TCR observó a IMM por obras en Parque Rodó

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) por la adjudicación de las obras de remodelación del Parque Rodó a la empresa contratada por un total de $ 5.2 millones, según surge de una resolución emitida por el órgano de contralor el pasado 13 de agosto.
Según el TCR, la comuna no cumplió con lo que establece el artículo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), al no realizar en tiempo y forma ni en la prensa ni en el Diario Oficial las publicaciones correspondientes al llamado que tuvo a fines de 2007.Por ese motivo, se aplazó la licitación y la apertura de las ofertas. La Comisión Asesora de Adjudicaciones recomendó a mediados de junio otorgar la obra a la firma Lejacir S.A. Por resolución del intendente Ricardo Ehrlich del 23 de junio pasado, la comuna otorgó a la empresa la realización de las obras.Además de la irregularidad en cuanto a la publicación del llamado a interesados, el TCR también cuestionó a la IMM por otorgar la concesión “sin que exista crédito presupuestal disponible”, señala la resolución del órgano de contralor que todavía no fue notificada a las autoridades de la comuna.El proyecto que la comuna tiene para el Parque Rodó implica la modernización del parque de diversiones y también la promoción de inversiones privadas que permitan la instalación de nuevos locales comerciales en la zona, como por ejemplo bares y restaurantes. También se prevén mejoras en cuanto al arbolado y las áreas verdes.Por su parte, el director de Espacios Públicos de la IMM, Daniel Espósito, dijo a Ultimas Noticias que hasta el momento el expediente con la observación del TCR no ha sido notificada, pero indicó que los cuestionamientos serán “analizados” para luego proceder a la realizar los cambios que correspondan.
Últimas Noticias, 27 de agosto

Observan subsidio del gobierno a El Galpón

Tribunal de Cuentas. No hubo intervención previa
El Tribunal de Cuentas observó una parte de la transferencia económica de US$ 2 millones que el Poder Ejecutivo realizó a fines del año pasado para el Teatro El Galpón. En concreto, el tribunal observa al Ministerio de Economía por no haber remitido para la intervención previa, un anticipo otorgado a El Galpón de $ 12.810.000 (unos US$ 600.000). La resolución indica que el Tribunal de Cuentas debe intervenir preventivamente los gastos y los pagos y que el ministerio no cumplió con ese paso. Se afirma, además, que el Tesorero General de la Nación no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 75 del Tocaf: "Le queda prohibido recibir ingresos, realizar pagos u operar egresos cuya documentación no haya sido previamente intervenida por los órganos de control interno y externo". Así, hubo un "apartamiento" a las normas, pudiendo configurarse responsabilidades administrativas. Posiciones. En el Parlamento, la ley que otorga el subsidio, fue rechazada por el Partido Nacional y por parte de los legisladores colorados. El senador Julio María Sanguinetti apoyó la ley y dijo que se completa un acto de reparación a una "organización cultural importante" perjudicada por la dictadura, más allá de no compartir su línea. Allí los legisladores del Frente Amplio hicieron hincapié en que se trata de una "justa reparación" por el daño causado cuando la dictadura disolvió la institución teatral, canceló su personería jurídica e incautó sus bienes en el año 1976. Dijeron que fue el único teatro que vivió esa situación y anunciaron que sería cerrado "irremediablemente" si no recibía el dinero. "No vamos a cargar sobre nuestros hombros el cierre de un teatro", dijo el senador Rafael Michelini. El dinero es destinado para el acondicionamiento de la sede, pago del pasivo bancario y creación de puestos de trabajo. Según un estudio de dos arquitectos, el edificio tiene importante grado de deterioro del cerramiento superior, con filtraciones de agua que pueden afectar la instalación eléctrica. Hay deformaciones en el techo por un exceso de carga y peligro para la seguridad edilicia.

