quien dio aviso al titular de la sede diplomática a través de un correo electrónico, según consta en la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CARTA. A raíz de la polémica generada, Bocalandro pidió autorización al canciller Fernández para publicar una carta en los medios de prensa para dar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el ministro, amparándose en un decreto de 1973, le negó esa posibilidad.
Herrera dijo que la respuesta de Fernández fue "inesperada", porque existía la convicción de que el funcionario sería habilitado para realizar sus descargos públicamente.
Jueza penal también indaga la demora
Las causas por las cuales la embajada uruguaya en Italia presentó fuera de plazo el pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, también están siendo investigadas por la Justicia Penal. El año pasado, el abogado Gustavo Salle, quien patrocina a la viuda de militante de izquierda desaparecido durante la dictadura, presentó una denuncia contra el ex embajador Carlos Abín y el diplomático Tabaré Bocalandro. El caso está a cargo de la jueza Aída Vera Barreto.
El País Digital, 12 de febrero

Blancos apuran proyecto de ley para ex ahorristas

El Partido Nacional pretende que en el transcurso del mes de julio, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre un proyecto de ley propuesto por el diputado Julio Cardoso (Alianza Nacional) para que el Estado devuelva el dinero a los ex ahorristas del ex Banco de Montevideo liquidado en el año 2002.

En tal sentido, se prevé que en dos semanas, la comisión parlamentaria reciba al grupo de ahorristas que emitirán su visión sobre la iniciativa del legislador nacionalista. Semanas atrás, concurrieron autoridades del Banco Central del Uruguay quienes también se expresaron sobre el proyecto que involucra a unos 1.300 ahorristas.

"Esta propuesta liquidaría por una suma cercana a los 40 millones de dólares, lo que sería una cifra mucho menor ante la eventual condena al Estado uruguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo a Ultimas Noticias el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) integrante de la Comisión de Hacienda.

"Se cerraría el tema y el Estado quedaría eximido del riesgo de perder juicios millonarios en organismos internacionales", agregó el legislador. Según Gandini, una vez que los ahorristas concurran a la comisión, se deberá proceder a votar el proyecto, para luego remitirlo a la Cámara, lo que debería ocurrir en el transcurso de julio.

Por su parte, Alicia Barbani, representante de los ahorristas damnificados, dijo que la aprobación de la ley "es un tema de justicia ante nuestros derechos, porque el Banco Central devolvió el dinero a 22 personas que en muchos casos eran funcionarios del Banco de Montevideo".

Barbani adelantó a Ultimas Noticias que en la comparecencia ante la comisión expondrá a los legisladores un documento del Trade and Comerce Bank (TCB), donde se indica que los ahorristas del Banco de Montevideo no pueden reclamar porque el propietario de los depósitos era la extinta institución bancaria.

"En el Parlamento hubo una Comisión Investigadora y de ahí surge claramente el fraude que llevaron adelante los hermanos Peirano", dijo la representante de los ahorristas. "Nosotros no queremos que esto lo quieran borrar con el manto del olvido, como pasa con tantos otros temas en este país", concluyó.

Últimas Noticias, 1º de julio

Habilitan dos denuncias contra el MLN

El fiscal penal Eduardo Fernández Dovat se pronunció a favor de iniciar la indagatoria por la desaparición de Roque Arteche en el año 1971, hecho que de acuerdo con una denuncia por el delito de "desaparición forzada" presentada hace dos semanas, se encontraría involucrada la cúpula del MLN-T de la época.

Según dijeron a Ultimas Noticias fuentes del caso, el representante del Ministerio Público consideró que existen elementos para iniciar la instrucción del caso, y por eso habilitó las futuras citaciones de los indagados. El dictamen de Fernández Dovat será presentado hoy ante el juez Luis Charles.

La denuncia por la desaparición de Arteche, un preso de la Cárcel de Punta Carretas que fue reclutado por la organización guerrillera, fue promovida por el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, organización que dirigen los dirigentes colorados Hugo Ferrari y Sergio Molaguero.

La acción judicial pide que se investigue a varios dirigentes del MLN-T, entre ellos los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, el dirigente el MPP Julio Marenales, el ex edil Jorge Zabalza, el director de Cultura de la IMM Mauricio Rosencof y el científico Henry Engler

Filtro

En tanto, según informó ayer el diario "La República", la fiscal penal Olga Carballo accedió a comenzar la instrucción de otra denuncia contra el MLN-T por un presunto delito de "rebeldía calificada" por los incidentes registrados en agosto de 1994 en las inmediaciones del hospital Filtro por la extradición a España de tres ciudadanos vascos.

En esta denuncia, presentada el año pasado por la organización 14 de Abril, que encabezan el diputado colorado Daniel García Pintos y el ex comandante del Ejército Raúl Mermot, deberán ser indagados Mujica, Fernández Huidobro, Zabalza, Marenales, Ruben Sassano y José López Mercao.

El diputado García Pintos dijo ayer que los incidentes del hospital Filtro, donde murió el joven Fernando Morroni durante los enfrentamientos con la Policía, "pudieron haber terminado" y por eso exhortó a Mujica y Fernández Huidobro a que "pidan al Senado que les levante sus fueros para comparecer ante la Justicia", expresó el legislador ayer a Ultimas Noticias.

Últimas Noticias, 27 de junio

Siguen acciones contra el ex Banco Comercial

Para Astori el arbitraje no fue una derrota para el país

El ministro Danilo Astori dijo que el gobierno "proseguirá" sus acciones contra los bancos extranjeros ex socios del Banco Comercial y negó que el segundo arbitraje adverso haya sido una "derrota" para el gobierno. Dijo asimismo que las costas que deberá pagar Uruguay son por US$ 10 millones y no por US$ 20 millones como se informó.

Astori explicó a El País que había demandas "cruzadas" con los ex socios del Comercial, los bancos Dredsner Latinamerika, Credit Suisse y JP Morgan. Dijo que Uruguay los había demandado por mala conducta intencional en la crisis bancaria, una demanda por US$ 700 millones iniciada por el gobierno anterior, y mantenida en este gobierno. La Corte de París en su arbitraje no recogió esta demanda porque no se demostró dolo. Agregó que los ex socios del Comercial demandaron a Uruguay por incumplimiento de contrato. "Pero tampoco el tribunal accedió a la condena pedida por los ex socios del Comercial. Por eso no se puede hablar de una derrota en el plano de este contencioso", subrayó. "Desde ya anuncio que las acciones las vamos a proseguir", dijo Astori en referencia a una demanda por defraudación tributaria.

Dijo que "también sigue vigente en forma intacta la acción del Banco Central, contra los ex socios del Comercial, por las acciones de la Compañía General de Negocios y las conductas francamente negativas que jerarcas de esas instituciones practicaron", agregó.

