Inútil sin ser hombres

Se confirman las inequidades laborales entre hombres y mujeres en América Latina
Las trabajadoras del mundo perciben una remuneración menor que la de los varones aunque tengan más educación formal, se encuentran por debajo en las brechas salariales a nivel mundial y en su mayoría tienen los trabajos inestables y de tiempo parcial de la sociedad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las mujeres reciben en promedio 22% menos de la remuneración salarial que perciben los hombres por hacer el mismo trabajo, a pesar de que tienen una mayor preparación
educativa, según los datos aportados por la OIT durante el seminario internacional Igual pago por trabajo de igual valor realizado ayer en Santiago de Chile.
La OIT es la agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformada por gobiernos, empleadores y trabajadores de sus Estados miembros.
Según el informe presentado en la actividad, la brecha salarial varía entre 12% en los países nórdicos, y 50% en los que tienen mayor desigualdad. La diferencia se justifica mayoritariamente por la distribución desigual de las tareas domésticas y la concentración de las mujeres en empleos inestables, de menor responsabilidad, tiempo
parcial y peor remunerados, según los expertos de la Organización, informó EFE.

Paradójicamente, la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor es uno de los convenios fundamentales de la OIT (el número 100) ratificado por la mayoría de sus asociados.

Sin embargo, muchas de las legislaciones de los Estados miembros no están actualizadas para la implementación del convenio ni se han establecido mecanismos para asegurar su cumplimiento.

Respecto a la ubicación de los países latinoamericanos dentro de las brechas salariales entre hombres y mujeres, los que encabezanla tabla son Guatemala, con 58%, Perú (61%), México y Bolivia (63%), y Brasil (67%). En contrapartida, los que tienen menores brechas son Honduras, con 81%, Venezuela (79%), Panamá (78%), El Salvador (77%), Colombia y Costa Rica (75%), Ecuador (73%), República Dominicana (72%) y Uruguay (71%).
Recordemos que en nuestro país, las mujeres ganan en promedio 71% de lo que se les paga a los hombres y son la mayoría de los trabajadores desocupados, pese a que están mejor calificadas que sus pares hombres, duplicándolos en el egreso de la universidad, según la publicación Uruguay: Ampliando la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres elaborado por el gobierno uruguayo y el Banco Mundial
La Diaria, 26 de agosto

El MIDES y Arismendi controlan poco y escaso

La Auditoría Interna de la Nación constató falta de seguimiento en los controles que se aplican luego de que se otorgan los beneficios a quienes están acogidos en el Plan Alimentario Nacional del Mides. La directora del organismo, Laura Remersaro, afirmó que se recomendó realizar un seguimiento mas exhaustivo a los niños para garantizar que concurren a los centros educativos y de salud, y sostuvo que los controles son muy magros.
El informe realizado por la Auditoría Interna de la Nación, que va desde 2007 hasta el primer semestre de 2008, establece que en el caso del Plan Alimentario Nacional (PAN), cuyo objetivo es garantizar la cobertura de las necesidades alimentarias de la población, los controles del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentaron algunas alteraciones y son muy magros.
Según la Auditoría, hubo debilidades en el control de la contraparte de estos programas. "Estamos estudiando el Plan Alimentario Nacional y llegamos a los controles de contraparte. No fuimos a evaluar los objetivos sociales ni a la población objetivo, sino a la contraprestación de ellos. En ese sentido, se efectuaron recomendaciones para futuros planes de modo de mejorar esas contraprestaciones y lograr el objetivo último de estos planes que es la inclusión social", explicó Laura Remersaro, directora del organismo.
Según lo analizado, las bases de datos para realizar estos controles no son del todo confiables, ya que se constatan algunas diferencias. El diario El País informa hoy que "los beneficiarios del PAN surgen de la base de datos remitida cada mes por el BPS a través de medios informáticos, en los que se detalla el estado de los hogares beneficiarios del Programa Ingreso Ciudadano", según explica el documento.
La División Informática del ministerio es la que procesa los datos, pero estos no coinciden con los proporcionados al Banco República (BROU) y la auditoría sostiene que estos cambios se efectuaron "sin documentación que los respalde". Por esto, se reclama que se realice una "auditoría informática" para establecer el grado de "confiabilidad" e "integridad" de los datos.
"La población objetivo fue pasada por bases de datos que brindó el Banco de Previsión Social y las intendencias, de modo que no tuvo mayores dificultades en identificarse. Pero nosotros planteamos que cada ama de casa o padre de familia que estaba recibiendo un monto mensual tenía la contraprestación de que los niños fueran al colegio y al médico. Estos controles son muy novedosos y hay que aceitar ese monitoreo", agregó la jerarca.
En cuento a las transferencias realizadas al BROU, se determinó que se realizaron movimientos en una cuenta corriente en base a información del banco y no del Mides, contrariando la normativa. Además, el BROU no presentó las rendiciones de cuenta de las transferencias a las cuentas de los beneficiarios, por lo que la Auditoría exige la presentación de esta documentación.
Plan finalizado. El PAN, como programa independiente, finalizó en diciembre de 2007, amparando a 75.000 personas y ahora es continuado por el Plan de Equidad.
Ante la consulta de que el plan ya terminó y el por qué de estos comentarios en este momento, Remersaro dijo que las recomendaciones se dan para aplicar a este nuevo plan.
"Estamos hablando de que la contraprestación puede ser la concurrencia de los niños a la escuela o a los controles médicos y odontológicos, pero eso hay que verificarlo, hay que ir a hacer el monitoreo en las escuelas o policlínicas para ver el cumplimiento. Esos controles no están del todo aceitados y a ellos es que nos estamos refiriendo", explicó.
En diciembre de 2007 muchos de los beneficiarios percibieron el subsidio pero compraron "artículos no autorizados" por el Mides, según el análisis de la operatividad de los más de 480 comercios adheridos a ese programa. Ante esto, la Auditoria reclamó que se implementen procedimientos de control "para prevenir apartamientos en las compras de productos autorizados por el programa".
Remersaro dijo que mas allá de controlar a dónde fueron destinados los rubros otorgados, el control debe hacerse en las franjas etarias de los niños y la inclusión social de ellos a través de la concurrencia a la escuela y a los centros de salud.
"El control es magro. En las primeras medidas quizá las muestras deben ser mayores y realizar un seguimiento mucho más atento a los padres, pero eso no se logró. No es que el Mides no lo tuviera claro, pero no ha tenido el suficiente tiempo ni dotación de recursos para ponerlo con tanta asiduidad como se debería", sostuvo.
El Espectador, 25 de agosto

Larrañaga espera contactar a Obama

Asiste al foro de líderes mundiales en Denver, EE.UU.
Desde hoy, lunes 25, en presidente del Directoriio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, participa en Denver, Estados Unidos, en un Foro Internacional de Líderes Mundiales que se desarrollará paralelamente a la Convención del Partido Demócrata de ese país. Este evento concentra la atención del mundo político internacional porque en el correr de la semana, la Convención proclamará al senador Barak Obama como candidato a presidente de Estados Unidos.
Larrañaga participará esta mañana en una conferencia donde se analizará la campaña presidencial del 2008 desde una perspectiva de los medios de comunicación.
Además, el dirigente nacionalista sostendrá una serie de contactos políticos con ex jefes de Estado que participan en este evento y está previsto que se reúna con Obama en el correr de la semana.
Larrañaga llegó el fin de semana a Denver, una ciudad que está recibiendo a decenas de miles de per-sonas que participarán en la Convención demócrata, donde Obama se convertirá oficialmente en el primer candidato negro a la Presidencia de la historia de Estados Unidos.
Como es de suponer, la seguridad está complicando un poco la normas vida de esta ciudad. Entre 3.000 y 5.000 policías patrullan las calles de Denver.
Obama rompió con la tradición de las convenciones partidarias de aceptación de candidatura, y pronunciará su discurso oficial de investidura en un estadio abierto, con capacidad para 75.000 personas.
Larrañaga regresará el sábado 30 a Montevideo. Un mes después renunciará a la presidencia del Directorio y se dedicará a la campaña política.
El Páis, 25 de agosto

Mujica: Ehrlich fue muy "bonachón" con Adeom

El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, "ha sido excesivamente bonachón" en el conflicto que mantiene con los municipales, aseguró el senador del Movimiento de Participación Popular José Mujica.

