Fiscal pidió procesar a vicepresidenta del INAU por el delito de "difamación"
La fiscal penal María del Huerto Martínez solicitó ayer el procesamiento de la vicepresidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Cristina Alvarez, a quien responsabiliza del delito de "difamación" en un juicio iniciado por un funcionario. En referencia al presidente del organismo, Víctor Giorgi, la representante del Ministerio Público solicitó archivar el caso.
Cristina Alvarez, vicepresidenta del INAU.
Ayer, en el despacho de la jueza penal de 9º Turno, doctora Gabriela Merialdo, tuvo lugar una audiencia pública en el marco de una denuncia contra ambos jerarcas del INAU iniciada por Jorge Spaolonzi, un funcionario a quien le fue atribuida responsabilidad en un motín registrado en la Colonia Berro en junio de 2005.
En la instancia la fiscal penal de 2º Turno, doctora María del Huerto Martínez, pidió el procesamiento de la vicepresidenta del INAU, Cristina Alvarez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 333 del Código Penal (CP), donde se prevé el delito de "difamación".
Martínez explica en su dictamen que ante la comisión investigadora parlamentaria formada tras los incidentes en el Hogar Ser de la Colonia Berro, en la madrugada del 15 de junio de 2005, donde en un intento de mediar entre los internos y las autoridades, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el senador Eduardo Lorier fueron tomados como rehenes.
Según las explicaciones dadas por la jerarca ante la comisión del Parlamento el 23 de junio de 2005, Spaolonzi, con "una actitud incomprensible y similar a los amotinados" se reunió con los internos y otros funcionarios a comer un asado en una caseta de la dependencia, expresiones que agraviaron al funcionario, quien presentó la denuncia contra los jerarcas del INAU.
La fiscal señala además que en la primera audiencia del proceso Alvarez ratificó sus dichos, aunque aclaró que no vio al funcionario comer junto a los jóvenes, aunque sí llevar el asado a la caseta. "La imputación del hecho potencialmente ofensivo existió y también su difusión, lo que provocó daño al denunciante", explica el dictamen de la Fiscalía.
"En este caso, si bien fue dentro del recinto de un comisión de la Cámara de Representantes, las manifestaciones se difundieron por distintos medios de prensa y se podía acceder a la versión taquigráfica por Internet", agrega la fiscal.
Si bien el pedido de procesamiento no solicita prisión, el artículo 333 del CP establece que el delito de "difamación" será castigado con la pena de cuatro meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, o multas que van desde 80 a 800 unidades reajustables (UR).
En cuanto al presidente del INAU, Víctor Giorgi, la fiscal solicitó el archivo del caso en virtud de que sus expresiones ante la comisión no atribuyeron responsabilidad a Spaolonzi, sino que hizo referencia al tema en forma genérica, indicando que quienes están detrás de los motines siempre son los mismos funcionarios.
Por su parte el abogado de Alvarez, el doctor Diego Camaño, solicitó ayer el archivo del expediente y para ello argumentó que si se resuelve el ejuiciamiento de la jerarca se tratará de un fallo "ilegal e inconstitucional" ya que la funcionaria, en su condición de directora del organismo, estuvo "obligada" a brindar ante el Parlamento toda la información y versiones sobre el hecho investigado.
La jueza Merialdo, tras intentar una conciliación entre Alvarez y Spaolonzi, la cual no fue posible, decidió elevar el expediente a su despacho para estudiar el pedido de la Fiscalía y notificó a las partes sobre la realización de una nueva audiencia con fecha a determinar, en la cual comunicará si hace a lugar a la solicitud de procesamiento de la jerarca.
Fuente: La República, 4 de setiembre