Ibrahim. Por su parte, la abogada Nuri Rodríguez, representante del Fondo de Recuperación-Banco Comercial, apeló la sentencia de la jueza Cristina Crespo, que ordenó indemnizar a los herederos del fallecido empresario egipcio Elías Ibrahim, quien en 1990 inició un juicio contra el Comercial. "El Fondo no transó en el juicio es porque estaba muy seguro de que no lo perdería, y lo sigue estando", dijo Rodríguez a El País.

El País, 21 de mayo

Estado hará pago millonario a ex socios del Banco Comercial

Arbitraje. Preocupación por "campaña de represalias" contra ex accionistas

Un tribunal internacional falló en favor de los ex socios extranjeros del ex Banco Comercial. El fallo -definitivo e inapelable- obliga al Estado Uruguayo a pagar US$ 20 millones por gastos administrativos y legales.

La sentencia "unánime" de la Cámara Internacional de Comercio (CCI) fija el pago de US$ 20 millones por concepto de costo legal y administrativo, con la que se abonará casi la totalidad de los honorarios legales y gastos efectuados por los ex accionistas y ex directores en el arbitraje.

La decisión contrasta con el reclamo del Estado uruguayo, el ex Banco Comercial y el Fondo de Liquidación que exigían el pago de US$ 700 millones a los bancos JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank (ex socios del Comercial).

De acuerdo al documento, con fecha del 7 de mayo, hubo unanimidad entre los árbitros respecto a que el Estado uruguayo y el Banco Comercial no probaron que los demandados "hayan demostrado mala conducta intencional en su relación con el Banco Comercial y su supervisión del mismo", y destaca el comportamiento "profesional" de los accionistas y directores.

campaña. El procedimiento, realizado según las reglas de arbitraje de la CCI de París, mostró su preocupación porque afirmó que desde 2004 el gobierno uruguayo llevó adelante una "campaña de represalias".

Se señala que esta "campaña" habría comenzado luego que la justicia internacional fallara en favor de los demandantes (los ex socios del Comercial) en el primer caso de arbitraje, quienes reclamaban el reembolso de los US$ 100 millones que estas instituciones habían aportado para solventar al Banco Comercial en crisis del 2002.

La sentencia -inapelable ya sea por el Estado uruguayo, el Banco Comercial y el Fondo de Liquidación- pone fin al segundo arbitraje iniciado en 2004 por el Estado uruguayo contra los ex socios del Comercial, a través de una serie de procedimientos judiciales y administrativos ante un tribunal de Nueva York. Tras esta presentación, los bancos accionistas pidieron la suspensión de este procedimiento y que el mismo fuera sometido a arbitraje ante la CCI, lo cual aconteció en enero de 2006.

Este caso, volvió a repetir el resultado de la primera instancia de arbitraje. En enero de 2003, la CCI había intercedido a solicitud de los ex accionistas luego que el Estado uruguayo no reembolsara los US$ 100 millones que los bancos le habían prestado ante la insolvencia del Comercial, tal como habían acordado a raíz de la crisis de 2002. En 2004, la justicia falló en favor de los bancos, y se estima que la deuda actual es de US$ 140 millones.

Desde el oficialismo, el diputado Alfredo Asti dijo que se está haciendo una seguimiento a este tema. Asti señaló que el fallo podría ingresar en la competencia de una oficina centralizada del departamento jurídico del Ministerio de Educación y Cultura en la que se canalizan las demandas contra el Estado; así "en función de la entidad del fallo se dará una respuesta legal".

Las cifras

20 Millones de dólares es la deuda del Estado uruguayo a los ex accionistas del Banco Comercial; se destinará a cubrir costos legales.

140 Millones de dólares es lo que debe actualmente el Estado uruguayo a los bancos ex socios del Comercial, según la CCI.

El País, 19 de mayo

El embajador estaba fuera de Italia cuando llegó el pedido de extradición de Tróccoli

Viaje. Ausencia de Abín de embajada se agrega a expediente de Cancillería

La Vertiente Artiguista analizaba anoche la situación del embajador en Italia y dirigente de ese sector Carlos Abín. El canciller Gonzalo Fernández dio "por bueno" el dato de que, cuando llegó a Italia el pedido de extradición de Tróccoli, Abín estaba en Barcelona.

Canciller Fernández. Compareció ayer ante la Comisión de Asuntos Internacionales.

La situación de Abín se complicó ayer, al trascender que no estuvo en la embajada y que viajó a España, sin autorización, entre el 17 y el 23 de abril pasado. Ese día venció el plazo, según la Justicia italiana, para presentar el pedido por el represor uruguayo.

"Nos jodimos por pelotudos", afirmó ayer categóricamente el senador José Mujica, en referencia a los hechos que desembocaron en la liberación de Tróccoli.

Anoche la Vertiente Artiguista, el sector político que integra Abín, analizaba su desempeño como funcionario diplomático en la reunión semanal de la Mesa Directiva.

Fuentes del sector no descartaban que incluso se resolviera retirarle el apoyo político. No obstante, otras fuentes eran más cautas y esperaban otro desenlace, en función de la gran ascendencia que Abín mantiene entre casi todos los miembros de ese sector político. Al cierre de esta edición, la reunión proseguía. Hoy, la Cancillería comenzará a sustanciar la investigación administrativa que podría culminar en una grave sanción para el diplomático, quien ya puso su cargo a disposición de las autoridades.

Ayer, el propio presidente Tabaré Vázquez volvió a referirse al tema para reafirmar su apoyo a Abín, desde el punto de vista moral, ético, de compromiso político y con los derechos humanos.

"Lamento muchísimo que (Abín) estuviera en Barcelona", dijo anoche a este diario el diputado de la VA Eduardo Brenta aludiendo a la información que ayer a la tarde el diputado forista Washington Abdala aportaba en la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales cuando comparecía el canciller Gonzalo Fernández.

Abdala suministró allí el dato de que Abín ­sin pedirle autorización a la Cancillería­ se había ido de la embajada en un viaje a Barcelona, España, el 17 de marzo en el vuelo número 5021 que partió de Roma a las 14:20 horas. Volvió a Italia el 23 del mismo mes en el vuelo 5020. Ese mismo día vencía el plazo para presentar el pedido de extradición, pero Abín no se enteró.

Ni siquiera fue informado por el segundo en el rango jerárquico de la embajada, Tabaré Bocalandro. Bocalandro, de filiación colorada (Foro Batllista), es el mismo funcionario que viviera como testigo en diciembre de 1996 y en el entonces cargo de embajador uruguayo en Perú, la toma de la embajada japonesa a manos de un grupo integrante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, (MRTA).

Brenta destacó que "la Vertiente Artiguista le trasmitió al canciller Fernández que nuestro sector respaldará toda acción, medida y decisión que el Ministerio de Relaciones Exteriores adopte sobre el caso. Apoyaremos e impulsaremos las determinaciones que desde la Cancillería se entiendan necesarias".

El ministro Fernández aseguró que la información sobre la ausencia de Abín en la embajada durante seis días de marzo "se agregará al expediente de la investigación administrativa".