En una entrevista publicada hoy en La Diaria, Mujica aseguró que la mayoría de los municipales se aprovechan de "unos locos" que "patean" para lograr beneficios salariales.
"Conviene tener unos locos que patean siempre, porque de repente me aumentan el ingreso. Entonces una gran masa los está utilizando, les da respaldo para que les peleen. Es una especie de casamiento entre la humana convivencia y un gremio en el que alguna gente trata de complicarle todo lo que puede la vida a la administración, aseguró.
En tanto, tras el feriado de hoy
El Espectador, 25 de agosto

Lo destacado de la semana

1) Histórica alianza política entre blancos y cívicos
2) Unidad del Pit-Cnt sale herida tras el paro general
3) Estiman que dólar cotice 18.90 pesos a diciembre
4) Rendición de cuentas fue votada en Senado
5) Desafuero generó diferencias en FA
6) Primer paro contra el FA marcado por atentados
7) El 60% quiere mantener el Irpf y el 37% eliminarlo
8) Uruguay y Venezuela sacan del “congelador” su relación
9) Bibliotecas encontradas

Histórica alianza política entre blancos y cívicos

Partidos. Votarán juntos en elecciones de octubre de 2009
Las alianzas electorales siguen de cara a octubre de 2009. El Partido Nacional acordó con la Unión Cívica en base a una plataforma "humanista y cristiana, en defensa de la vida, la familia y el bien común, y una economía al servicio de la persona".
Estos lineamientos darán lugar a propuestas en materia de seguridad, contrarias al aborto, a favor de la educación en valores, al rescate de la ética en el esfuerzo personal y colectivo, a políticas de fomento a la familia y a una economía social de mercado.
En una emotiva ceremonia plagada de alusiones públicas a la centenaria historia de ambos partidos - 170 años los blancos y 100 años los cívicos-, los presidentes de ambas colectividades políticas, Jorge Larrañaga, y Aldo Lamorte, anunciaron un acuerdo electoral por el cual votarán juntos en octubre de 2009.
Desde el retorno a la democracia en 1985, este es el primer acuerdo interpartidario que se concreta entre dos lemas autorizados por la Corte Electoral. Antes, en 1971, varios lemas que funcionaban independientemente confluyeron en lo que después sería el Frente Amplio. Ahora, los cívicos decidirán a qué precandidato presidencial del Partido Nacional apoyarán. La Unión Cívica comparecerá con su propia lista nacional al Senado y planchas a la Cámara de Representantes en todos los departamentos, informó ayer Lamorte.
La Unión Cívica obtuvo 4.800 votos en las elecciones de 2004, que no le alcanzó para una banca en Diputados.
En el primer gobierno de Julio Sanguinetti (1985-1990), el cívico Juan Vicente Chiarino fue ministro de Defensa. Además obtuvo dos bancas de diputados: Luis Daverede por Montevideo y Humberto Ciganda por San José.
Ciganda es un referente histórico de los cívicos. Participó en nombre de su partido en las negociaciones del Club Naval que dieron paso a la reapertura democrática con las elecciones nacionales de 1984.
La mesa que presidió la celebración del acuerdo estuvo integrada por Larrañaga, Lamorte, Ciganda, los secretarios de los respectivos órganos partidarios, Luis Alberto Heber y Álvaro Seccondo, y por el presidente de la Convención Nacional blanca, Carlos Daniel Camy.
Además de dirigentes partidarios y simpatizantes, desde la primera fila siguió los anuncios con atención el ex presidente y precandidato blanco por Unidad Nacional (UNA), Luis Alberto Lacalle.
COALICIÓN. Lamorte subrayó que la alianza tiene como sentido "contribuir a la conformación de un gobierno de coalición nacional", que el país "necesitará" a partir de 2010.
La alianza será "fraterna, positiva, y para juntar con afecto a los uruguayos", dijo Lamorte.
Lograr la independencia de la pobreza, la droga y la violencia que vive el país, es el objetivo de quienes suscribieron este acuerdo.
"Perseguimos el espíritu de la confraternidad nacional, y dejamos de lado algunas pequeñeces", subrayó el dirigente cívico.
Larrañaga valoró la permanencia de los "rasgos típicos" y la "independencia" de ambos partidos. "El acuerdo servirá para enfrentar el desafío de construir el bien común", aseguró.
Recordó a algunos de los ex integrantes de la Unión Cívica, como Juan Zorrilla de San Martín, Elías Regules o, más acá en el tiempo, Juan Vicente Chiarino y Federico Slinger. Valoró los esfuerzos que el partido cívico hizo para recuperar la democracia en los años 80.
Más que la cantidad de apoyo que el acuerdo reditúe a su fuerza política, Larrañaga destacó la "calidad" de la gente de la Unión Cívica, lo que consideró como algo "gravitante" para el nacionalismo.
Un grupo de cívicos con el PI
La alianza de la Unión Cívica con el Partido Nacional provocó el alejamiento del Movimiento de los Comunes, que vota desde 1994 con los cívicos. Ayer se anunció que este sector, por no compartir el acuerdo con los blancos, se incorporó al Partido Independiente. Este movimiento comparecerá en las elecciones con lista propia.
El País, 22 de agosto

Unidad del Pit-Cnt sale herida tras el paro general

Grupos moderados y radicales pelean por el predominio
El Pit-Cnt se quebró. La votación de la Mesa Representativa en la que se aprobó el paro general de este miércoles 20 sacudió la coexistencia entre moderados y radicales dentro del movimiento sindical. Ello, en un momento estratégico, cuando comienza a asomar en el horizonte la definición de autoridades de la central en el Congreso del Pit-Cnt a celebrarse en menos de dos meses.
El grupo Articulación (una corriente en la que comulgan los sectores más afines al gobierno) emitió un comunicado este miércoles en el que reivindica la gestión del presidente Tabaré Vázquez, cuestionada por los sectores radicales del sindicalismo, promotores del paro de 24 horas.
En el documento, los representantes de Articulación -a favor de un paro parcial- apuntan que "la administración Vázquez es la mejor en cien años de historia" y que ello "no atenta contra la independencia de clase". Incluso reiteran los resultados de una encuesta de la semana pasada en la que el 60% de los uruguayos "apoya fervorosamente" su gestión, en contraposición al 95% de desaprobación que tenía Jorge Batlle durante su administración, cuando se produjo el último paro general.
Los moderados se desmarcan de la imagen de figuras próximas al gobierno y replican con dureza a los radicales. "Resulta paradójico que los acusadores sigan directivas de sus propios partidos políticos para ejercer lo que entienden `independencia de clase`...", reza el texto.
Acusan a los dirigentes que aprobaron el paro general argumentando que "este gobierno no está vacunado" contra ese tipo de medidas, porque no terminaron de entender que ser radicales no lo determina un discurso".
A esos dirigentes los cuestionan, hablando de su "irresponsabilidad", y que ello configura un "gol en contra" para las futuras posibilidades electorales de la coalición de izquierda, sirviéndole "en bandeja a la derecha la copa que extraña".
Pero además, critica el sistema de votación de la central, que puede provocar "correlaciones circunstanciales, donde las minorías representadas toman decisiones que comprometen a las mayorías reales de los trabajadores".
La votación de la Mesa Representativa (26 a favor del paro general y 15 por el parcial) había determinado dos bloques. Los 26 gremios que aprobaron la medida representan a un menor porcentaje de trabajadores (37,8%) que el bloque derrotado (38,8%).
En un fragmento del comunicado, los moderados dicen que para no "resquebrajar" la unidad del movimiento sindical y la eficacia del paro, decidieron aplazar la emisión del comunicado.
Incluso, ambas corrientes resaltaron tras la tensa votación que compartían los reclamos por los consejos de salarios, la rendición de cuentas, la descalificación de las AFAP, y la derogación de la ley de caducidad, como principales puntos.
Empero, los cruces de declaraciones se mantuvieron de un lado y de otro. Para los radicales, había poca difusión del paro, lo que consideraban una maniobra de los moderados para aplacar la medida.
INDEPENDENCIA. Pese a los llamados a la unidad sindical, los radicales -destinatarios de las críticas- le pegaron duro al grupo Articulación.
La carta "deja en claro que Articulación es el brazo del gobierno en el movimiento sindical", dijo ayer Joselo López, dirigente del Sindicato Único del INAU (Suinau), quien integra la coordinadora radical.
Para López, la misiva de Articulación "confunde la clase trabajadora", puesto que en el "mismo día del paro que reivindicaba a los trabajadores, apoya tácitamente" al gobernante Frente Amplio.
Consideró que con la carta el sector moderado del Pit-Cnt intenta "desviar la atención" del paro general de este miércoles.
El sindicalista afirmó que con esta acción, "le pegan a una de las banderas del movimiento sindical que es su independencia".
La polémica de los radicales con la conducción del movimiento sindical ha venido incrementándose en el último tiempo. Cuando el Pit-Cnt realizó su acto tradicional del 1° de mayo, los radicales hicieron su "contraacto", paralelo al de la central. Todo indica que la tensión irá en aumento de cara a la pugna de noviembre.
El País, 22 de agosto