El País, 21 de abril

Citan a Rossi al Parlamento por capitalización de Pluna

Blancos quieren explicaciones por observaciones del Tribunal de Cuentas

El Partido Nacional citó al Parlamento al ministro de Transporte, Víctor Rossi, para que explique una nueva capitalización del Estado a Pluna, así como los detalles de la asociación que prepara AFE.
El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional), dijo a Ultimas Noticias haber detectado "algunas observaciones del Tribunal de Cuentas 'respecto a una nueva asistencia financiera que le ha proporcionado el Ministerio de Economía y Finanzas a Pluna S.A., por un monto prácticamente de 10 millones de dólares". De acuerdo a la información a la que accedió el legislador nacionalista, esta operación "no estaba prevista en la auditoría que se hizo, en el momento que el Estado capitalizó Pluna", explicó Moreira. El senador blanco recordó que Ledgate "hizo el contrato con Pluna y el Estado se comprometió a capitalizarla en 28 millones de dólares, aparentemente ahora se sumaron 10 millones mis, lo que fue observado por el TC, y nosotros queremos saber por qué hay una asistencia extraordinaria del Estado". Sobre la llegada del nuevo avión Bombardier canadiense, Moreira comentó que "queremos saber cómo fue el negocio de compra, y quién prestó la garantía, porque primero iban hacerlos estos ricos inversores panameños que se llaman Ledgate, que venían con una bolsa de plata, pero después salió el Estado uruguayo. Nosotros objetamos que el Estado no podía salir de garantía sino de una ley autorizante, ahora aparentemente es Pluna ente autónomo el garante de esto, y queremos saber qué es lo que garantiza esta gente que tiene el 75% de las acciones.
Los blancos plantearán también "el tema AFE": "Queremos saber qué es lo que opina el ministro, porque hemos visto que hay una enorme controversia a nivel del partido de gobierno respecto a la asociación de AFE. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que contempla la asociación con particulares, y nosotros vamos a preguntar qué es lo que se planifica hacer, si es que van a optar por una licitación pública. Sabemos que el ministro Rossi no se ha mostrado muy de acuerdo con las licitaciones porque en el caso Pluna no la hubo", indicó Moreira.

Fuente: Últimas Noticias, 19 de marzo

89.588 motivos para que FA quiera dominar el TCR

Las observaciones del Tribunal

El Tribunal de Cuentas es el órgano de creación constitucional a cargo del control externo del sector público. De sus varios cometidos constitucionales el más conocido es el control previo de legalidad del gasto público. Todo compromiso de gasto autorizado por algún Jerarca (el "ordenador") y todo pago debe ser controlado por el Tribunal de Cuentas o por sus contadores delegados antes de procederse a su ejecución o pago respectivamente.
Si al efectuarse el control se encuentra algún incumplimiento de las normas vigentes, el gasto (o el pago) es observado y el Jerarca (nacional o municipal) deberá modificarlo o insistir en el mismo, justificando la razón de su reiteración. Si a su vez el Tribunal reitera la observación, comunica el hecho y sus fundamentos a la Asamblea General o a la Junta Departamental, según corresponda, sin efectos suspensivos sobre el acto observado, el cual sigue su curso.
En el año 2006, según la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas, hubo unos 90.000 gastos observados:

Poder Legislativo 1

Presidencia de la República y Ministerios 6.756

Art. 220 (Universidad, ANEP, INAU, Corte Electoral) y BPS 196

Empresas Públicas no financieras 15.072

Bancos Estatales 1.437

Gobiernos Departamentales 66.126

TOTAL 89.588

Ninguna de esas 90.000 observaciones fue analizada por los órganos legislativos, omisión que sucede desde la creación del Tribunal de Cuentas.
Eso es preocupante. Los contribuyentes aportamos los fondos con los que los funcionarios ordenadores efectúan gastos y 90.000 de esos gastos, por muchos millones de dólares, tienen un vicio de ilegalidad, mayor o menor.
Pero no debemos preocuparnos por todas esas 90.000 ilegalidades ya que la gran mayoría no tienen trascendencia material sino sólo formal, obedecen a estas dos causales:
Primera, por no tener el organismo público el presupuesto aprobado (y ser insuficiente la prórroga presupuestal) y, si bien tiene el dinero para gastar (tributos o tarifas cobrados) no tiene el crédito presupuestal autorizado, por demoras en aprobarse el mismo.
Segunda, por "principio de ejecución", lo que no debería suceder ya que el control previo del Tribunal debe ser anterior a la ejecución, si no, no es previo.
Ninguna de estas dos causales de observación por ilegalidad son materiales sino formales. Los gastos en sí mismos estuvieron bien hechos pero en un caso debió esperarse a tener el presupuesto aprobado y en el otro debió esperarse a que el Tribunal interviniera el gasto.
Si se hubiera esperado el tiempo necesario para ello la Administración, sus usuarios y sus contribuyentes podrían haberse perjudicado pero se habría cumplido con las formas. ¿Qué opina el lector? ¿Son relevantes esas observaciones? ¿Demoramos y nos perjudicamos?
Un número muy reducido de observaciones son las que tienen importancia y el órgano legislativo debería concentrar su atención en ellas y no en todas, aunque el 100% tengan una nota de ilegalidad.
El sentido común sugeriría que deberían estudiarse celosamente, por ejemplo, aquellos gastos donde algún oferente haya hecho denuncias de irregularidades o las compras directas sin licitación, etc. En definitiva, aplicar el principio de "Concentrarse en lo Importante".
El Poder Legislativo, en el art. 108 del Tocaf (Art. 659, Ley 16.170 de 28/dic/990) autorizó al Tribunal de Cuentas a comunicar trimestralmente las observaciones "salvo que a criterio del organismo merezcan la comunicación inmediata".
Aún así el Tribunal de Cuentas no diferenció entre observaciones materialmente importantes (unas pocas) y las que, aún basándose en el incumplimiento de una norma, no tenían materialidad como las primeras.
La ley 17.296 de 21 de febrero de 2001 derogó el art. 108 del Tocaf y autorizó al Tribunal de Cuentas a caratular de "urgente consideración" las observaciones por gastos sin crédito, reiterativas, gastos sin el debido fundamento o con manifiesta violación de las normas legales.
El resultado fue, en 2005, que a la Asamblea General llegaron 20.000 observaciones de las cuales 6.000 eran de "urgente consideración". Por la misma razón, por ser su número excesivo, tampoco fueron estudiadas.
Parece razonable que, para obtener la debida atención del órgano legislativo, se seleccionen las observaciones más importantes y que las mismas lleguen con el debido estudio por parte de un órgano especializado en análisis de eventuales irregularidades.

También parece evidente que el Tribunal de Cuentas prefiere basarse en la objetividad del criterio frío de la normativa. Lo que es razonable desde un punto de vista y no es razonable desde otro. Pero es un dato de la realidad, así que hagámoslo fácil.
INICIATIVA. En tal caso se pueden definir -en forma objetiva- aquellos actos administrativos, observados y reiterados, que tienen más probabilidad de presentar serias irregularidades, a saber:
a) contrataciones por procedimientos competitivos por más de US$ 800.000,
b) contrataciones directas a privados por más de US$ 80.000,
c) contratos de concesiones por más de US$ 400.000 anuales,
y en los tres casos, con violación de las normas vigentes y con denuncias de irregularidades por parte de particulares.
Si el lector recurre a su memoria, notará que prácticamente todos los escándalos habidos en compras estatales, originados en ilícitos condenables, en dudas legítimas o en calumnias politiqueras, están ligados a este tipo de situaciones. Y esto puede suceder tanto en el Poder Ejecutivo como en las Intendencias, sin distinciones partidarias, ya que nadie "está vacunado". Esta iniciativa es una buena ayuda, una "vacuna" parcial.
Por supuesto que se podrían incluir otras situaciones o disminuir esos montos. Y es probable que se pueda hacer, porque al poco tiempo de estar operativo el procedimiento que se recomienda, disminuirán las observaciones y denuncias sobre estas contrataciones. Pero hay que hacerlo paso a paso.
El diseño de configuración de esas situaciones y determinación de montos es para que no sean más de un par de casos por mes, en aplicación del principio administrativo de "Concentrarse en lo Importante", ya que el órgano legislativo no puede darle "urgente consideración" a los millares de observaciones que le llegan continuamente.
Y el número debe ser limitado porque, además de seleccionar un número reducido y "administrable" de casos, es conveniente que las mismas lleguen a la Asamblea General con "el debido estudio por parte de un órgano especializado en análisis de irregularidades".
El Uruguay cuenta con ese órgano que es la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, también llamada "Junta Anticorrupción". Su función ha sido reducida casi a la administración de 15.000 declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y alguna investigación infrecuente, pero podría hacer mucho más. Siempre estuvo integrada por profesionales de notoria versación limitados por normas de reducido alcance.