Desde el Partido Nacional tampoco se ahorran comentarios sobre el suceso. Acusan al embajador de dejar ausente la misión diplomática y viajar sin la autorización correspondiente y adelantan que los gastos que se originen por una eventual acción jurídica a cargo de abogados italianos para reencausar el pedido de extradición de Jorge Tróccoli deberían estar a cargo del funcionario diplomático omiso (léase en este caso Carlos Abín) y no del Estado uruguayo.

La República, 13 de mayo

Embajador uruguayo en Italia bajo la lupa

Abín se queda en Uruguay

El embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín, permanecerá en Uruguay durante todo el período de tiempo durante el cual se sustancie la investigación administrativa que dispuso la Cancillería para desentrañar los hechos que permitieron la excarcelación del marino Jorge Tróccoli en el país peninsular.

El encargado de Negocios de la Embajada uruguaya en Roma, Tabaré Bocalandro, estará al frente de la sede diplomática en Italia hasta que culmine la investigación, que según fuentes de Cancillería consultadas por LA REPUBLICA podría demandar "una o dos semanas".

La investigación "se encuentra bastante avanzada", en el sentido de que los movimientos del expediente que solicitaba la requisitoria de extradición de Tróccoli a nivel de las dependencias del Ministerio "se encuentran documentadas", indicaron las fuentes a LA REPUBLICA. El ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, sin embargo, llamó "en consulta" al diplomático para que explique la tramitación que se le asignó al pedido de extradición contra el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, cuya entrega fuera de plazo permitió la libertad del marino, y brinde sus descargos. El embajador Abín arribó sobre el mediodía del pasado viernes en horas de la tarde puso "su cargo a disposición" del ministro Gonzalo Fernández, quien decidió no tomar ninguna resolución "hasta tanto no se sustancie, como corresponde en cualquier Estado de Derecho, la investigación administrativa y se determine si existieron o no responsabilidades", según expresó. El abogado Oscar López Goldaracena, en tanto, valoró "la actitud del Poder Ejecutivo, y también del embajador Abín que puso su cargo a disposición", pero insistió que se deben "definir responsabilidades" por la demora en la entrega del pedido de extradición contra Tróccoli.

La República, 12 de mayo

La SCJ fallará inconstitucional el primer recurso presentado por pasivos

LA CORTE VOTÓ 3 A 2 QUE EL IRPF A LOS PASIVOS ES INCONSTITUCIONAL

La Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al menos en el primer fallo que saldrá antes del 7 de abril. Con el pronunciamiento ayer del ministro Leslie Van Rompaey, los cinco integrantes de la Suprema Corte fallaron sobre una de las acciones presentadas por jubilados contra el IRPF. Por tanto, un primer fallo saldrá antes del 7 de abril, fecha límite para el retiro de la ministra Sara Bossio al cumplir 70 años de edad. Tras el pronunciamiento de Van Rompaey, los ministros se reunieron y mantuvieron sus posiciones: tres a favor de la inconstitucio-nalidad y dos por la constitucionalidad del impuesto. El expediente, que ya cumplió el trámite en la Corte, pasó al despacho del ministro Hipólito Rodríguez Caorsi para que redacte la sentencia, que presentará después de Semana Santa. Bossio, Rodríguez Caorsi y el presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal Pino se pronunciaron por la inconstitucionalidad del IRPF, en tanto Van Rompaey y Daniel Gutiérrez lo hicieron por la constitucionalidad. Fuentes de la Corte dijeron a El País que antes del 7 de abril podrían salir más fallos en contra del impuesto.
Anoche, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a la salida de la sede del Partido Socialista que el gobierno respetará el dictamen de la Corte, pero no respondió si promoverá la derogación del impuesto a los jubilados.
Mientras, los ministros de la Corte resolvieron ayer que responderán el pedido de informes del senador y ex presidente Julio Sanguinetti sobre los plazos que se tomaron para analizar las acciones de inconstitucionalidad contra el IRPF.

Fuente: El País, 15 de marzo

Los Ministros están enfrentados por la constitucionalidad IRPF

La Suprema Corte está que arde por el debate del IRPF

También hay diferencias acerca de la fecha en la que debe salir el fallo
La Suprema Corte de Justicia está que arde. Los ministros están en posiciones enfrentadas no únicamente sobre si el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF) es inconstitucional o no, sino en cuanto a si los primeros fallos se conocerán antes o después del 7 de abril, fecha en la que se retira la ministra Sara Bossio al cumplir 70 años de edad.
El ministro Hipólito Rodríguez Caorsi cree que podrían salir la mayoría de las sentencias, sino todas, antes de esa fecha. Según pudo saber El Observador, en el acuerdo del viernes pasado propuso nuevamente, como lo había hecho la semana anterior, hacer un esfuerzo para acelerar el estudio de los recursos y llegar a dictar un pronunciamiento.

El ministro dijo a sus colegas que está “convencido” que si cada ministro se pone a trabajar con los dos asesores que tiene en una semana podrían sacar decenas de fallos y les advirtió que si el fallo no sale con celeridad causará un “desprestigio enorme” a la Corte.

A su juicio se trata de un asunto jurídico en el que no es necesario producir prueba para saber en qué sentido resolver. Por lo tanto, cree que únicamente cuenta la opinión jurídica que se tiene sobre si la norma es constitucional o es inconstitucional. Los argumentos de los ministros en un sentido o en otro pueden ser aplicados a la totalidad de los casos, según opina.

La propuesta de Rodríguez Caorsi recibió el apoyo de Bossio que quiere plasmar su voto en algunas sentencias antes de jubilarse. Pero el resto de los ministros: Jorge Ruibal, Leslie Van Rompaey y Daniel Gutiérrez entienden que no deben “ceder a presiones” y tienen que tomarse el tiempo necesario para estudiar el asunto. El viernes los ministros comentaron la “preocupación” por los “titulares” y por estar en el centro de atención del sistema político.

El jueves el diputado Pablo Abdala presentó nuevos recursos de inconstitucionalidad en representación de 200 jubilados, que se suman a los más de 400 que ingresaron desde antes que se aprobara la norma. Además, los pasivos presentaron una carta en la que solicitaron que la Corte se pronuncie con celeridad.


Imposible. Sin embargo, Van Rompaey, Gutiérrez y Ruibal entienden que es imposible con un voto sólo aplicarlo a todos los expedientes por la cantidad de argumentos diferentes que se han planteado hasta el momento. En los acuerdos en los que han discutido el tema, los tres ministros han planteado que no pueden hacer un voto “omnicomprensivo” que abarque a todos los expedientes. Entienden que esa actitud frente a un tema tan importante “no corresponde” porque es “despreocuparse” de los argumentos planteados por los abogados.
Van Rompaey dijo a El Observador que si bien puede tener una opinión primaria del tema, “esa opinión se va perfeccionando”. Agregó que “desconoce el principio de colegialidad” quien cree que cada uno toma una decisión y la va a imponer a los demás. “Es muy común que se cambie el voto. Yo estoy dispuesto a convencer con mis argumentos a mis colegas”, afirmó.