Estiman que dólar cotice 18.90 pesos a diciembre

Los analistas económicos esperan que el dólar a fin de año termine por debajo de los 19 pesos. La mediana de los analistas, bancos y AFAP consultados en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central proyecta que la moneda estadounidense cotice a 18,90 pesos a diciembre.
Asimismo, prevén que se incumpla la meta de déficit fiscal de 0,4% del Producto Bruto Interno, ya que proyectan un déficit de las cuentas públicas de 0,6% del PIB.
También esperan un mayor crecimiento de la economía que hace un mes atrás, al esperar una expansión del PIB de 7,5% para este año.

BCU mantiene tasa de referencia en 7.25%
El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió ayer mantener la tasa de interés de referencia en 7,25% al entender que las presiones inflacionarias derivadas de los precios del petróleo y los alimentos están cediendo.
El subsecretario de Economía, Mario Bergara, dijo ayer a El País que las medidas en el plano monetario y fiscal están dando resultados para contener la inflación dentro de rangos razonables.
De todas maneras, el jerarca señaló que no se descartan nuevas medidas en esos planos, si es que la suba de precios se sale de cauce.
En el comunicado del BCU se hizo hincapié en que podrían existir presiones por el lado de la demanda, debido a que el aumento en los ingresos de las personas podría no estar siendo acompañado por un crecimiento de la oferta.
El Espectador, 22 de agosto

Rendición: media sanción en Senado

Mejoras a policías y aportes por el 50% del Servicio 222
El Senado concluyó con la votación de la Rendición de Cuentas y envió el proyecto a la Cámara de Representantes. En la jornada de ayer se terminó de aprobar el articulado que contiene varios ajustes de redacción. A la vez incluye algunas disposiciones promovidas por el Frente Amplio y que tuvieron distinto grado de aprobación de la oposición.
Por ejemplo, se incluyó una disposición que regulariza parcialmente el servicio policial conocido como 222 a través del pago de un 50% de los aportes a los organismos de la seguridad social para que el agente que lo cumpla perciba el beneficio correspondiente cuando se jubile.
El Partido Nacional no acompañó esta iniciativa por considerar que no es lo que se necesita para solucionar definitivamente el problema que atraviesan los policías con respecto a ese servicio. Además, el Senado votó un refuerzo de rubros para el Ministerio de Defensa, gracias al cual el personal subalterno de sus distintas unidades ejecutoras percibirá una mejora -aún sin definir si será salarial o en especies- equivalente a unos $ 850 por mes.
Los nacionalistas sí acompañaron esta disposición aunque dejaron expuesto en sala que eso no corrige el problema de los bajos sueldos del personal subalterno.
El Senado también incorporó una norma por la cual se crean dos juzgados y sus fiscalías para el tratamiento de asuntos vinculados al crimen organizado.
IRPF EN COMISIÓN. En tanto, la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes votó ayer por mayoría las modificaciones que plantea el gobierno a la reforma del sistema tributario.
El plenario de la Cámara analizará el proyecto el martes 26, y lo pasará al Senado.
El País, 21 de agosto

Desafuero generó diferencias en FA

Signorelli viajará a Artigas a preparar su defensa judicial
Luego de pasar el día junto a su hijo de siete años, el diputado artiguense Carlos Signorelli empezará a preparar la defensa para su presentación ante la Justicia. El desafuero -decidido el miércoles con votos del Frente, el Partido Nacional y dos colorados- generó diferencias en la interna de la izquierda, según trascendió ayer.
El diputado Jorge Orrico de Asamblea Uruguay, uno de los integrantes de la comisión de Constitución, no concurrió el día en que se votó el informe en comisión y, por ende, no lo firmó. El miércoles tampoco asistió a cámara. Orrico tendría "diferencias importantes" con lo resuelto en comisión, dijeron fuentes parlamentarias. Consultado por El País, no quiso hablar del tema y se limitó a afirmar que pidió licencia porque debía preparar un informe sobre seguridad.
El diputado Javier Salsamendi (Espacio 609), también integrante de la comisión, dijo a El País que inicialmente expresó su posición a la bancada del Espacio 609 y a la del Frente, y que luego se sumó a la posición que adoptó el partido: "Una vez que se resolvió, lógicamente mi posición es la que tiene la bancada".
Ayer, en conversaciones informales en el arranque de la reunión de la comisión de Constitución, Orrico se "enorgulleció" de que en radio El Espectador informaron que no votó el desafuero ni concurrió a cámara, dijeron fuentes legislativas. Salsamendi también criticó cómo se dio el proceso, lo cual fue contestado por los blancos Álvaro Lorenzo y Luis Lacalle Pou: le dijeron que para defender una posición "hay que dar la cara".
FUTURO. Signorelli cree que lo citarán a declarar en el correr de los próximos quince días. Ayer dio entrevistas y pasó el día con su hijo, que no fue a clase por el paro. Ahora viajará a Artigas para "hacer contactos" y ordenar documentación. Signorelli no retirará por ahora las cosas de su despacho y, si la Justicia lo declara culpable, sus secretarios lo harán. "Ayer pude dormir muy tranquilo, como hace mucho tiempo que no lo hacía", contó el diputado.
El País, 21 de agosto

