viernes, 27 de febrero de 2009

Editorial: Fracaso estrepitoso del Gobierno en INAU




Cuatro años sin soluciones para los menores infractores. Durante esta semana, hubo en el INAU motines, numerosas fugas, heridos graves y hasta funcionarios que amenazan con abandonar sus puestos de trabajo. Con semejante cuadro, no faltaron las excusas de falta de recursos humanos.
Desde que asumió el Gobierno progresista, todos sin excepción, desde el Dr. Vázquez, la Ministro Arismendi, el Directorio del INAU y cualquier legislador oficialista, presumieron de la calidad de los funcionarios en el INAU así como del millonario presupuesto asignado junto con partidas extraordinarias.
A principios de agosto del 2008, el Presidente de la República, nombró al sacerdote Mateo Méndez como Gerente del INTERJ junto a un numeroso equipo de su confianza que trabajarían en el INTERJ.
A sólo 6 meses del comienzo de su tarea, el Padre Mateo renunció. Y explicó su fracaso básicamente responsabilizando a los funcionarios. No aclaró si se refería a los mandos medios (por ejemplo los Directores ingresados “a dedo” por este Gobierno) ó a los funcionarios que cumplen las directivas de aquellos.
Pero el Padre fue más lejos y habló de corrupción en el INTERJ. Penosamente, tampoco aclaró a qué se refería exactamente con CORRUPCIÓN. La renuncia del Gerente del INTERJ, provocó la renuncia del Presidente del INAU, Víctor Giorgi (una muy buena noticia al menos en un mar de dudas)
No es posible que el hilo se corte por el lado más fino (léase los funcionarios), acá el único fracaso es la política de rehabilitación de los menores infractores por parte de los técnicos tan prestigiosos según el Progresismo y sus mandos políticos en particular.
Recordamos discursos pre-electorales que gobernaría con el bisturí a fondo para sanear la corrupción estatal. ¿Dónde está el famoso bisturí del Dr. Vázquez? No hace mucho dijo la Ministro Arismendi que había que “dinamitar” algunos hogares. ¿Dónde escondió la “dinamita” que todo continua como siempre?
Basta de soberbia gubernamental. Sería loable que comenzaran a investigar si existe la corrupción en el INAU ó solamente es producto de la imaginación de un salesiano bien intencionado.
Y basta de anuncios pomposos que luego no se concretan. Pareciera que el Gobierno ni corta manos en la lata ni tampoco hace rodar cabezas ante tanta ineptitud al menos.

La renuncia de Mateo Méndez (La Diaria)