La Ley puede encomendarle la tarea de investigación, con las facultades del caso, de las observaciones más importantes, razón por la cual su número debe ser necesariamente limitado. Al fin de cuentas "el que mucho abarca, poco aprieta".
Pues bien, esta iniciativa forma parte de un Anteproyecto de Ley, que no se comenta por razones de espacio, el cual ha surgido como consecuencia de los Seminarios organizados hace un año por el Claeh (Centro Latinoamericano de Economía Humana) y la Fundación Avina y se está presentando a consideración de las autoridades. Su texto, siempre perfectible, es responsabilidad de los Dres. Carlos Balsa y Jorge Sambarino (ex - integrantes de la Junta Asesora) y los Cres. Eduardo Zaidenstant y Alberto Sayagués.
El control adecuado genera un margen de incertidumbre en los controlados que frena la conducta abusiva e incentiva la mejora de gestión. La transparencia y el control externo son esenciales para la buena administración. Son parte de los pesos y contrapesos que requiere el diseño de la organización estatal.

Fuente: El País, 3 de marzo

Larrañaga: "Duro con ellos"

Blancos analizan cortar diálogo por los organismos de contralor
Pluna. Larrañaga dijo que el gobierno "desacata" al Tribunal de Cuentas

La venta directa de la mayoría del paquete accionario de Pluna al grupo inversor Leadgate Investment se ha convertido en un nuevo motivo de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.

El negocio fue observado por el Tribunal de Cuentas, que a su vez recibió duras críticas de integrantes del Poder Ejecutivo. Este asunto puede llevar, incluso, a que el Partido Nacional se retire de la mesa de diálogo que se abrió con el gobierno para la renovación de los organismos de contralor.

El presidente del Directorio blanco, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), dijo ayer a El País que el gobierno se "desacata" al criticar el dictamen del Tribunal de Cuentas. "Cuando el Tribunal cuestiona la legalidad o la conveniencia de un acto de gobierno, resulta que el gobierno sospecha políticamente del Tribunal. Creemos que cuando hace esto comienza un camino de soberbia y arbitrariedad. No es posible que el Poder Ejecutivo avale con la responsabilidad del Estado el negocio de Pluna", sostuvo Larrañaga.

El senador blanco dijo que esta actitud del gobierno abre una gran interrogante respecto a qué haría en caso de un informe adverso del Tribunal de Cuenta una vez renovada su integración, como pretende el Frente Amplio. "Si se lograra la renovación, qué puede asegurar que el gobierno acate un dictamen contrario", se preguntó. Larrañaga anunció que el lunes el Directorio blanco analizará si el Partido Nacional mantiene el diálogo con el gobierno en torno a la renovación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, o abandona esa instancia.