Primer paro contra el FA marcado por atentados

Transporte. Pedradas y fierrazos contra ómnibus de Cutcsa
El primer paro de 24 horas contra el gobierno del Frente Amplio dejó ayer las calles casi desiertas y la actividad comercial reducida al mínimo. Sin embargo, la calma de la jornada se vio sacudida por el ataque a cinco ómnibus de Cutcsa.
Recién había comenzado el servicio de emergencia, previsto por la empresa a partir de la hora 6.30, cuando se produjo el primer ataque.
Un ómnibus que circulaba a la altura de Luis Batlle Berres y Cañas fue agredido con "pedradas y fierrazos" lanzados por tres personas, dos de ellas presuntamente taxistas que trabajan en la parada de la esquina donde ocurrió el atentado, explicó el subgerente general de Cutcsa, Álvaro Santiago.
Aunque los proyectiles impactaron contra los vidrios laterales y el parabrisas reduciéndolos a añicos, los pasajeros salieron ilesos.
Tras el primer ataque se efectuó la denuncia policial. Sin embargo, una hora después y en el mismo cruce sobrevino un segundo atentado contra otro ómnibus -también cargado con pasajeros, que resultaron ilesos. En ese instante los agresores fueron detenidos por personal de la Seccional 19.
"Nosotros no pudimos confirmar que fueran trabajadores del taxi", dijo a El País el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Taxi (Suatt), Sergio Pereira.
El dirigente explicó que concurrieron a la Jefatura, pero el subcomisario sólo les confirmó que entre las tres personas había un ex funcionario judicial. "Por lo tanto, no afirmamos ni negamos" que los agresores fueran taxistas, agregó. Pereira desligó al Suatt de los incidentes que calificó como hechos puntuales, que "no compartimos".
El sindicato evaluará los pasos a seguir una vez que los detenidos declaren en esta jornada en el Juzgado de 12° turno.
Pero esos no fueron los únicos ómnibus atacados.
Otras tres unidades que circulaban por la zona de Malvín fueron agredidas con grampas de fabricación casera, tipo miguelito, que ocasionaron daños materiales. Los responsables del hecho aún no han sido identificados.
Desde el Pit-Cnt repudiaron los incidentes. El coordinador de la central obrera, Fernando Pereira, deslindó al "conjunto de los trabajadores" de los episodios de violencia, señalando que la responsabilidad es individual.
de emergencia. Pese a los incidentes, Cutcsa mantuvo el servicio de emergencia hasta la hora 20.30, con un 85% de su flota para cubrir la demanda de la población durante el paro.
Las cooperativas también cumplieron con un servicio de emergencia que fue mermando hacia la noche.
En el caso del transporte interdepartamental, la empresa Copsa también puso un servicio especial por el paro a partir de la hora 5.
Las empresas del taxímetro pusieron en la calle un servicio de emergencia para paliar la merma de transporte. No obstante, el Suatt estimó que hubo un alto acatamiento al paro general dispuesto por la Mesa Representativa del Pit-Cnt, el pasado miércoles 13.
acatamiento. Aunque el Secretariado del Pit-Cnt no llevó a la Mesa Representativa la moción del paro general, destacó el resultado de la medida.
"Nuestra primera estimación es que el paro superó muy ampliamente al número de afiliados al Pit-Cnt (cerca de 300.000)", dijo Pereira. "Es un resultado muy positivo que demuestra el grado de convocatoria del Pit-Cnt y la adhesión de los trabajadores a la central", añadió.
El cálculo se basa en la alta adhesión que logró el paro en la tres ramas de la enseñanza pública y los bancos. Del mismo modo aconteció en OSE, Antel y UTE, como en la salud pública y privada, donde sólo se atendieron emergencias.
La industria paró casi en su totalidad, y la adhesión mejoró mucho en el sector del comercio, dijo Pereira. Los sindicalistas entienden que en ese rubro el acatamiento es más complicado, porque los trabajadores reciben "presiones" para que vayan a trabajar.
Tras el primer balance, el coordinador del Pit-Cnt admitió las "desavenencias" entre moderados y radicales a raíz de la elección de la estrategia sobre el paro, el primero que sufre la gestión de Tabaré Vázquez. La votación de la Mesa Representativa marcó dos corrientes, una a favor del paro parcial (moderados) y uno de 24 horas (respaldado por los radicales).
Pereira reiteró que el paro parcial hubiera dado la posibilidad de que los trabajadores organizaran una movilización con oratoria, para explicar la plataforma.
Esta incluía los reclamos por la ronda de los consejos de salarios, un sueldo mínimo de $ 8.500 para los públicos, mejoras salariales en la Rendición de Cuentas, la ampliación de los beneficiarios de la desafiliación de las AFAP, y la firma contra la ley de Caducidad, entre otros.
Los radicales habían insistido en la previa al paro que el Secretariado había difundido escasamente la movilización, acusándolos de tirar abajo la medida.
En todo caso, el movimiento sindical entendió que existen "motivos suficientes en la sociedad para que se movilice". Las desavenencias entre las corrientes será tema de la interna sindical que en noviembre elegirá a sus autoridades en el Congreso del Pit-Cnt.
El País, 21 de agosto

El 60% quiere mantener el Irpf y el 37% eliminarlo

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas provoca opiniones divididas en la población. El 41% de la población se siente perjudicada por el nuevo impuesto y un 6% considera que hoy paga menos que antes.
Difícilmente un tema haya concentrado tanto la atención de un gobierno, como de la oposición y los medios de comunicación, como lo ha hecho el ya archifamoso Irpf. Para algunos, más que una piedra en el zapato del gobierno, esta reforma impositiva podría ser la causa que la izquierda pierda el gobierno en las próximas elecciones, aunque para otros este ha sido el cambio más significativo y revolucionario que ha realizado el FA en el gobierno. Los números indican que casi 6 de cada 10 uruguayos no pagan el impuesto y que quienes más han sido afectados son los estratos medios altos, principalmente profesionales universitarios que antes no pagaban nada. De acuerdo a encuestas de Interconsult, más de la mitad de la población, exactamente el 59%, se expresa en desacuerdo con el Irpf, con solo un 37% que lo aprueba. ¿Sensación térmica? Puede ser, pero desde las propias filas del gobierno, así como desde los sectores sindicales, se ha insistido en realizar cambios en la estructura de este impuesto para bajar la carga impositiva. Finalmente, a un año de haberse instalado el mismo, el gobierno decide realizar cambios, principalmente subiendo el mínimo no imponible. ¿Cómo evalúan los uruguayos este primer año de aplicación del impuesto? ¿Justicia social o voracidad impositiva? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno con el Irpf? Son algunas de las preguntas planteadas por Interconsult en su última encuesta en exclusividad para Ultimas Noticias.EL IMPUESTOSi bien los números dicen que este nuevo impuesto no afecta a la gran mayoría de los hogares uruguayos, tanto porque no pagan nada o porque pagan menos que antes, el hecho es que un 41% se siente perjudicada por este impuesto, mientras que casi la mitad afirma que no lo afecta y hay un 6% que incluso se ha visto beneficiado en relación con lo que pagaba antes. Si bien estos resultados estarían contradiciendo los números del gobierno, de hecho expresan la percepción de la gente que finalmente determina su opinión sobre el Irpf. Esto se expresa cuando analizamos las respuestas según el nivel socioeconómico del hogar de quien responde. Los sectores de menor nivel socioeconómico, presuntamente beneficiados por el Irpf, en más de una quinta parte afirman que el impuesto los ha perjudicado, aunque las dos terceras partes dicen no verse afectados y solo un 5% se siente beneficiado. Los sectores de mayor nivel socioeconómico se expresan como los más perjudicados (57%), mientras que los sectores medios se ubican en un aposición intermedia (37%, perjudicados). También existe el tinte político partidario tiñendo las respuestas, donde los votantes frentistas, más allá de su condición socioeconómica, son los "menos" perjudicados (38%), mientras que los simpatizantes de la oposición aparecen como los más perjudicados (44%). Pero con los últimos cambios introducidos por el gobierno, ¿no cambian las cosas? En realidad parecería que no es tan así. Hay una mayoría relativa del 47% que entiende que los mismos han sido insuficientes, contra la opinión del 45% que los ve como adecuados o suficientes. Lo más interesante es que quienes perciben estos cambios como suficientes, en mayor proporción son quienes no se sienten afectados por el Irpf, mientras que quienes sí se sienten afectados los consideran insuficientes.¿QUÉ HACER CON EL IRPF?Si bien al día de hoy parece haberse alcanzado una solución, que lógicamente no es del agrado de todos, en la encuesta se pregunta sobre qué hacer con el Irpf en el próximo gobierno. Un 37% opina que se debe eliminar totalmente, mientras que una tercera parte se muestra más moderada, demandando cambios en el mismo y un 28% cree que el Irpf está bien así. Nuevamente, los simpatizantes de los partidos de oposición son los más proclives a eliminar el Irpf, de acuerdo a la opinión del 48% de ellos, mientras que en filas del FA son más quienes creen que no debe cambiarse nada (44%). La postura contra el Irpf crece con el nivel socioeconómico del respondente.¿Cobrar a ricos o subir el gasto?¿Cobrar más impuestos a quienes más tienen es el camino para distribuir los ingresos o lo es un mayor y mejor gasto social? Este tema ha estado varias veces sobre la mesa desde que la izquierda insistió con el Irpf. La pregunta implica una serie de connotaciones técnicas que la gran mayoría de los uruguayos no maneja, pero como siempre ocurre existe una idea o percepción sobre el tema que permite a un 94% de los entrevistados por Interconsult responder la pregunta.Mientras que para un 46% cobrar más impuestos "a los ricos" es la mejor forma de redistribuir la riqueza, para un 49% lo mejor es mayor y mejor gasto público, destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Lógicamente que estas respuestas en parte responden a las inclinaciones políticopartidarias, donde los frentistas se inclinan por el sistema impositivo en un 51% y los simpatizantes de oposición lo hacen por el gato público (52%). De todas formas, entre los opositores los simpatizantes nacionalistas tienden a dividir sus posturas, mientras que los colorados son más enfáticos a favor del gasto público.ficha técnicaEncuesta realizada por Interconsult entre el 16 y el 20 de julio del 2008, de acuerdo a las siguientes características:Personas mayores de 17 años, de ambos sexos, residentes en localidades mayores de 5.000 habitantes. Tamaño de muestra: 884 hogares. Diseño muestral: muestra probabilística, por conglomerados, bietápica, estratificada por zonas y nivel socioeconómico. Error máximo de muestreo, en base a una confiabilidad del 95%: +/- 3,2% para el total de la muestra. Las entrevistas fueron realizadas en forma personal en los hogares de los entrevistados.Preguntas:1) A un año de su implantación, ¿cómo lo afectó personalmente el Irpf?2) ¿Qué debería hacer el próximo gobierno con el Irpf?3) Los cambios realizados por el gobierno recientemente para bajar el impuesto, ¿son suficientes o insuficientes?4) Para distribuir mejor la riqueza, ¿qué es mejor: cobrar más impuestos al que más gana o aumentar el gasto público para ayudar a los sectores más carenciados?
Últimas Noticias, 18 de agosto