No sólo de esperanza
Mateo Méndez renunció al Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj)
“El Interj tiene mucho de enfermo, perverso y de corrupción”.
Tales fueron las palabras del cura salesiano Mateo Méndez, quien ayer anunció en conferencia de prensa que renunciaba al cargo de director de dicha institución, junto
a todo el equipo que lo acompaña desde agosto del año pasado. Méndez dijo, tras seis meses de gestión, que la situación actual no permite concretar proyectos ni iniciativas. Entre las causas que lo llevaron a bajar los brazos, mencionó la imposibilidad de incorporar personal nuevo para desarrollar su propuesta, así como actitudes de adultos que trabaron el avance. Cuando se le pidió que explicara eso, armó que algunos funcionarios no compartían el objetivo de que el adolescente sea el centro. “Insume más tiempo acomodar situaciones de adultos que el trabajo con los adolescentes”, resumió.
Según dijo, hubo gente que entendió, se sumó a la propuesta y vio que había otro modo de trabajar, pero los escollos se presentaron porque no todos lo vieron de ese modo. Y agregó que la institución debería ser inteligente y nutrirse de gente esperanzada.
Consultado sobre si en el Interj hay una interna que no se puede superar, contestó que “eso sucede en todas las instituciones donde se comparten y no se comparten cosas”, y que él pretendía un respaldo mínimo para su proyecto. “Cuando hay algo nuevo todos somos propensos a desconfiar, por ahí se creía que esto era imposible de realizar. Para desarrollar esta tarea necesitamos gente que crea que el adolescente tiene posibilidades de cambio cuando se le ofrecen las oportunidades”, apuntó.
A su entender, el Interj se debe “una mirada crítica, profunda, y debe preguntarse si está cumpliendo el cometido para el cual fue creado”, ya que “no todos están en la misma línea y por ahí hay un camino a recorrer”.
Por otra parte, comentó que “cuando uno se aproxima al trabajo con los menores infractores
tiene que despojarse de muchas cosas, como el creer que uno lo sabe todo. Hay que ser humilde y reconocer que ellos también pueden enseñarnos algo”. Para Méndez, el poder político no debería visitar estos lugares en busca de réditos, porque es la vida de los adolescentes la que está en juego. Habló de prácticas que no comparte y de mediocridad que no permite hacer las cosas de corazón.
“No estamos de acuerdo con que las cosas no estén en función del adolescente. Hay cosas que la institución sabe, juegos y trampas que se dan en el manejo cotidiano.
Capaz que nos faltó cerrar un ojo”, dijo, y agregó que hay cosas que no se podía dejar pasar, pero no dijo exactamente cuáles. Víctor Giorgi, presidente de INAU, comentó que las palabras de Méndez eran de recibo, y que vocablos como “corrupción” disparan muchas ideas. Mencionó que cuando hay 68 funcionarios en planilla, y se dice que no hay funcionarios, uno piensa que hay una conspiración para ocultar la verdad. Hizo referencia a las licencias médicas masivas que “recargan a los otros funcionarios”, y contó que muchas veces, cuando los médicos van a la casa de los certificados, éstos no se encuentran allí. Finalmente, informó que se está gestionando un decreto de esencialidad, porque actualmente el gremio de INAU pide que no ingresen más chicos y “esas situaciones desgastan a cualquiera”. Giorgi afirmó que la reclusión es el núcleo duro de la política de infancia y está cercada por intereses de todo tipo
La renuncia causó gran malestar en Alianza Progresista. Juan Andrés Roballo, diputado de ese sector frenteamplista, dijo a la diaria que su agrupación buscará que se establezcan las responsabilidades políticas que influyeron en la toma de esa decisión. “Mateo Méndez
tenía el respaldo de todo el sistema político, pero hubo un órgano que en principio estamos viendo que no le otorgó los instrumentos necesarios, estamos hablando del directorio del INAU”, precisó el legislador. Roballo señaló que su sector “respalda absolutamente a Mateo, a su gestión y a su equipo”, y entiende que “el proceso que había iniciado, de cambio de paradigma en la atención de menores infractores, generaba mucha esperanza, sobre todo porque teníamos expectativas de que iba a permear al sistema de mayores. Se trataba de un proceso que tiene como centro la dignidad de la persona humana y que había
empezado a dar sus frutos”.
Hay que esclarecer quiénes fueron responsables de “las dificultades insalvables a las que se
enfrentó” Méndez, pero antes el grupo del vicepresidente Nin Novoa verá “cómo reacciona el resto del sistema”, dijo Roballo.
La Diaria, 27 de febrero

La renuncia de Mateo Méndez (El Espectador)





La renuncia es indeclinable
El padre Mateo reconoció en entrevista con Emiliano Cotelo, en el programa En Perspectiva, que hay episodios oscuros en la relación entre funcionarios y adolescentes.

