En un hecho histórico, la Justicia hizo lugar ayer a una demanda de los reclusos del Comcar contra el Ministerio del Interior, que reclamaron acceso general al sistema de redención de pena por trabajo y estudio.
El Estado deberá crear 2.000 plazas laborales remuneradas, realizar un censo carcelario y asignar docentes para los reos.El juez penal de lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Pablo Eguren, falló ayer a favor de los 2.600 reclusos del Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Vázquez y ordenó al Ministerio del Interior la creación de nuevas plazas educativas y laborales, la realización de un censo de todo el sistema carcelario y que todos los reclusos cuenten con cédula de identidad. Según confió la ministra Daisy Tourné a Eguren, en charla telefónica durante el primer receso de la audiencia, las últimas dos medidas ya están en curso. El magistrado dijo que Tourné le aseguró que ya hay un móvil de identidad civil circulando por los recintos carcelarios. La Cédula de Identidad es uno de los requisitos para acceder a las nuevas plazas, estipulados en el plan de trabajo “Sembrando” que presentaron ayer las autoridades del Ministerio, representadas por el director nacional de Cárceles, inspector mayor Jorge Szasz, y el abogado Ricardo Salgado. El plan se aplicará desde la segunda semana de enero hasta la segunda semana de noviembre de 2009 en el centro de reclusión de Santiago Vázquez. El juez Eguren ordenó incluir en el proyecto 48 horas semanales de salida transitoria que, además de la visita a familiares, puedan utilizarse para que los presidiarios trabajen fuera del recinto carcelario. Si bien el Ministerio prevé la creación de 1885 plazas laborales y educativas, el magistrado estipuló que se deberán crear también entre 1.000 y 2.000 peculios, es decir, vacantes laborales remuneradas. Esta medida fue adoptada por Eguren por sugerencia del comisionado parlamentario de cárceles Álvaro Garcé, presente en la audiencia.Los presos, representados por los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Diego Camaño y Gianella Bardazano, reclamaron además que se aumenten de 6 a 12 las horas semanales de enseñanza, para equipararlas a las de la ciudadanía en general.Pero la adopción de las medidas costó sudor, seis horas de audiencia con dos recesos y algunos roces entre demandantes y demandados. Desde el vamos las autoridades estatales aclararon que “nunca estará terminado el proceso de implementación de las medidas”. Tanto Szasz como Salgado manifestaron que la realidad de superpoblación del penal “condiciona cualquier plan de acción, por falta de espacio físico”. Asimismo, reclamaron la colaboración de los reclusos para que el plan sea exitoso. Szasz criticó que los abogados de Ielsur no se comunicaran con él a lo largo de sus seis meses de gestión y Camaño retrucó que no se consultó a los demandantes para elaborar el plan.Sin embargo, desde ayer ambas partes deberán acortar distancias y aunar esfuerzos, pues Eguren determinó que la implementación del plan sea monitoreada por una comisión integrada por representantes de la Dirección Nacional de Cárceles, el comisionado parlamentario, el Centro Nacional de Rehabilitación e Ielsur.8.200 reclusos para 2009El comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, dijo ayer ante el juez Pablo Eguren que si se mantiene la tendencia de superpoblación carcelaria "para el primer trimestre de 2009 habrá entre 8.100 y 8.200 reclusos en todo Uruguay". Hoy la población carcelaria asciende a 7.880 presos, de los cuales más del 40% son jóvenes de entre 18 y 25 años. Sólo en Comcar hay 2.600 reclusos (fue construido para 1.408), de los cuales un 10% son analfabetos y un 30% no terminaron primaria, según datos del Ministerio del Interior. Entre 2005 y 2008 un total de 1.760 reclusos accedieron a la reducción de la pena: 1.130 por trabajo y 634 por educación.Tirón de orejas para jerarcasLas autoridades ministeriales dijeron ayer que no alcanzan los maestros con los que cuenta la Dirección Nacional de Cárceles para aumentar las horas de estudio de los reclusos y que el plan para redención de la pena requirió seis meses de trabajo. Eguren se dirigió al asesor de Szasz, Dr. Nicolás Gómez, y le dijo que "seis meses para un preso es mucho tiempo" y le reclamó: "La próxima vez que elabore un plan procure demorar menos". En otro orden, el juez mandó modificar los artículos 16, 17 y 18 del decreto 225 de 2006, que obliga a los reclusos a tener C.I. vigente y hasta 3° año de primaria para acceder a plazas de estudio y trabajo.