Uruguay y Venezuela sacan del “congelador” su relación

Los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay y Venezuela, Gonzalo Fernández y Nicolás Maduro, respectivamente, mantuvieron ayer una extensa reunión en la sede de la Cancillería para reactivar las relaciones bilaterales a nivel político y comercial. Al término del encuentro y en conferencia de prensa, el canciller Fernández dijo: “hemos dado un impulso importante a la relación bilateral” y “coincidimos en dinamizar estos procesos luchando contra las trabas burocráticas o enlentecimientos, y armonizando una visión para el desarrollo integral de ambos países”.Si bien los ministros no se refirieron al tema, el encuentro permitió “descongelar” las relaciones entre ambos países. "Fue para demostrar que las relaciones están sólidas y que las mismas atraviesan por un excelente momento", dijeron fuentes del gobierno uruguayo que recordaron algunos hechos del pasado reciente, como las críticas declaraciones del embajador uruguayo en Caracas y la negativa del presidente Hugo Chávez a firmar algunos acuerdos con Uruguay. El diplomático Gerónimo Cardozo dijo ante un grupo de parlamentarios uruguayos -sus dichos los hizo públicos una nota del semanario Búsqueda que asistentes a la reunión confirmaron- que "existe una brutal corrupción" en varios sectores del entorno del presidente Chávez y que "no sabe cómo termina". En este sentido, el canciller venezolano salió al cruce de estas afirmaciones y sostuvo que en su país "se está dando una poderosa lucha contra la corrupción". Cardozo también había cuestionado el papel de la Cadena Telesur y dijo que Chávez no firmaba los acuerdos con Uruguay. Recientemente se produjo otro hecho político que generó fricciones cuando la diputada nacionalista Adriana Peña cuestionó “inhabilitaciones políticas” en Venezuela, lo que fue calificado como una “injerencia” por ese gobierno.Durante la conferencia de prensa realizada en la tarde de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Nicolás Maduro, dijo, en términos generales, que "existen campañas internacionales para derrocar al presidente de Venezuela Hugo Chávez" y destacó el nivel de respeto y solidaridad manifestados a nivel del Mercosur.Maduro llegó al país con una nutrida delegación que incluyó al ministro de Salud, Jesús Mantilla, al ministro de Industria y Comercio, William Contreras, y al viceministro para América Latina y el Caribe, Francisco Arias Cárdenas, junto a otros funcionarios.Tras la conferencia de prensa, Maduro dio la nota distinta. A diferencia de lo que ocurre generalmente cuando un representante extranjero visita Uruguay, el ministro no salió raudamente en un moderno automóvil escoltado por motos de gran porte, autos oficiales y un importante número de guardaespaldas. Para sorpresa de los periodistas, el ministro salió de la cancillería y continuó su curso a pie hacia el hotel donde se hospedaba.Ayuda a un peatón “compatriota”Maduro no solo recibió el saludo de varios de sus compatriotas que lo esperaban cerca del hotel donde pernoctó. El ministro vio interrumpido su paso por un ciudadano venezolano que le manifestó su dificultad para regresar a su país. Cordialmente, el ministro se apartó del séquito que lo acompañaba y casi susurrándole se comprometió a brindarle la ayuda que esté a su alcance.Los acuerdosInsulina: Los ministerios de Salud Pública de Uruguay y Venezuela firmaron una carta intención para la construcción de una planta de fabricación de insulina. Las características de la obra y el lugar donde se erigirá serán determinadas próximamente.Desgravación arancelaria: El acuerdo logrado entre Uruguay y Venezuela supone la desgravación arancelaria para el ingreso de más de 214 productos uruguayos a aquella nación. Se avanza en las conversaciones para proceder en idéntico sentido con otros artículos de interés para el país bolivariano.Interconexión eléctrica: Se firmó un convenio de cooperación para la construcción de la tercera fase de interconexión eléctrica.Cerámicas: Se alcanzó un acuerdo con la empresa Metzen y Sena para la exportación de cerámicas a Venezuela.Otros acuerdos: También ambas naciones procuran la reactivación de varios proyectos "que se encontraban en carpeta", según explicó el canciller uruguayo Gonzalo Fernández.El ministro anunció que se avanza en varios programas vinculados a la genética ganadera y la capacitación de técnicos y productores ganaderos. También se anunció la exportación hacia Venezuela de plantas potabilizadoras (Upas).
Últimas Noticias, 18 de agosto