“En este tipo de trabajo se presta mucho para eso. Por eso siempre fuimos muy exigentes con las requisas de cosas, los días de visitas no se permite que los adultos entren a los lugares si no han pasado por una requisa que siempre tratamos de que fuera exigente”, dijo.El ex director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) afirmó que no hay margen para que vuelva y que el tema ya lo habló con el presidente Vázquez.Mateo explicó que sentía como si estuvieran jugando “con los adolescentes a las esquinitas” para ubicarlos en los hogares porque los cupos no daban. Informó que los funcionarios no alcanzan y no hay un lugar para atender patologías siquiátricas independientemente del hogar de contención. Tampoco hay un lugar adecuado para tratar el tema de las adicciones. “Este tipo de cosas hacen imposible una tarea”, afirmó, y aclaró que los reclamos los realizó a las autoridades correspondientes cuatro meses atrás. “No es que lo planteamos la semana pasada”, aclaró.El padre Mateo reconoció que el Interj fue peor a la que esperaba y que gran parte de los funcionarios no están comprometidos con el trabajo y tampoco creen que el adolescente pueda asumir una actitud nueva. “Para muchos funcionarios es solo un empleo, un pase en comisión, un traslado”, contó Mateo. “Ese tipo de cosas hacen que el Interj se transforme en una especie de circulo vicioso que no deja consolidar propuestas”, señaló.

Crisis en INAU
Este jueves renunció el sacerdote Mateo Méndez a la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) y el presidente del organismo, Víctor Giorgi, puso su cargo a disposición.

El sacerdote salesiano explicó que su decisión se debe a la actitud de gran parte de los funcionarios, que no se sumaron a su propuesta y recurrieron “a viejas prácticas comunes en la institución”.
Por su parte, el presidente del INAU, Víctor Giorgi respaldó a Mateo Méndez y también criticó a los funcionarios, a los cuales responsabilizó por la caótica situación del organismo. Se refirió en particular al tema de las faltas y los pedidos de licencia.
Mientras tanto, el gremio de funcionarios del INAU resolvió endurecer desde ayer las medidas de lucha y no permite el ingreso de ningún menor infractor a dependencias u hogares de la institución, ya que sostiene que los locales tienen ya su capacidad colmada. A raíz de esta postura un grupo de adolescentes con orden judicial de internación por diferentes delitos, fueron derivados a celdas de seccionales policiales de Montevideo y se espera una resolución para hoy. Una de las posibilidades más firmes es que el Poder Ejecutivo declare en las próximas horas la esencialidad de estos servicios del INAU.
A nivel político, el sector Alianza Progresista, del vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, analizó ayer la situación, respaldando al padre Mateo y asegurando que “no se le brindó el apoyo necesario por parte de las autoridades políticas”. Desde la oposición ya se anuncia la posibilidad de citar a las autoridades del INAU al Parlamento

Ofrecen INAU a Nora Castro
La diputada de la Cap(L), sector liderado por Eleuterio Fernández Huidobro, evalúa el ofrecimiento recibido con su sector político para ocuparse del INAU.
Castro fue diputada y presidenta en 2005 de la Cámara de Diputados. El Directorio Interino del INAU aplicará, si no hay respuesta del sindicato, la esencialidad de los servicios.
La directora Cristina Álvarez afirmó estar molesta con el padre Mateo Méndez en el entendido que si había denuncias de corrupción que conocía debió haberlas presentado.
El Espectador, 27 de febrero

La renuncia de Mateo Méndez (Últimas Noticias)