Hasta el momento los ministros votaron en varios de los expedientes que ingresaron pero ninguno tiene más de tres votos. Para que la opinión de los magistrados se plasme en una sentencia tienen que contar con los cinco votos.

El senador Julio Sanguinetti realizó un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia sobre los plazos de los ministros para expedirse en el que aclara que no pretende que se le informe sobre el voto de los ministros sino meramente del trámite administrativo.

Según informó el semanario Búsqueda el jueves, Sanguinetti pidió saber la fecha en que ingresó el primer recurso de inconstitucionalidad, fecha en que ingresaron los posteriores recursos, fecha en que el o los primeros recursos fueron entregados para su estudio a los miembros de la corporación y la fecha en que cada ministro devolvió el expediente con su opinión.

El jueves 28 de febrero, Ruibal admitió en conferencia de prensa que los cinco ministros ya votaron y que tienen opinión formada sobre el tema. Cada voto, una vez emitido, es guardado en la caja fuerte de la Corte, informó.

El Observador, 10 de marzo

Michelini o Mujica con o sin fueros? Quién dice la verdad?

Preparan demanda civil contra Rafael Michelini

El diputado Gonzalo Mujica presentará la semana próxima una demanda civil contra el senador Rafael Michelini, en el marco de la controversia que ambos mantienen por el presunto incumplimiento, de parte del primero, de una deuda electoral asumida en 2004 por el Nuevo Espacio (NE)

Según confirmaron a Ultimas Noticias fuentes cercanas a los abogados de Mujica, quien abandonó el NE a mediados de 2006 y se incorporó a Compromiso Frenteamplista, sector que lidera el vicepresidente de Ancap, Raúl Sendic, la demanda será presentada el 1° de febrero, cuando se retome la actividad en el Poder Judicial.

Los representantes legales del diputado argumentarán que la deuda de 40.000 dólares por conceptos de gastos de publicidad para la campaña electoral del año 2004 que el líder nuevoespacista afirma que Mujica mantiene con el sector ya fue saldada mediante un préstamo hipotecario tramitado ante el Bandes.

El año pasado, el juez civil de 5° turno, Ruben Eguiluz trabó un embargó genérico sobre el 33% de las partidas de secretaría del diputado, en el marco de un reclamo iniciado por el NE. Posteriormente, el magistrado determinó que los vales en poder de un abogado designado por Michelini son auténticos, por lo que Mujica debería pagarlos.

Sin embargo, ese dictamen de primera instancia constituye lo que se denomina el "juicio ejecutivo", que simplemente analiza las características y la validez de la documentación presentada, pero no el fondo del asunto, que recién comenzará a ser estudiado en el "juicio ordinario" que iniciará Mujica la semana próxima, explicaron las fuentes.

Campaña
Todo comenzó antes de que el Frente Amplio ganara las elecciones del 31 de octubre del año 2004, cuando los integrantes del NE se comprometieron a pagar con parte de su salario los adeudos generados por la agrupación durante la campaña electoral, que en total ascendía a los 1,4 millones de dólares.

De esa forma, Rafael Michelini, Diego Cánepa, Jorge Pozzi, Horacio Yanes y Gonzalo Mujica, los legisladores electos por el sector, acordaron que al año siguiente los 54.405 pesos que perciben por gastos de secretaría serian depositados en una única cuenta bancaria a nombre del NE, y de allí la orgánica de la agrupación saldaría la deuda.
Así las cosas, Michelini, Cánepa, Pozzi, Yanes y Mujica asumieron el pago de 40.000 dólares cada uno para cumplir con los compromisos asumidos por el sector durante el año 2004. Sin embargo, desde el NE se sostiene que Mujica no cumplió con su parte del pago.

En tanto, el diputado que ocupa su banca por un acuerdo político con el Espacio 609 pero que actualmente pertenece a Compromiso Frenteamplista, no sólo sostiene que ya saldó la deuda sino que además que afirma que Michelini no le devolvió los vales, por lo que al querer ejecutarlos pretende cobrar dos veces por el mismo concepto.

Denuncia penal
Con motivo de este episodio, el diputado Gonzalo Mujica denunció penalmente al senador Rafael Michelini por el delito de "estafa", causa que se retomará a partir del 1° de febrero, y en la cual el juez penal de 3er turno, Sergio Torres, remitirá el expediente a la Fiscalía.

En ese momento, la fiscal penal de 5° turno, Ana María Tellechea deberá decidir si pide el archivo de la denuncia, solicita nuevas pruebas o por el contrario solicita el procesamiento de Michelini, para lo cual el juez primero deberá pedir su desafuero ante el Parlamento.

A fines de diciembre, en el marco de esta denuncia contra Michelini, comparecieron ante el juez Torres y la fiscal Tellechea varios testigos, entre ellos todos los legisladores del NE, el subsecretario de Educación y hermano del denunciado Felipe Michelini, así como también el líder de Compromiso Frenteamplista, Raúl Sendic.

Fuente: Últimas Noticias, 24 de enero

Al "Goyo lo juzgó la historia ...se hizo justicia. Preso y que hable lo que quiera.

Hoy 17 de Diciembre de 2007, el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez fue procesado con prisión por "reiterados delitos de desaparición forzada" por traslados clandestinos de al menos 18 personas entre 1977 y 1978.

Antes del mediodía de este lunes, Gregorio Alvarez, violador de Derechos Humanos, fue trasladado a la cárcel para militares en Domingo Arena., también fue procesado por la misma causa el ex marino Juan C. Larcebeau y se mantiene con orden de captura internacional, otro ex marino, Jorge Tróccoli .

El mejor comentario que podemos hacer es transcribir la última sesión del Senado, quienes estuvieron y quienes no, y el memorable pequeño gran discurso de Wilson Ferreira Aldunate, en el que los Dictadores fueron centro de su presagio.

Palabras de Wilson Ferreira el 27 de junio de 1973

La última sesión del Senado en Democracia

Crónica del diario "El Día" el 27 de junio de 1973.

En Sala

Era la hora 23 y 54, cuando luego de abandonar la presidencia del

cuerpo, tal como lo hemos narrado, los senadores pasaron a sala.

Un ambiente de extrema tensión se advertían, en esos momentos, en el recinto parlamentario.

Se hicieron presentes en sala, Vasconcellos (315), Paz Aguirre (U. yR.),

Grauert (U. y R.), Costanzo (U. y R.), Plá Rodríguez (F.A),

E.Rodríguez (comunista), Rodríguez Camusso (F.A.), Santoro (PLP),

Alembert Vaz (PLP), Ferreira Aldunate (PLP), Ortiz (PLP), Zabalza (PLP),

Jaso Anchorena (UNB Lista 400), Pereyra (M. de Rocha) y Hierro Gambardella(UR).

NdeR: es interesante ver las ausencias en los tres partidos.