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¿El Parlamento tiene la facultad de anular la Ley de Caducidad?
Quienes sostienen que el Parlamento uruguayo posee la facultad de anular leyes se apoyan en la
Ley 15.738 sobre “Actos legislativos dictados por el Consejo de Estado”, que señalan como un antecedente de anulación. Dicha norma, que fue aprobada a la salida de la dictadura, en marzo de 1985, declara “con valor de fuerza y de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 14 de febrero de 1985, los que se identificarán como
‘decretos-leyes’”, pero establece que no tienen ese carácter las denominadas “leyes fundamentales” o “leyes especiales” dictadas durante el régimen de facto, a las cuales se atribuyó una “nulidad absoluta”. Entre ellas figuraban las “leyes” sobre la huelga de empleados públicos, las normas que dispusieron la incautación y confiscación de bienes de procesados por la justicia militar y las que atentaron contra los fueros sindicales.
La 15.738 también revocó “de oficio los actos administrativos ilegítimos dictados en aplicación de
dichos actos legislativos nulos”. En su exposición de motivos se fundamentó así: “Los actos legislativos del Consejo de Estado del gobierno militar ‘de facto’ que acaba de fenecer son radicalmente nulos por emanar de un órgano inexistente para la
Constitución y por haber sido dictados sin el procedimiento” previsto.
Sin embargo, quienes sostienen que el Parlamento no tiene competencia alguna para anular leyes alegan que mediante la norma
mencionada, de 1985, en realidad no se anularon “leyes” sino “actos jurídicos ilegítimos de un
gobierno ilegítimo”, de modo que en realidad la Ley 15.738 vino, por el contrario, a dar validez a todas las demás normas dictatoriales, que antes no la tenían. Así lo expresó, por ejemplo, el jurista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, quien agregó que “eran actos inexistentes”. ¿Y por qué hacía falta anular lo que no existía? “No había más remedio por razones de seguridad jurídica. La dictadura las llamó ‘leyes’, pero no eran leyes”, dijo Correa Freitas a la diaria.
En el mismo sentido se expresó el jurista Héctor Gros Espiell: “Se puede decir que ya no existían por venir de una fuente ilegítima. El Parlamento nunca tiene capacidad para anular un acto jurídico válido, sí para declarar la nulidad de actos inexistentes”, arguyó.
Vicios de forma y de contenido
Una fuente entendida en el tema que asesora al PIT-CNT y que pre-firió mantenerse en el anonimato también sostuvo que los legisladores no pueden anular normas.
La 15.378 “no anuló ninguna ley, anuló barbaridades que hizo un Consejo de Estado que no era un Parlamento”, expresó. Sin embargo,
el abogado Óscar López Goldaracena, promotor de la campaña por la nulidad de la Ley de Caducidad, señaló en conversación con la diaria que “cuando el Parlamento detecta que una ley dictada por él mismo tiene un vicio que ocasiona su nulidad absoluta por razones de forma o de fondo (como es el caso de la Ley de Caducidad) tiene la obligación de declararla nula e inexistente”, y mencionó como antecedente un caso más reciente: el de la anulación dispuesta por el artículo 52 de la Ley 17.250, de “Defensa al Consumidor”, que fue aprobada en agosto de 2000.
Ese artículo establece: “la Ley Nº 17.189 carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente”.
La decisión se debió a “un vicio de forma: insólitamente el Senado había aprobado un texto diferenteal de la Cámara de Representantes”, explicó López Goldaracena, agregando con respecto a la Ley de Caducidad que “nunca se debió haber dictado porque no es legal que el Estado renuncie a castigar delitos de lesa humanidad”, de modo que “es una obligación jurídica de declararla nula e inexistente”.
Por su parte, el abogado Helios Sarthou, consultado por la diaria, consideró que las disposiciones anuladas por la Ley 15.738 no se borraron por vicios formales debidos a su origen ilegítimo sino por “su contenido jurídico”, y razonó que como “ya se usó la facultad” de anular por ese motivo, debe hacerse lo mismo con la Ley de Caducidad,
dado que “su contenido jurídico también es lesivo” para el estado de derecho.
La ONU y la Constitución Sarthou dijo también que la “primera base” para aseverar que el Parlamento tiene facultades para anular la Ley de Caducidad es que con su aprobación se violó la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, que rige desde noviembre de 1970 y que establece, justamente, que este tipo de delitos no prescribe.
Dicha convención “estaba en vigencia cuando se aprobó la ley de impunidad y hoy sigue en vigencia. Es más, la resolución 30/74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 3 de diciembre de 1973, expresamente establece en el artículo 8 que el Estado no adoptará disposiciones legislativas ni medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que haya contraído con respecto a la identificación, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o lesa humanidad.
Así que nunca hubiéramos podido sancionarla” [la Ley de Caducidad] argumentó.
A eso agregó que en 1991 nuestro país ratificó el reconocimiento de la Convención [mediante la Ley 16.173], estableciendo que “no admite acuerdo en contrario” con ésta. “El Parlamento tiene una obligación internacional clara y tiene determinada la competencia constitucional [de anular] a través del numeral tercero del artículo 85” de la Constitución, que establece su facultad de “expedir leyes relativas a la independendencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales”, aseveró, y concluyó diciendo que “es inexacto”, el argumento manejado por el dirigente del MPP Eleuterio Fernández Huidobro, cuando dijo en el congreso del Frente Amplio previo a las elecciones de 2004, al discutirse este
asunto, “que como hubo un plebiscito [el referendo de abril de 1989 contra la Ley de Caducidad], no se puede anular”.
Efectos secundarios
Otro de los argumentos de los que afirman que el Parlamento no puede anular es que el mecanismo no está previsto en la Constitución.
Así lo entiende, por ejemplo, Diego Camaño, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
“Lo que sí está previsto es la derogación. La Ley de Caducidad de hecho ya no vale, porque es incompatible con las normas internacionales.
Y si se excluyeron casos [del alcance de la caducidad, mediante decisiones del Poder
Ejecutivo], es justamente porque ya no se la está aplicando”, alegó, agregando que la campaña por la nulidad tiene un sentido político y no jurídico.
En el mismo sentido se expresó Correa Freitas. “Este tema no tiene sustento jurídico porque no es jurídico”, dijo, pero señaló que “la única manera” de anular la Ley de Caducidad “es que el plebiscito prospere”, ya que “el pueblo puede anularla porque es la nación, y la nación es soberana. El Parlamento no es soberano –ejerce la soberanía en forma indirecta-, soberana es la nación”, precisó. De todos modos, dejó en claro que a su juicio la Ley de Caducidad “no viola ningún tratado internacional
porque es una potestad soberana del Estado uruguayo otorgar amnistías”. Cabe señalar que, aunque esa norma no se autodefine como una amnistía, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que debía entenderse como si fuera una, cuando rechazó el recurso de inconstitucionalidadpresentado contra esa norma.
La fuente asesora del PIT-CNT consideró que, aunque la caducidad vulnere todos los criterios internacionales sobre los delitos de lesa humanidad, “lamentablemente fue ratificada por un plebiscito posterior” a la aprobación de la ley, y que “si alguien quiere que desaparezca de nuestro sistema jurídico vigente, hay mecanismos para hacerla desaparecer por la vía de la derogación, que siempre va a producir efectos hacia adelante”.
“Plantearse la nulidad es un error conceptual”, adujo, y agregó, incluso: “si no existiera más la ley, tampoco existiría la posibilidad de juzgar a los violadores de derechos humanos”. Ese sorprendente argumento se apoya en que, como la Ley de Caducidad encomienda al Poder Ejecutivo decidir qué casos ampara, en realidad Gregorio Álvarez y otros procesados por terrorismo de Estado están presos porque, según la interpretación
del gobierno actual, la propia ley le permite al Ejecutivo “sacar de ella un caso para llevarlo a la Justicia”, y si toda la norma se anulara habría, por ejemplo, “que reiniciarle
un proceso al Goyo, dejarlo libre y anular el procesamiento que se hizo por una ley que se declaró nula”.
En cambio, Correa Freitas cree lo contrario: “No hay que replantearse los procesos porque ya están fuera de la Ley de Caducidad.
Es como si se hubiera anulado la ley porque el Ejecutivo quitó esos casos”.
Por su parte, Gros considera que la única manera de declarar nula la caducidad es que la Suprema Corte de Justicia (que, como se dijo, la declaró constitucional
en su momento) la declare ahora “inaplicable”, ante un nuevo recurso de inconstitucionalidad.
“Me inclino a creer hoy en día que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía razón y la caducidad viola los tratados internacionales. Por eso soy partidario de una derogación de la ley, que tendría sólo efecto para el futuro. Yo no discrepo con la campaña, discrepo con la forma, porque no creo que sea posible la nulidad, pero sí es posible pensar en la derogación. Si está derogada se pueden abrir causas nuevas”, expresó.
El problema (uno de ellos) es que otros aducen que, si la ley se deroga, la ausencia de efecto retroactivo permite que los beneficiados por la caducidad demanden respeto a sus “derechos adquiridos”. Ése fue, precisamente, uno de los motivos que llevó a impulsar la anulación.
La Diaria, 18 de agosto