Gobierno listo para declarar la esencialidad en servicio del Inau
El Directorio del Inau solicitó al Poder Ejecutivo la esencialidad del servicio que presta el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj). La medida fue provocada por medidas sindicales. El padre Mateo Méndez presentó su renuncia.
Al tiempo que el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) solicitaba la esencialidad de los servicios del Interj, se conocía la decisión del padre Mateo Méndez de renunciar a su cargo al frente de esa dependencia. La negativa de los funcionarios a recibir a nuevos jóvenes en los centros de ingreso (ver más abajo) motivó a las autoridades a dar ese paso que fue respaldado por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Esta misma situación está, entre otros temas, en la base de la decisión del sacerdote. No obstante, enterada de la dimisión, la propia Arismendi dijo a Ultimas Noticias que Méndez no le comunicó oficialmente su alejamiento. La voluntad de la ministra es “hablar con él. Yo fui la que le planteó la tarea y por lo tanto le voy a pedir que se quede, sin lugar a dudas”. En cuanto a la esencialidad, esta podrá ser resuelta hoy si persiste la actitud de los funcionarios, o a más tardar el lunes en el Consejo de Ministros, explicó a este matutino Víctor Giorgi, presidente del Inau. El planteo se fundamenta en la “necesidad de cumplimiento con las medidas de seguridad que solicita la Justicia. Pero grupos de trabajadores no están permitiendo el ingreso de los jóvenes que deben cumplir privación de libertad. Esto va en contra de la función de la institución, por lo cual solicitamos la esencialidad del servicio Interj”.Hasta ayer eran seis los menores que aguardaban ingresar al servicio. El sindicato del Inau se negó a recibir a esos menores en el hogar transitorio, porque albergaba a 20 jóvenes cuando su capacidad es de 15, reconoció Giorgi. No obstante, los mismos funcionarios reclamaron que se trasladasen a la Colonia Berro, donde también se dijo que no había lugar, que faltaban trabajadores. El presidente del Inau agregó que este tipo de situaciones se vienen generando desde enero, dado que los trabajadores elegían cuáles jóvenes podían ingresar a los hogares, “negando el acceso a los que ellos consideraban que tenían un perfil difícil o con trastornos psiquiátricos; la selección no puede ser admitida”, enfatizó. Giorgi recordó palabras de Mateo Méndez, director del Interj -quien ayer presentó renuncia- en las que hablaba de “‘corrupción’ entre los trabajadores, porque no les interesan los derechos de los jóvenes sino que están pendientes de sus intereses, como cumplir todas las horas extras u obtener licencias médicas prolongadas aunque no exista una razón real”. Las transformaciones en el Interj “encuentran una resistencia muy espesa”, sintetizó. Respecto de la esencialidad, Giorgi expresó que el Ejecutivo es el que “tiene la última palabra”. Al mismo tiempo, se hizo una orden de servicio para intimar al ingreso de los menores. El incumplimiento de la misma implica una falta administrativa que podría acarrear un sumario e incluso hasta la destitución de los funcionarios responsables. El no acatamiento de la esencialidad, significaría una pérdida del cargo. DIMISIÓNCon disfonía, algo de desánimo y cierto tono cansino, seguramente por el desgaste de las negociaciones, ayer sobre las 19 horas el padre Mateo Méndez presentó su renuncia ante el directorio del Inau con fuertes críticas hacia los trabajadores y manifestó falta de respaldo. En conferencia de prensa, el presbítero señaló que su decisión se debe a que no “sintió apoyo para realizar los proyectos educativos”. Dijo a Ultimas Noticias que la renuncia está dada porque “faltan cuatro elementos para seguir trabajando: hogares y centros nuevos para poder descongestionar los que existen actualmente; una comunidad terapéutica para poder atender chiquilines con problemas serios de psiquiatría; un contingente nuevo de trabajadores con un perfil diferente -gente que venga fogueada a trabajar con adolescentes en situación difícil y que los quiera-; y una comunidad para atender al adolescente consumidor de drogas”. Como estas cuatro necesidades no se han dado en tiempo y forma, “nosotros creemos que