En total, quince senadores, uno menos del quórum reglamentario

requerido para celebrar sesión.

Michelini en Buenos Aires

En la Cámara Alta circulaba insistentemente la versión de que el

senador frenteamplista –quien obviamente no participó de la sesión-

había viajado a Buenos Aires. No se especificaba si lo había hecho con la finalidad de entrevistarse con el senador Erro, o por otros motivos.

"Debe presidir"

Al comienzo del acto fue señalada por Ferreira Aldunate la ausencia

del señor Sapelli (Vicepresidente de la República y Presidente del

Senado y de la Asamblea General, N. de R.), quien se encontraba aún en su despacho. Eran las 23:58.

"No puedo ni debo creer que el señor Sapelli, que está en la casa, no

vaya a presidir. Debe hacérsele saber la necesidad imperiosa de su

presencia en momento tan grave", dijo el Líder de Por la Patria.

Sucedió luego que el secretario, señor Farachio, comunicara algo al

señor Ferreira Aldunate y al señor Paz Aguirre (1er Vice) un momento de tensa espera. Los minutos pasaban y el señor Sapelli aún permanecía en su despacho.

A las 0:25 penetró a sala el Senador Carminillo Mederos (Movimiento de Rocha) (un hombre aquejado por una hemiplejia que, no obstante, venció su discapacidad para cumplir con su deber constitucional), con lo que se habilitó el quórum (16 presentes), pasando entonces a presidir el señor Paz Aguirre.

Por 16 votos en 16, unanimidad, se dispuso realizar sesión.

Ferreira Aldunate

Paz Aguirre declaró poco después abierto el acto.

Se le concedió la palabra de inmediato al Senador Ferreira Aldunate.

Con intensa emoción comenzó diciendo: "En el día de de hoy han venido circulando insistentes rumores, ay casi transformados en noticia.

Estaría por culminar este proceso que finalizaría con la violación por Juan María Bordaberry de su juramento y con el asalto a las

instituciones y las libertades públicas.

Si eso llegara a confirmarse –agregó- es corriente decir que a

Bordaberrry y a sus cómplices les juzgará la historia.

Pero antes de que ello suceda, este nuestro pueblo oriental de hoy va a exigirles su responsabilidad. Si llega a concretarse lo que se anuncia, el Partido Nacional se considerará en guerra contra Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo.

Me permitirán los señores senadores que con mi emoción más intensa, permitirán que antes de retirarme de sala arroje al rostro del autor de este atentado, en nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no lo duden, el vengador de la República: ¡Viva el Partido Nacional!

Juez comienza indagatoria en caso Michelini

Diferencias en los números sobre la deuda de campaña

El senador frenteamplista Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, deberá presentarse el miércoles ante el juez penal Sergio Torres para aclarar el origen de la supuesta deuda no pagada que el diputado Gonzalo Mujica mantiene con su sector por los gastos de la campaña de 2004. El diputado lo denunció por "estafa".

El senador alega que la deuda contraída por Mujica, al igual que el resto de los diputados nuevoespacistas, es de U$S 80.000 y que Mujica pagó la mitad. El diputado, escindido en 2006 de la agrupación, esgrime que la deuda era de U$S 40.000 y que ya saldó su compromiso.

Sin embargo, más allá de las diferencias en las cifras, la declaración jurada que Michelini presentó el 13 de octubre de 2004 a la Corte Electoral, a la que accedió El País, no contiene datos sobre los aportes económicos hechos por Mujica u otros legisladores del sector.

En la declaración jurada nombra a las personas que hicieron aportes y resume el monto total de los mismos ( $ 5:088.600), pero no discrimina el dinero que aportó cada persona. Se detalla que la deuda del Nuevo Espacio en la campaña electoral ascendió a los U$S 576.973, aunque Michelini había sostenido públicamente después de que se desató el enfrentamiento judicial con Mujica que el monto fue de U$S 1,4 millones.

En la declaración jurada, el líder del Nuevo Espacio señaló que recibió contribuciones por U$S 246.000 de particulares. Mujica no aparece en la nómina, aunque Michelini reconoció que el diputado aportó dinero.

Según detalla la declaración, del monto de ingresos, unos U$S 116.000 fueron por venta de bonos y contribuciones. Además, incluye otros U$S 130.000 por concepto de bonos que proyectaba vender.

Michelini sostuvo en el documento que el resto de la deuda, unos U$S 576.973, iba a ser cubierta con "los aportes de la Corte Electoral por los votos obtenidos en la elección del próximo 31 de octubre".

La Corte abonó media Unidad Reajustable ($ 124) por cada voto de los cerca de 85.000 que recibió el Nuevo Espacio, lo que redundó en un ingreso de aproximadamente U$S 200.000. El documento no señala cómo se cubriría el resto de la deuda de la campaña electoral.

Fuente: El País, 3 de diciembre

De los Santos denuncia "operación política" blanca "suicida" para Maldonado

El intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, manifestó que el juicio político que votó el Partido Nacional en su contra "es una operación política, suicida para el departamento". Si bien reconoció que hay gente que objetivamente tiene dudas, "y está bien que las plantee", señaló que la idea "es que aparezca el intendente De los Santos como igual a las anteriores administraciones". "Eso es lo que está en discusión en términos de política menor, no de política para construir ciudadanía", agregó el intendente fernandino.

De los Santos opinó que el juicio político está "comprometiendo la ejecución del programa que le prometimos a la gente". Señaló que no es una buena señal para los inversores y que de esta forma "evitamos que el departamento, en este período de gobierno, pueda aprovechar las oportunidades de crecimiento". Pensando como integrante de la oposición, De los Santos manifestó que de esta forma "logramos (al gobierno) aislarlos desde el punto de vista de la inversión y logramos estrangularlos financieramente. El fracaso de ese gobierno pone al Partido Nacional en la perspectiva de luchar por el gobierno.

"La Justicia y el Senado investigarán y se van a expedir", señaló De los Santos. Consultado acerca de las acusaciones, el intendente preguntó: "¿Qué quiere que le diga? ¿Qué tengo .000 en una caja de ahorro? ¿Qué llevo depositados más de .000.000 a cuenta de la Universidad de la República? Eso es lo que yo soy".

Con respecto a los conflictos internos del Frente Amplio en Maldonado, en particular con el edil de la agrupación Cabildo, Darío Pérez, De los Santos indicó que los frenteamplistas "tenemos que asumir que hay una fuerza que nos junta y que nos suma, que nos define un programa común y que debemos asegurar el cumplimiento de esos objetivos. No es una herramienta de utilización personal, es una construcción colectiva", concluyó.

Fuente: La República, 21 de noviembre

NdR: el Intendente mete la pata y la culpa la tienen los demás. ¡¡Psicoanálisis ya!!

El Frente Amplio cerró filas en torno a De los Santos

La mesa política respaldó al Intendente de Maldonado acusado de irregularidades.