Últimas Noticias, 3 de diciembre
El Estado deberá crear 2.000 plazas laborales remuneradas, realizar un censo carcelario y asignar docentes para los reos.El juez penal de lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Pablo Eguren, falló ayer a favor de los 2.600 reclusos del Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Vázquez y ordenó al Ministerio del Interior la creación de nuevas plazas educativas y laborales, la realización de un censo de todo el sistema carcelario y que todos los reclusos cuenten con cédula de identidad. Según confió la ministra Daisy Tourné a Eguren, en charla telefónica durante el primer receso de la audiencia, las últimas dos medidas ya están en curso. El magistrado dijo que Tourné le aseguró que ya hay un móvil de identidad civil circulando por los recintos carcelarios. La Cédula de Identidad es uno de los requisitos para acceder a las nuevas plazas, estipulados en el plan de trabajo “Sembrando” que presentaron ayer las autoridades del Ministerio, representadas por el director nacional de Cárceles, inspector mayor Jorge Szasz, y el abogado Ricardo Salgado. El plan se aplicará desde la segunda semana de enero hasta la segunda semana de noviembre de 2009 en el centro de reclusión de Santiago Vázquez. El juez Eguren ordenó incluir en el proyecto 48 horas semanales de salida transitoria que, además de la visita a familiares, puedan utilizarse para que los presidiarios trabajen fuera del recinto carcelario. Si bien el Ministerio prevé la creación de 1885 plazas laborales y educativas, el magistrado estipuló que se deberán crear también entre 1.000 y 2.000 peculios, es decir, vacantes laborales remuneradas. Esta medida fue adoptada por Eguren por sugerencia del comisionado parlamentario de cárceles Álvaro Garcé, presente en la audiencia.Los presos, representados por los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Diego Camaño y Gianella Bardazano, reclamaron además que se aumenten de 6 a 12 las horas semanales de enseñanza, para equipararlas a las de la ciudadanía en general.Pero la adopción de las medidas costó sudor, seis horas de audiencia con dos recesos y algunos roces entre demandantes y demandados. Desde el vamos las autoridades estatales aclararon que “nunca estará terminado el proceso de implementación de las medidas”. Tanto Szasz como Salgado manifestaron que la realidad de superpoblación del penal “condiciona cualquier plan de acción, por falta de espacio físico”. Asimismo, reclamaron la colaboración de los reclusos para que el plan sea exitoso. Szasz criticó que los abogados de Ielsur no se comunicaran con él a lo largo de sus seis meses de gestión y Camaño retrucó que no se consultó a los demandantes para elaborar el plan.Sin embargo, desde ayer ambas partes deberán acortar distancias y aunar esfuerzos, pues Eguren determinó que la implementación del plan sea monitoreada por una comisión integrada por representantes de la Dirección Nacional de Cárceles, el comisionado parlamentario, el Centro Nacional de Rehabilitación e Ielsur.8.200 reclusos para 2009El comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, dijo ayer ante el juez Pablo Eguren que si se mantiene la tendencia de superpoblación carcelaria "para el primer trimestre de 2009 habrá entre 8.100 y 8.200 reclusos en todo Uruguay". Hoy la población carcelaria asciende a 7.880 presos, de los cuales más del 40% son jóvenes de entre 18 y 25 años. Sólo en Comcar hay 2.600 reclusos (fue construido para 1.408), de los cuales un 10% son analfabetos y un 30% no terminaron primaria, según datos del Ministerio del Interior. Entre 2005 y 2008 un total de 1.760 reclusos accedieron a la reducción de la pena: 1.130 por trabajo y 634 por educación.Tirón de orejas para jerarcasLas autoridades ministeriales dijeron ayer que no alcanzan los maestros con los que cuenta la Dirección Nacional de Cárceles para aumentar las horas de estudio de los reclusos y que el plan para redención de la pena requirió seis meses de trabajo. Eguren se dirigió al asesor de Szasz, Dr. Nicolás Gómez, y le dijo que "seis meses para un preso es mucho tiempo" y le reclamó: "La próxima vez que elabore un plan procure demorar menos". En otro orden, el juez mandó modificar los artículos 16, 17 y 18 del decreto 225 de 2006, que obliga a los reclusos a tener C.I. vigente y hasta 3° año de primaria para acceder a plazas de estudio y trabajo.
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