no podemos seguir trabajando porque estamos trasladando adolescentes de un lugar a otro cuando nuestra intención no es esa, sino que cada adolescente esté donde tiene que estar”.Aclaró que “no es un fracaso sino una lástima que no se haya podido hacer más. Es una lástima que haya tanta mediocridad”. Denunció que el Interj “tiene mucho de perversión y mucho de corrupción”. También pidió disculpas a los menores por retirarse habiendo varios proyectos educativos iniciados y otros por comenzar en marzo. Asimismo, señaló que se “subestima a los menores, cuando hay que aprender de ellos”.ARISMENDI DE ACUERDOLa ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se comunicó con su par de Trabajo, Eduardo Bonomi, en la tarde de ayer para acordar la firma del decreto de esencialidad en caso que el Directorio del Inau no llegara a un acuerdo con el sindicato. “La resolución del Poder Ejecutivo dependerá del resultado de la negociación, que está en manos del Inau pero una cosa queda clara: los muchachos no se van a quedar sin atención”, dijo ayer Bonomi a Ultimas Noticias.Arismendi, por su parte, adelantó que está “dispuesta a decretar la esencialidad. No estoy de acuerdo con esta medida y no voy a admitir que no se permita el ingreso de los muchachos, que no son muebles, son personas”. La jerarca expresó su preocupación por la intención del sindicato de entregar las llaves de los hogares y por la negativa a recibir menores remitidos por la Justicia. “Cuando un juez deriva una persona, se debe cumplir la orden”, insistió.El presidente del sindicato del Inau, Joselo López, dijo a Ultimas Noticias que el directorio del instituto le comunicó personalmente que el decreto de esencialidad está pronto y listo para aplicar en le momento que el gremio decrete la huelga. López aseguró que el gremio mantendrá la medida y si ingresa un menor más a la dependencia entregarán la llaves al directorio como lo han decidido.Funcionarios entregarían hoy llaves del PuertasPese a reconocer los riesgos, el sindicato del Inau dio un ultimátum al directorio hasta hoy a las 14 horas para retirar a los dos menores internados por encima del cupo permitido en elhogar Puertas.“Es clarísimo que si entregamos las llaves estamos expuestos a eso (la esencialidad), ya lo discutimos en la Presidencia ayer. Estamos tratando de evitar esa medida, pero no depende de nosotros”, dijo Joselo López a Ultimas Noticias. El tema estuvo planteado en una reunión que el sindicato mantuvo con las autoridades en la sede de la Presidencia de la República.En cuanto al cupo en el hogar Piedras, López indicó que “acá no puede entrar un menor más, no existen las mínimas condiciones de seguridad exigibles”.Al enterarse, sobre las 17 horas, que en el Puertas se pretendía ingresar otro menor -el cupo permitido es de 12 pero se “estiró” a 14- como confesó un funcionario- el dirigente, que estaba dialogando con integrantes del Directorio, fue llamado de inmediato a concurrir al local de la calle Burgues. Es que ante el anuncio de que iba a ingresar otro menor a bordo de un patrullero -lo que finalmente no se concretó- la directora del local, Marilú Sánchez, puso al tanto al Directorio de que los funcionarios evaluaban entregar la llave.En el Puertas -según lo decidido por la gremial y trasladado a la jerarca- no se van a aceptar más ingresos, a no ser que se produzca algún egreso. “No vamos a tener otro remedio que hacer eso (entregar la llave), más allá que nosotros querríamos evitarlo”, dijo López.Desacato y abandonoUn funcionario del Inau comparecerá hoy ante un juzgado penal acusado de desacato. “Lo vamos a ir acompañar con la asesoría legal, y plantearemos, como lo hemos hecho siempre, y en todos lados, que esta esa una medida sindical. Queremos cumplir con la disposición judicial, pero el problema es que no hay lugares para atenderlos”, indicó el presidente del sindicato del Inau. En cuanto a la situación en el Puertas, López dijo que el miércoles, al no permitirse el ingreso de un menor proveniente de una seccional de Canelones, el funcionario policial lo esposó y tiró en la puerta. Eso ameritó que el gremio denunciara ayer el caso al Directorio, que lo trasladará seguramente al Ministerio del Interior
Últimas Noticias, 27 de febrero