El Frente Amplio cerró filas ayer entorno al intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, a quien el Partido Nacional le inició un juicio político por lo que entiende son diversas irregularidades en la comuna.
Ayer la Mesa Política del FA emitió una declaración de respaldo, tras la visita que intendente hizo al órgano ejecutivo de la fuerza política. A De los Santos lo acompañaron los intendentes de Montevideo, Ricardo Ehrlich; de Canelones, Marcos Carámbula; y de Florida, Juan Giachetto.
Además enviaron una nota los otros cuatro intendentes frenteamplistas. El intendente fernandino defendió su gestión, pidió que el Tribunal de Conducta Política analizara su actuación, dijo estar abierto a mostrar sus cuentas bancarias y agregó que gran parte de su sueldo va a la Universidad de la República.
La declaración del FA también rechazó el accionar de la oposición política en Maldonado, a quien se la acusó de ser la “responsable en el pasado de haber sumido a amplios sectores de la población local en la pobreza y en la ausencia de servicios y políticas tendientes a asegurar el bienestar de los ciudadanos”.
La gestión del intendente no es sólo cuestionada por los blancos, sino que el sector Cabildo 1813, que integra el FA y lidera el diputado Darío Pérez, ha criticado varios aspectos del accionar de De los Santos. Esas diferencias también fueron analizadas.
“Es una situación muy triste. Cuando existen discrepancias internas hay que arreglarlas entre casa, eso es lo que nos enseña la política”, dijo Giachetto a Observa. “Era natural esperar una oposición del Partido Nacional, pero las discrepancias internas la alimentaron”, agregó. Pérez también pedirá ir a la Mesa Política del FA.
Fuente: El Observador, 13 de noviembre

De los Santos bien protegido por el FA

En el Senado no habrá votos para destituirlo del cargo

El intendente de Maldonado, el frenteamplista Óscar de los Santos, no debe temer por el resultado del juicio político que esta semana le inició la Junta Departamental denunciándolo ante el Senado: la oposición no contará con los dos tercios (21 votos) necesarios para destituirlo. La bancada del Frente Amplio se encargará de que así sea.

El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa calificó de "intendenticidio" la decisión de la Junta fernandina de promoverle un juicio político a De los Santos. "Esto es un intendenticidio que estaba preparado al día siguiente de las elecciones. Hay gente que no soporta perder el poder y entonces buscan cualquier justificación para tratar de desplazar a la gente electa libre y democráticamente", afirmó Nin, que lidera la lista 738 de la que forma parte De los Santos.

La Junta de Maldonado resolvió en la madrugada del jueves promover ante el Senado un juicio político a De los Santos.

La contratación directa de la empresa Satenil SA a la que adjudicó la publicidad callejera en Maldonado y Punta del Este; la adjudicación directa de la construcción de las casetas de guardavidas, y de los bacheo de calles, el mantenimiento de los espacios públicos y el aseo urbano; violación del régimen salarial de los funcionarios municipales, la aplicación irregular de decreto disminuyendo beneficios brindados a contribuyentes, el desconocimiento de resoluciones del Tribunal de Cuentas, constituyen, según los blancos, elementos que demuestran las irregularidades cometidas por De los Santos.

La moción del juicio político o público fue votada por los 15 ediles del Partido Nacional en tanto que la bancada oficialista se expresó por la negativa, incluidos el presidente de la Junta Departamental, Gastón Pereira y el edil Rodolfo Domínguez, ambos enfrentados políticamente al jefe comunal. Pereira es un frenteamplista independiente y Domínguez pertenece al grupo Cabildo 1913 del diputado Darío Pérez.

"A nosotros se nos hace particularmente difícil y doloroso presidir una Junta Departamental cuyas democráticas decisiones en los hechos no siempre son acatadas por el intendente, generando un problema institucional de singular gravedad, además de una fuerte contradicción en la medida que pertenecemos a la misma fuerza política", dijo Pereira. El propio presidente de la Junta promovió que se enviara al Senado un conjunto de expedientes de la administración municipal.

Por su parte, el edil herrerista Javier Sena fue más lejos y pidió la renuncia del intendente, al que acusó de haber violado diversas normas constitucionales y administrativas. "Váyase señor intendente y no ponga a gente bien intencionada en la violencia de tener que defender lo indefendible", sostuvo Sena.

Fuente: El País, 9 de noviembre

Juez de Rivera pidió desafuero de Dip. Julio Fernández del FA

El juez de segundo turno de Rivera, Mijail Rotta, pidió ayer al Parlamento el desafuero del diputado de Rivera por el Partido Socialista, Julio Fernández, por una denuncia de difamación realizada hace cuatro meses por Juan Justo Amaro Cedrés, hijo del senador colorado.
En ese momento llovían acusaciones sobre su padre de cuando estuvo al frente del directorio de OSE en el período anterior y la Justicia había solicitado el desafuero de Amaro padre por un delito continuado de fraude y cuatro delitos de abusos de funciones.

Fue allí cuando el diputado Fernández y su suplente Rubenson Silva agregaron en los medios de Rivera una nueva denuncia. Según decían, la familia Amaro había falsificado firmas de arquitectos e ingenieros para poder ganar la licitación de la construcción de un techo en el liceo número 3 de Rivera. “El que tiene problemas por su gestión en OSE, es el propietario de la empresa Comega Ltda", dijo en su momento el diputado Fernández, lo que le costó la denuncia por difamación de Amaro hijo.

El punto está en que ningún integrante de la familia tiene ni tuvo una empresa de construcción, ni tampoco tuvo nada que ver con la empresa Comega.

“Yo me enteré de pura casualidad. Viene un amigo y me pregunta que cómo es eso de mi empresa de construcción y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando”, dijo ayer Amaro Cedrés a El Observador.

“Yo soy muy distinto a mi padre que se la banca más. Yo apenas me enteré de esto salió volando rumbo a Rivera para hacer la denuncia por difamación”, dijo Amaro. El dirigente colorado de Florida, entendía en ese momento que las denuncias de los socialistas en Rivera se enmarcaban en una serie de “difamaciones”, impulsadas por el oficialismo para atacar a su padre.


Desafuero. El pedido de desafuero llegó ayer al despacho del presidente de la Asamblea General del Parlamento, Rodolfo Nin Novoa, que lo deberá derivar a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados.

De todas formas el diputado podrá ir a declarar por sus propios medios si así lo quiere y sin que la cámara a la que pertenece le quite los fueros, tal como lo propuso hace dos semanas el senador del Nuevo Espacio, Rafaél Michellini, denunciado por estafa por el ex correligionario suyo Gonzalo Mujica.

El desafuero será necesario igual para que el juez se pueda expedir por la causa si lo encuentra culpable del delito que se le acusa.