Unión Cívica respaldará a Larrañaga

La Unión Cívica respaldará la precandidatura del senador blanco Jorge Larrañaga para las elecciones internas del año próximo. Esto determinará que ese partido no presente a su propio postulante para los comicios de 2009.
La colectividad presidida por Aldo Lamorte se dispone a unirse al movimiento “Con Todos”, que orienta el senador blanco Ruperto Long, según informó Ultimas Noticias.
La medida se oficializará el miércoles 27 en un encuentro de convencionales de la Unión Cívica
El Espectador, 18 de agosto

Lo destacado de la semana

1) El padre Méndez asumirá mañana

2) En un año, precios suben 15,3% en los productos controlados

3) Canasta básica registró aumentos

4) Cambian pautas para sueldos bajos

5) El Gobierno aplica la propuesta de Larrañaga sobre cárceles

6) Larrañaga: hay que tener "coraje" y abrir diálogo con partidos

7) Hay 7 veces más niños pobres que ancianos en esa condición

8) Pit-Cnt se rebela y fija primer paro de 24 horas

El padre Méndez asumirá mañana

En el acto estarán su antecesor Uriarte, Arismendi y Giorgi
Tras semanas de contactos y negociaciones, mañana asumirá el cargo de gerente del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) el sacerdote Mateo Méndez, de amplia experiencia en trabajo comunitario con adolescentes en zonas de bajos recursos.
Para la ocasión, se realizará un acto y una conferencia de prensa de la que participará el propio Méndez, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU), Víctor Giorgi, y el director saliente del Interj, Carlos Uriarte.
La asunción de Méndez tuvo sus bemoles tras el ofrecimiento de que asumiera la dirección del Interj. El sacerdote primero consultó a su congregación salesiana sobre la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, que puso una serie de condiciones para que aceptara el cargo. Entre ellas, que en el contrato quede claro el proyecto educativo a aplicar, la libertad de gestión del sacerdote en la formación de su equipo de trabajo, la selección del personal y el armado de los hogares con fisonomía distinta de acuerdo con las características de los residentes.
TRABAS SUPERADAS. A comienzos de este mes y cuando ya estaba casi cerrada la incorporación de Méndez al Interj, el presidente Tabaré Vázquez recibió al sacerdote.
El retraso en la asunción de Méndez se debió a trabas legales, fundamentalmente respecto a la situación funcional de las personas que trabajarán junto al sacerdote, dijeron a El País fuentes del INAU.
Méndez ya había adelantado que los asesores religiosos que trabajarán con él "no tendrán directa vinculación" con la Colonia Berro.
La parte de seguridad de la Colonia Berro estará a cargo del comisario riverense Antonio Xavier y un chofer de su confianza se encargará de los traslados de los internos. Está previsto que un equipo de entre 40 a 60 efectivos participe de las tareas de seguridad.
Tras asumir el cargo, Méndez vivirá en la parroquia de San Isidro, en Las Piedras, donde dará misa a diario.

El País, 14 de agosto

En un año, precios suben 15,3% en los productos controlados

El 60% de los productos, cuya variación de precio es controlada por el gobierno, aumentaron hasta 15,3% en el año cerrado en julio. Otros 47 artículos tuvieron caídas de valor de hasta 9,1%.
En 75 de los 124 productos y marcas cuyo precio es seguido por el área Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio de Economía, se verificó aumentos de precios que llegaron al 15,3% en el año completado en julio, aunque la media de los aumentos en ese período fue de 2,4%. Son alimentos, bebidas, productos de limpieza y de tocador, cuyos precios se relevan en 285 supermercados y comercios de autoservicio en todo el país. Otros 47 artículos (37,6%) experimentaron reducciones de precios de hasta 9,1%, con una baja promedio de 1,4% en el período analizado, mientras que el valor al público de otros dos productos (1,6%) se mantuvo sin variación en el año móvil.El informe oficial señala que los productos cuyos precios aumentaron más en el año móvil a julio, fueron distintas marcas de pollo relevadas, variedades de nalga vacuna, carne picada vacuna, jabón de tocador, jamón cocido no artesanal, margarina y arroz blanco.La nalga vacuna de novillo con hueso aumentó 4,18%, desde 134,34 a 139,95 pesos, de acuerdo a los valores promedio de mercado; la de vaca con hueso aumentó 6,61%, de 126,92 a 135,31 pesos; la de novillo sin hueso 7,37%, de 150,78 a 161,90 pesos; y la de vaca sin hueso 5,24%, de 150,28 a 158,16 pesos.El kilo de pollo fresco Melilla fue el que más aumentó, 15,3%, de 42,47 a 48,97 pesos en el año móvil cerrado en julio; el de Avesur se incrementó 14,92%, de 42,84 a 49,23 pesos; y el Tenent 13,67%, de 43,45 a 49,39 pesos.El costo del kilo de carne picada vacuna con hasta 20% de grasa aumentó 7,14%, de 74,19 a 79,49 pesos; y con hasta 5% de grasa 6,92%, de 113,55 a 121,41 pesos. La barra de 125 gramos de jabón de tocador Astral aumentó 1,83%, de 15,26 a 15,54 pesos, y la de Palmolive 7,08%, de 14,55 a 15,58 pesos.El kilo de jamón cocido no artesanal Picorell aumentó 6,45%, de 144,17 a 153,47 pesos, el de Ottonello 4,15%, de 180,14 a 187,61 pesos, y el Arizona 2,28%, de 120,22 a 122,96 pesos.Los 250 gramos de margarina Doriana aumentaron 3,55%, de 26,17 a 27,10 pesos, en tanto que el mismo producto pero de Primor disminuyó su precio 0,14%, de 22,05 a 22,02 pesos. La margarina Danica en envase de 200 gramos aumentó 3,12%, de 24,99 a 25,77 pesos. La bolsa de un kilo de arroz blanco Aruba tipo Patna aumentó 3,75%, de 18,68 a 19,38 pesos, en tanto que las de Blue Patna bajó 0,31%, de 28,71 a 28,62 pesos, y las de Green Chef disminuyó 1,19%, de 26,89 a 26,57 pesos.El precio del kilo de rueda de novillo con hueso disminuyó 6,10% en el año cerrado en julio, de 117,42 a 110,26 pesos, y el de vaca retrocedió 3,5%, de 108,32 a 104,53 pesos.Los análisis de la oficina especializada de Economía se realizan sobre la conformación de precios promedios del mercado para cada producto y marca en las distintas fechas, pero hay oscilaciones entre mínimos y máximos, que en algunos casos superan el 50% en ambos sentidos. La información producto por producto se encuentra en la página de internet http://www.consumidor.gub.uy/.

Últimas Noticias, 14 de agosto

Canasta básica registró aumentos

El 61% de los productos bajó y el 39% se incrementó
En julio el 61% de los productos de la canasta básica subió de precio y el restante 39% bajó, según el relevamiento que efectúa el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía.
La repartición informó ayer que el mes pasado, de 124 productos y marcas representativos de 46 artículos de la canasta familiar, en 75 hubo aumentos de precios de hasta 15,3% y en 47 reducciones de hasta 9,1%.
Del relevamiento se desprende que en términos generales los acuerdos voluntarios de precios que el gobierno llevó a delante con el sector privado se cumplieron. Es que en promedio los precios pactados fueron los que pagó el público.
La repartición puso al servicio de los consumidores un sistema de comparación de precios por barrio y por comercio que está disponible en su página web (www.dgc-mef.gub.uy/consultas/almacen/).
Los artículos que más aumentaron fueron las tres marcas de pollo relevadas; cuatro variedades de carne vacuna de nalga; dos variedades de carne picada vacuna; dos marcas de jabón de tocador; una marca de jamón cocido no artesanal, dos marcas de margarina y una de arroz blanco.
En tanto, los de mayores caídas fueron dos cortes de carne de rueda vacuna, una marca de pulpa de tomates, una de dulce de leche, dos de arvejas en conserva y una de frankfurters cortos.