La renuncia de Mateo Méndez (El País)





Funcionarios del INAU detenidos en juzgados
Varios funcionarios del INAU se presentarán en el juzgado de Bartolomé Mitre en apoyo dos de sus compañeros que están a disposición judicial por desacato, al negarse a recibir a menores que debían ir, por orden judicial a hogares del organismo.
"Algunos compañeros fueron retenidos por muchas horas en el Juzgado", explicó a EL PAÍS digital, el dirigente del sindicato del INAU, Joselo López.
El sindicato realizará una Asamblea sobre las 10 de la mañana, para analizar la situación generada ayer. La decisión de la misma se basará en la decisión judicial de si procesa por desacato o no a los funcionarios. "Sería complicado emparejar esta situación", expresó López, aunque según el sindicalista los abogados asesores del gremio manifestaron que no era posible que se emitiera el auto de procesamiento.
CORRUPCIÓN. Sobre los comentarios expresados por el padre Mateo Méndez sobre corrupción dentro del INTERJ, Joselo López, señaló que no los comparten.
"Se refirió a las licencias médicas aduciendo que no eran del todo claras, aspecto que no compartimos porque están certificadas por profesionales. O me van a decir que un compañero con un corte en la garganta, como pasó, no puede tener licencia médica. Nosotros no cuestionamos decisiones de ningún profesional", afirmó López.
RELACIONAMIENTO. Con respecto a las versiones que decían que el relacionamiento entre el padre Mateo y los trabajadores no era bueno y que éstos últimos le hacían la guerra al religioso, el presidente del gremio de funcionarios del INAU sostuvo que eso no era así.
López señaló que no podían tener mala relación con el padre Mateo, principalmente porque su contacto directo no era con los funcionarios sino con los directores de los distintos hogares del INTERJ, "gente que han sido designadas a dedo y muchas veces por clientelismo político por las autoridades de la institución", dijo.
"Se refiere a todos los mandos medios, y es algo en lo que coincidimos. Como se hace todo en esta institución, han puesto el palo en la rueda en cosas que deberían resolverse fácil y eso nunca ocurrió", afirmó López.
PRESIDENCIA DEL INAU. Anoche la ministra Marina Arismendi acordó que Jorge Ferrando dirigirá momentáneamente al INAU, tras la renuncia indeclinable de Víctor Giorgi y el padre Mateo Méndez. Ferrando, junto a Cristina Álvarez integran el directorio del organismo.
"Sabemos que hay conversaciones para designar rápidamente a alguien en el lugar de Giorgi. No sabemos que va a pasar con eso pero esperamos que tomen la mejor decisión posible", finalizó López.
El País Digital, 27 de febrero

La renuncia de Mateo Méndez (la República)





El padre Mateo Méndez renunció al Interj; denunció hechos de corrupción
Dolido por la "falta de apoyo y de compromiso" de gran parte de los funcionarios del INAU, el padre Mateo Méndez renunció ayer a la Dirección del Interj. En otro orden, los menores a quienes se les inició procedimiento judicial están siendo alojados en las comisarías.
Méndez. El Interj "tiene mucho de enfermo, de perverso y de corrupción".
Seis meses después de haber asumido la conducción del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) y luego de que en los últimos días se registrara una serie de motines con varias fugas de menores, el padre Mateo y su equipo de colaboradores presentaron renuncia al Interj.
En rueda de prensa, Mateo Méndez dijo que la causa principal de su alejamiento del organismo fue "el hecho de que mucha gente no compartió la propuesta de poner al adolescente infractor en el centro de la atención".
"Las actitudes de adultos enlentecieron el trabajo e hicieron difícil poder avanzar, no se sumaron al proyecto quizás por intereses personales o grupales", señaló Mateo.
En este contexto, agregó que el Interj "tiene mucho de enfermo, de perverso y de corrupción" y, por tanto, el Instituto "tendría que hacer una mirada crítica y sincera hacia adentro y ver que no todos sus funcionarios están en la misma línea, en el camino de poner al menor infractor como centro de toda política de rehabilitación".
El ahora ex jerarca dijo también que "el poder político o sindical no debería de utilizar este espacio para recaudar beneficios personales o sindicales, porque lo que está en juego es la vida de los adolescentes".
Por su parte, el presidente del INAU, Víctor Giorgi, que acompañó al renunciante director del Interj a la conferencia de prensa, señaló que "las palabras del padre Mateo son de recibo" y adelantó que "entre mañana (por hoy) y el lunes estará pronto el decreto de esencialidad" para los trabajadores del INAU que por medidas gremiales no aceptan el ingreso de nuevos menores infractores.
Giorgi compartió las reflexiones de Mateo Méndez y dijo que "intereses económicos, gremiales y políticos" dificultan la posibilidad de llevar adelante una buena gestión en el Interj.
Giorgi criticó las presiones del sindicato para "levantar las sanciones" a trabajadores denunciados por malos tratos a menores y el hecho de que "se soliciten licencias médicas masivas en un mismo día".
Para el titular del INAU "hay normativas que son un obstáculo" para poder gobernar la interna del organismo.
Giorgi señaló que siempre contó con el respaldo del propio presidente de la República Tabaré Vázquez y de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
No obstante y aunque aclaró que "este no es un momento para abandonar el barco", subrayó que su cargo "siempre estuvo a disposición" del Poder Ejecutivo.