La Constitución prevé que cada Cámara "por dos tercios de votos del total de sus componentes”, resolverá si hay lugar a la formación de una causa judicial y que “en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente", según determina el artículo 114 de la carta magna. Eso significa que en la Cámara de Diputados se requieren 66 votos para el desafuero de Fernández. La oposición cuenta con 47 diputados, por lo que serían necesarios votos del oficialismo para aprobar el desafuero si es que Fernández no acepte ir a declarar. En ese hipotético caso y si el desafuero de Fernández no es votado, el juez deberá tomar una decisión con respecto al otro indagado, que por su carácter de suplente no es comprendido por el fuero. Para el legislador se dejará reservado el expediente hasta el día siguiente en que cese la legislatura el 28 de febrero de 2010. Al día siguiente, el 1 de marzo de 2010 podría procesarlos siempre y cuando no volvieran a ser electos.

Fuente: El Observador, 11 de octubre

Derecho de propiedad : Justicia critica al Gobierno

Justicia critica a gobierno por expropiar un terreno
Justicia. Actitud "abusiva" contra el derecho de propiedad

Un tribunal civil revocó la sentencia que suspendió el desalojo de un terreno ocupado y luego expropiado por el Ministerio de Vivienda. El 29 de octubre vence el plazo para desalojar otro terreno donde viven unas 5.000 personas.

A pedido del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), el juez civil Álvaro Franca ordenó "no innovar" en un terreno ocupado en Piedras Blancas, sobre el que ya había decisión judicial de restituirlo a su propietaria y que el Ministerio luego expropió.

La propietaria apeló el fallo y el tribunal de apelaciones en lo Civil de 5° turno revocó la resolución de Franca, aunque ya no habrá marcha atrás en la expropiación iniciada.

En cuanto a dicha expropiación, el tribunal sostuvo que cuando se le pague a la dueña del predio se deberá tener en cuenta cómo este proceso le afectó sus derechos.

"Las consecuencias sociales de este pleito han de ser soportadas por el Estado y no por la parte actora en exclusividad, y es el Estado quien ha de obtener medios conducentes, no limitándose al cómodo mecanismo de impedir la ejecución sine die, con respecto a un inmueble y personas que antes entendió no requerían su intervención", sostiene la resolución

A juicio del tribunal, la postura del Ministerio "resulta abusiva y lesiva del derecho" de la propietaria. "Será en vía de toma de posesión accesoria a la expropiación", que podrá el Estado "ingresar al inmueble y permitir o no allí la permanencia de los demandados", indica el fallo.

"Lo que corresponde es que el bien sea restituido" a su dueña, "salvo que por otro pronunciamiento firme se haya ordenado y cumplido la toma de posesión, y aún en tal caso, teniéndose presente, a la hora de justipreciar, que la actora gozaba de derecho judicialmente reconocido a recibir el inmueble libre de ocupantes y bienes", destaca la resolución.

En el asentamiento viven unas 42 familias.

CONTRADICCIÓN. El tribunal cuestiona el proceder del Mvotma, dice que "contradice sus propios actos anteriores", porque cuando fue consultado negó tener vínculo alguno con el litigio.

"La irrupción que realiza entonces en fase de ejecución de la condena a restituir, contradice su anterior postura en pleito, y pretende trasladar por vía indirecta a la parte actora, las consecuencias de un errático obrar estatal con respecto al inmueble", expresa el escrito al que accedió El País.

Ahora será un juzgado de lo Contencioso Administrativo el que definirá el dinero que el Ministerio de Vivienda le tendrá que pagar a la propietaria por la expropiación del terreno.

CONMOCIÓN. En tanto, el 29 de octubre vence el plazo para el desalojo de un asentamiento en el que viven unas 5.000 personas (entre ellos 2.400 niños), ubicado en una zona rural no urbanizable de Montevideo.

Para el director de Vivienda del Ministerio, Gonzalo Altamirano, la escala del caso lo hace "casi de conmoción pública, de 500 familias en la calle".

El jerarca dijo a El País que el asentamiento comenzó como una estafa en la venta de los predios. Varias cooperativas trataron de formarse en la zona, pero ninguna prosperó. Según Altamirano, hay indicios de un proceso que no fue regular.

Los actuales propietarios compraron el predio en un remate e iniciaron el proceso de desalojo y lanzamiento de las familias que construyeron el asentamiento.

"Se nos hace al Estado muy difícil actuar, no podemos defender las ocupaciones y no tenemos alternativa para esa población, porque no tenemos 300 o 400 viviendas esperando. Y tampoco comprar algo que no es regularizable porque es tierra rural", dijo.

"El Estado no tiene herramientas para actuar con claridad y sin dar malos mensajes o contradictorios", sostuvo el director de Vivienda.

"Una manera cara de hacer ciudad"

En los asentamientos viven personas con menor nivel educativo que el resto de la población. Se trata de población mayormente joven, que trabaja o está buscando hacerlo. Las viviendas no son necesariamente precarias, pero sí de calidad modesta, y se nota un ánimo de permanencia, que puede deberse a la esperanza que la vivienda termine siendo de su propiedad. Estos datos son parte del informe "Situación de la vivienda en Uruguay" realizado por el economista Carlos Casacuberta y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. "Es una manera muy cara de hacer ciudad, porque hay que llevar los servicios hasta allí", señaló el autor del estudio. El 93% de los hogares en asentamientos en todo el país son ocupantes, en tanto que el restante 7% son arrendatarios, indica el informe de Casacuberta.

Fuente: El País, 2 de octubre

Te tomo la palabra: El F.A y el desafuero de Michelini

Senadores del FA votarán desafuero de Michelini si lo pide el juez

La bancada de senadores del Frente Amplio, reunida anoche, decidió por unanimidad respaldar el pedido del senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, de levantar sus fueros parlamentarios en caso de que la Justicia lo solicite.

El lunes 24 de setiembre Michelini le solicitó a la bancada parlamentaria su disposición a levantar sus fueros parlamentarios, si la Justicia así lo solicitaba, en el diferendo judicial que mantiene con el diputado de Compromiso Frenteamplista Gonzalo Mujica, vinculado al financiamiento de la campaña electoral del Nuevo Espacio.

En otro sentido, la bancada de senadores del FA analizó el Sistema Nacional Integrado de Salud, del cual realizó un tratamiento general.

Juez tramitará desafuero

El juez penal de 3º Turno, doctor Sergio Torres, desestimó el pedido del senador y líder del Nuevo Espacio (NE) Rafael Michelini de presentarse a declarar en forma voluntaria sin tramitar su desafuero, informó a LA REPUBLICA la abogada Hebe Martínez Burlé, defensora del parlamentario.

Torres entendió que no es posible citar a Michelini ya que los fueros parlamentarios no son propios de cada legislador sino que pertenecen al cuerpo legislativo, y por eso tramitará el desafuero del senador en el marco de una denuncia por estafa presentada por el diputado Gonzalo Mujica.

El juez ya había solicitado el desafuero de Michelini para indagarlo por este expediente. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le devolvió el oficio al juez para que reviera su posición en virtud de una carta del senador en la que expresó su intención de comparecer al juzgado.