Entre los puntos del negocio que observó el Tribunal, figura que la venta de Pluna se haya llevado en forma directa, un subsidio estatal por tres años para la compra de combustibles, el otorgamiento de rutas, el mantenimiento de un crédito de U$S 14 millones del BROU, y las escasas facultades que se le confiere a la comisión fiscal con mayoría estatal, entre otros puntos que el organismo de contralor entiende van en contra de los intereses del Estado y en beneficio del privado.

Larrañaga dijo que "cuando el Ejecutivo o las intendencias del Frente Amplio no son observadas, es porque el Tribunal actúa de acuerdo a derecho; y cuando el Tribunal observa resulta que queda sospechado políticamente. La mayoría no le otorga razón al gobierno; la mayoría no legaliza lo que es ilegal; la mayoría no hace conveniente lo inconveniente", sostuvo. Por eso, para Larrañaga la mayoría de los ministros de los organismos de contralor deben pertenecer a la oposición.

Además, afirmó que es "inadmisible" que el Estado termine garantizando y siendo responsable de la compra de aviones, más allá que después queden en garantía. "Ya se sabe que después que vuelan valen muy poco", acotó.

El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) analiza una moción de interpelación a los ministros Danilo Astori (Economía) y Víctor Rossi (Transporte) por este tema.

También el Partido Colorado cuestionó el negocio de Pluna. Ayer, Correo de los Viernes, que responde al Foro Batllista liderado por el senador y ex presidente Julio Sanguinetti, publicó un artículo titulado "Privatización de Pluna. Oscura, inconveniente y plagada de ilegalidades". "En definitiva -dice Correo-, la observación del Tribunal de Cuentas, que el gobierno ya anunció va a desconocer olímpicamente, viene a confirmar que además de pésimo negocio para el país, la privatización de Pluna está plagada de ilegalidades".

Además de publicar un remitido en los diarios, el ministro de Transporte salió esta semana a responderle al Tribunal de Cuentas. Rossi dijo que el informe del organismo "contiene errores de hecho y de derecho" y afirmó que el Tribunal "ha actuado extralimitando sus competencias y prejuzgando". "Es demasiado lo que está en juego. No sobran las oportunidades de procurar un salvataje de una empresa en las condiciones que estaba Pluna y que aún está. No corre riesgo la operación y seguirá adelante el proyecto", sostuvo Rossi.

La privatización de Pluna es muy poco transparente, no respeta el derecho administrativo. No es posible que el Poder Ejecutivo avale el negocio con la responsabilidad del Estado"

Pluna acuerda con trabajadores avisar 72 horas antes de suspensión de vuelos

Las autoridades de Pluna se aseguraron ayer que los trabajadores no ocasionen más paros sorpresivos que afecten los servicios. A partir de ahora se deberán anunciar con 72 horas de aviso previo, según acordaron la Unión de Tripulantes Auxiliares de Cabina (UTAC), las autoridades de Pluna y el gobierno, luego de casi siete horas de negociaciones.

Asimismo se acordó que los aspectos laborales se negociarán en el ámbito tripartito ya instalado y que se mantendrán cuatro tripulantes en cada vuelo hasta que Pluna cambie el servicio de comida caliente por comida fría.

Más allá de la negociación, las autoridades de Pluna esperan que el gobierno de una señal a los trabajadores de que si no se llega a un acuerdo laboral en el corto plazo, la empresa no podría instrumentar sus planes para sacarla de la crisis que vive, y debería cerrar.

Se considera que de no darse esa señal, la puja de los sindicatos por mejorar sus condiciones de trabajo sin resignar ningún aspecto "no va a permitir salir adelante", dijeron fuentes de la empresa.

El conflicto de la UTAC hizo que casi todos los vuelos fueran reprogramados o cancelados. Los vuelos que se concretaron se hicieron con personal que no está agremiado, dijeron desde la empresa. A partir de hoy se normalizará el servicio.

Fuente: El País, 15 de setiembre