El País, 14 de agosto

Cambian pautas para sueldos bajos

Consejos de salarios Para aquellos que ganan entre $ 3.900 y $ 5.000 el ajuste podrá variar entre 20% y 7% . El Pit-Cnt pide aumentos más altos para los sueldos mayores a $ 5.000
El Ejecutivo retocó los lineamientos salariales previstos para los sueldos más bajos: el margen de ajuste podrá variar entre 20% y 7% para las categorías de $ 4.000 a $ 5.000. Los negociadores del gobierno lo anunciaron hace pocos días.
Cuando el gobierno informó los lineamientos para la ronda salarial en junio, se indicó que los sectores donde la categoría más baja estuviera entre $ 3.450 y $ 3.900 tendrían un incremento nominal de 20%. Y para los sectores donde la categoría más baja estuviera entre $ 3.901 y $ 4.300, el aumento sería de 16%.
En ese momento se planteó la duda acerca de si todos los sueldos de esos sectores tendrían el aumento diferencial o sólo los efectivamente ubicados en el rango mencionado. Los responsables del Ministerio de Economía respondieron que habría una "escala decreciente" de aumentos para los sueldos superiores a los $ 4.300, de modo de no afectar la pirámide salarial.
En ese sentido, en las últimas semanas el Ministerio de Economía hizo algunas "precisiones" acerca de cómo se aplicará el aumento para los sueldos bajos, obligatorios para todos los sectores (capítulos o subgrupos) donde el salario de la categoría más baja no supere los $ 4.300.
Los delegados del Ministerio de Trabajo se enteraron de la modificación hace unos diez días y así lo han ido informando en las diferentes reuniones de consejos de salarios, dijeron a El País fuentes de la negociación. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Trabajo afirman que los nuevos lineamientos estaban a disposición desde mediados de julio.
FÓRMULA. El nuevo planteo intenta especificar cómo se aplicará el ajuste para los sumergidos. El aumento será de 20% para los sueldos nominales de $ 3.450 a $ 3.900 a fin de junio, aumento en el que está incluido el nuevo salario mínimo de $ 4.150 mensuales.
Y el incremento para las categorías salariales que se encuentren entre $ 3.901 y $ 5.000 variará entre 7% y 20%, en función de los escalafones salariales. El objetivo es que el aumento salarial diferencial no determine, por ejemplo, que una categoría de peón supere a la de medio oficial.
El tope para el aumento de hasta 20% es de $ 5.000 y a partir de allí sólo se aprobarán aumentos superiores a los generales (entre 5% y 7%) sólo si la aplicación de los lineamientos en las categorías inferiores afecta "significativamente la escala salarial del sector", según dice un documento colgado en la web del Ministerio de Economía. Hay una "permisividad" hasta $ 5.000 para "que no se achate la pirámide" cuando hay un aumento diferencial, dijo una fuente oficial.
En los sectores donde la categoría mínima varía entre $ 3.901 y $ 4.300 a junio de 2008, el sistema es igual, pero con aumentos que irán de 16% a 7%.
Los delegados del gobierno tienen instrucciones "reservadas" acerca de cómo negociar el aumento a otorgar para los sueldos de la franja de $ 4.000 a 5.000 y para los superiores a esa cifra, dijeron las fuentes.
Desde el Pit-Cnt, el delegado Milton Castellano dijo a El País que son "impracticables" estos cambios oficiales debido a que si se fija un límite de $ 5.000 para los aumentos diferenciales, se afectará la pirámide salarial en los escalafones donde la diferencia entre la base y la punta es "muy pequeña". Para Castellano es "un tecnicismo extremo" de difícil aplicación.
Estos aumentos diferenciales para las categorías bajas afectan a cerca de quince negociaciones de un total de 200, según las estimaciones sindicales. Allí resalta el sector de la limpieza, seguridad y algunas áreas del comercio minorista.
PANORAMA. La negociación salarial transcurre en sus primeras semanas en un clima de gran incertidumbre y varias cámaras empresariales siguen aconsejando no dar adelantos.
En la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) estiman que los primeros convenios recién empezarán a firmarse dentro de un mes, a partir de mediados de septiembre. Y desde principios de octubre se presionará en las negociaciones con la fecha límite: 31 de ese mes. Una vez que un convenio se firma, luego debe ser homologado por el Ministerio de Economía, firmado por Presidencia y luego publicado en el Diario Oficial, proceso que lleva prácticamente un mes más.
Si las empresas "no quieren dañar a los trabajadores", deben dar adelantos a cuenta, afirmó una alta fuente ministerial. En caso contrario, se acumularán en octubre los aumentos de cuatro meses y subirán las franjas del IRPF. "Allí se deberá liquidar un ajuste cercano a 7% por cuatro: lo que da casi 30% de aumento", explicó la fuente oficial. En el gobierno se estudia una fórmula para aliviar el impacto de la reliquidación en las franjas del IRPF.
Las cifras
20% Es el aumento máximo previsto para las categorías salariales de hasta $ 5.000 nominales, según los lineamientos oficiales
7% Es el aumento mínimo previsto en las categorías salariales de hasta $ 5.000 nominales, según los lineamientos oficiales
La gestión de Astori polariza la interna del Frente y del Pit-Cnt
El posicionamiento del ministro Danilo Astori como candidato presidencial del Frente Amplio ha polarizado la interna de la coalición y del movimiento sindical.
A tres años de gestión, la figura del ministro saliente de Economía ha generado un bloque menos afín a su política en el que se incluyen al Partido Socialista (PS), la Vertiente Artiguista, el MPP, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y el Partido Comunista (PCU), escindido en dos corrientes, una más acuerdista (encabezada por el senador Eduardo Lorier) y otra más combativa encabezada por el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo.
Por otro lado, se erige otro bloque integrado por Alianza Progresista, el Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay (sector de Astori).
La tendencia se refleja en la interna sindical. "Seguramente hay una dosis de calentura contra la política económica", señaló Castillo marcando la disconformidad de los trabajadores con el Ministerio de Economía.
Desde la corriente radical -sin representación en el Secretariado del Pit-Cnt, pero con decenas de delegados en varios gremios que intervienen en la Mesa Representativa-, se comparte la visión crítica hacia la gestión de Astori.
Pero el Frente Amplio no sólo está enfrascado en la definición del candidato presidencial. El PCU y el PS elegirán autoridades en sendos congresos de octubre y noviembre respectivamente. Además, el Pit hará lo propio el 5 y 6 de noviembre.
Consejos de salarios: médicos en retirada
Las gremiales médicas que discuten con el gobierno y las instituciones la recuperación salarial para el sector en el consejo de salarios, amenazaron ayer con retirarse de la ronda de negociación.
Se quejan de las pocas respuestas que han recibido a sus reclamos (tanto salariales como de condiciones de trabajo) en comparación con la contemplación que, aseguran, se tiene desde el Ejecutivo con los funcionarios no médicos. Al cierre de esta edición, el clima de la discusión era tenso y la decisión de abandonar la negociación estaba casi tomada.
"Parece haber una política de ex profeso de no acordar con los médicos. Hay un desconocimiento absoluto de nuestros reclamos", expresó a El País el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky.
Agregó que, a diferencia de lo que ocurrió con los funcionarios no médicos, al gremio de los galenos no se les han dado cifras claras, "y se niegan a atender nuestros reclamos que van más allá de lo salarial y buscan mejorar la calidad asistencial". En ese sentido, uno de los reclamos médicos que no ha tenido eco es el de disminuir el número de pacientes por hora en las consultas en Policlínicas con el objetivo de aliviar la saturación de usuarios en mutualistas.
"Parece una extensión de una política de desconocimiento del sector médico en lo que tiene que ver con las pautas administrativas, asistenciales y económicas", criticó Trostchansky.
PARO. En tanto, los funcionarios no médicos del sector privado hoy realizaron un paro nacional para desarrollar una asamblea que analizará la marcha de la negociación salarial. Fuentes del gremio aseguraron que se irá a la asamblea con un preacuerdo firmado, por lo que, en principio, se descarta la profundización de medidas de lucha en reclamo de la mentada recuperación salarial de lo perdido en el gobierno de Jorge Batlle

El País, 14 de agosto