Ahora, el magistrado deberá enviar una nueva comunicación a la SCJ para que ésta remita la solicitud al Poder Legislativo y luego el Senado decida por los dos tercios de sus integrantes el desafuero de Michelini, según el mecanismo que prevé el artículo 114 de la Constitución.

Martínez Burlé dijo que si bien respeta "la posición garantista" del juez Torres, opinó que "en el caso de una persona que se siente acusada sin cometer ningún acto inmoral sería bueno ir a aclarar su situación con todas las pruebas y testigos que desvirtúan totalmente la acusación contra el senador Michelini".

La denuncia por el delito de estafa fue presentada meses atrás por el diputado Gonzalo Mujica, a quien Michelini acusa de no haber cumplido con el pago de 40 mil dólares por la financiación de la campaña electoral de 2004 que cada legislador del NE debía abonar tras las elecciones de ese año.

Mujica, que en junio de 2006 abandonó el sector y se integró a Compromiso Frenteamplista, sostiene que saldó la deuda haciendo un depósito en la cuenta personal de Michelini y, según afirma, el líder del NE no le habría devuelto los vales que acreditan la operación.

Michelini, al sostener que Mujica no cumplió con el pago acordado, inició una acción contra el diputado en la Justicia civil, en la cual el juez civil de 5º Turno, doctor Rúben Eguiluz, le trabó un embargo sobre 33% del total de sus partidas para gastos de secretaría.

Fuente: La República, 2 de octubre

La Justicia debe decidir si aplica multa a INAU por niños adictos

El 10 de octubre será la audiencia para exigir un centro de tratamiento para menores de 15 años. Juez debe decidir si aplica sanción de 200 UR por cada día sin atención de los menores

El fiscal Enrique Viana y las autoridades del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) volverán a verse las caras en un audiencia judicial fijada para el 10 de octubre. Esta vez es por el pedido del fiscal para que el organismo cumpla con el dictamen judicial de poner en funcionamiento centros de rehabilitación para niños menores de 15 años adictos a las drogas y “ampliar razonablemente la capacidad disponible” para atender a los adolescentes mayores de 15 y menores de 18, que padecen la problemática.

La magistrada deberá resolver si acepta el pedido de Viana de que se ordene “la aplicación” de una multa de 200 unidades reajustables diarias hasta que el INAU cumpla con el fallo judicial.

También pedirá que –paralelamente- se de conocimiento a la Justicia Penal “por lo que (al INAU) le pudiera corresponder”, así como también al Poder Ejecutivo en torno a las actuaciones judiciales del caso.

El fiscal y las autoridades del INAU acapararon la atención pública el pasado 11 de setiembre, cuando la jueza de Familia Graciela Barcelona apoyó la petición de Viana, para que el Instituto detecte los niños que viven en la calle y promueva su internación en dependencias del organismo en un plazo máximo de 90 días.

Es el cuarto juicio contra el INAU. Dos promovidos por el propio Viana sobre retiro de niños de la calle y consumidores de pasta base y otro llevado adelante por defensores de oficio de Maldonado por presuntas omisiones del instituto en aquel departamento.

Incumplimiento. Esta nueva instancia judicial fue convocada por la Juez de Familia de 14º Turno, Graciela Rey. El Fiscal Viana promovió “ejecución de sentencia” del incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno. La misma hizo lugar a una acción de amparo promovida por el magistrado –en setiembre de 2006-, para que el INAU pusiera en funcionamiento esos centros de rehabilitación para menores adictos a las drogas.

En una primera instancia la Juez Graciela Rey no hizo lugar al petitorio pero Viana apeló el fallo y el Tribunal resolvió el 22 de noviembre del 2006 otorgar un plazo de 90 días al organismo para que el INAU cumpliera con la sentencia.

Obligó al organismo a “planificar e instrumentar” las medidas para que en un plazo máximo de 90 días se ponga en funcionamiento un Centro de Atención de Niños y Adolescentes menores de 15 años, adictos a las drogas.

En cuanto a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18, adictos alas drogas, el Tribunal también otorgó un plazo de 90 días para que el INAU “ampliara razonablemente la capacidad de atención disponible, de acuerdo a la entidad y gravedad de la problemática actual”.

Sin apelación. La sentencia no fue apelada por el Instituto del Niño y el Adolescente y dos meses después de transcurridos los 90 días dispuestos por el Tribunal, el 18 de abril pasado, Viana promovió un juicio de ejecución de la sentencia.

Viana considerando que “habiendo transcurrido largamente el plazo razonable que la Justicia ha otorgado para que el INAU cumpla con sus deberes públicos, hasta el presente ello no ha acontecido”, señala el escrito promovido por el fiscal.

El fiscal Viana recordó al respecto que el INAU no ha puesto en funcionamiento un Centro de Atención de Niños y Adolescentes menores de quince años adictos a la droga.

Según Viana, el INAU “no ha ampliado” la capacidad de atención disponible para los mayores de quince años en igual condición.

“Tampoco ha mejorado la situación en protección de los derechos humanos a los que está obligado por la Constitución; y por ende “no se ha acatado la decisión judicial”, agregó el fiscal en su escrito.

“Es una peligrosa irresponsabilidad organizada”

El fiscal Enrique Viana consideró “grave” que el organismo –en sus descargos- haya pretendido “justificar el no obrar del Estado” como “la política correcta en la materia”. “Esto es lo grave. Al parecer, no aparece propósito alguno para superar las supuestas carencias materiales, debido a que, por su cuenta, la parte demandada (el INAU) ha entendido que la internación permanente de niños y adolescentes adictos no es lo conveniente, pese a que resoluciones judiciales así se lo ordenan, permitiéndose la discrecionalidad, cuando el Estado de Derecho le impone, genéricamente, el deber de protección y la obligación de proveer lo necesario para la mencionada internación. La situación se encamina hacia una peligrosa irresponsabilidad organizada, donde se pretende legitimar el no hacer; peligrosa y lesiva para con los derechos a la vida y a la salud de la infancia y juventud del país”, señaló el fiscal.

El magistrado también aludió en el escrito a la situación de los niños en la calle y a la política del INAU a privilegiar “el derecho” de éstos a elegir hacerlo. “Parece evidente que si el país hoy sufre el mal de los niños y adolescentes drogadictos, desconocido en tiempos pasados, no se le puede atribuir a la internación de los mismos en establecimientos del INAU, sino precisamente – entre otras causas-, al abandono y a la desprotección provocados merced a la doctrina, impuesta desde el extranjero, que reniega de su internación institucional”.

En representación del INAU el abogado Edgart Marzarini Miranda, cuestionó la potestad del Poder Judicial para cuestionar las políticas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo. “Tal vez el que (el INAU) no esté llevando a cabo una política que filosóficamente coincida con la valoración, la moral y el ideal teórico y práctico del Fiscal, lo lleve a concluir que su política (de atención a menores adictos) es inexistente, ineficaz o mala, o en términos de la ley, manifiestamente ilegal.

Fuente : El observador, 23 de setiembre