Trabajadores "duros"
En tanto, los funcionarios del INAU endurecieron las medidas de lucha y desde ayer no permiten el ingreso de ningún menor infractor a dependencias u hogares de la institución.
A raíz de esto, los tres adolescentes a quienes se les inició procedimiento penal en la tarde del miércoles por haber cometido diversos crímenes, como ser rapiñas, hurtos o arrebatos, fueron derivados desde el carcelaje existente en los juzgados de la calle Bartolomé Mitre (Ciudad Vieja) hacia las seccionales montevideanas. Uno de ellos fue a la Comisaría 5ª y el otro a la 14ª.
En tanto, a los tres jóvenes que también se les inició procedimiento penal en el mediodía de ayer, hacia la tarde permanecían aún en el carcelaje mientras se les buscaba un lugar en alguna seccional. Estos pertenecían a la afamada banda de "Los Planchitas", que fue atrapada por la Policía en la mañana del miércoles.
Todas las resoluciones judiciales fueron tomadas por el juez de Adolescentes, doctor Hugo Morales.
En otro orden, declararon ante la Justicia funcionarios tanto del hogar Desafío, por el motín y fuga de 20 menores sucedido el pasado lunes, como del hogar Puertas, donde también hubo un motín pero sin fuga el martes de esta semana.
Uno de los indagados quedó en calidad de emplazado y en la presente jornada deberá volver ante la magistrada en compañía de su abogado.
La República, 27 de febrero

jueves, 26 de febrero de 2009

"Burda maniobra política" del FA para tapar interna





Declaraciones de Alianza y UNA por ley de Caducidad
El pronunciamiento de la Asamblea General no tiene efecto jurídico sobre la ley de Caducidad. El Poder Legislativo carece de competencias para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las leyes. Una forma de distraer la atención política de la interna frenteamplista.
Estos son algunos de los argumentos que manejaron en forma coincidente Alianza Nacional y Unidad Nacional, en sendas declaraciones emitidas ayer. La de Alianza fue leída por el senador Sergio Abreu en la antesala de la Cámara de Diputados minutos antes de que sesionara la Asamblea General. La de Unidad Nacional fue leída en sala por el senador Francisco Gallinal, previo a que su bancada se retirara de la sesión.
Alianza Nacional, en una extensa declaración, consideró la actitud del Frente Amplio y del gobierno como "una nueva pirueta política", en particular porque el Poder Ejecutivo ya se pronunció sobre el mismo expediente el 7 de junio de 2005 y comunicó al Poder Judicial que el caso de Nibya Sabalsagaray estaba comprendido en la ley de Caducidad, lo que determinó el archivo del expediente por parte del juez. A la vez, se le señaló que "cambió de posición" y que se allanó a la pretensión de la Fiscalía.
La declaración agrega que hubo "un atropello al Estado de Derecho y a la soberanía popular" porque en 1989 esa ley fue ratificada en un referéndum. "Esto demuestra, una vez más, que para el gobierno y su fuerza política, la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios", dice la declaración de Alianza.
Además, afirma que se niega a participar de una "burda maniobra política" que "fue inventada para ocultar los serios cuestionamientos a la gestión de gobierno y las rencillas internas que lo han llevado a un nivel de confrontación imposible de disimular".
Recordó que desde entonces ha acatado la decisión popular y que por eso es renuente a prestarse a "una farsa política que degrada la estabilidad y credibilidad de las instituciones democráticas".
Como el resto del partido, Alianza dijo que el Frente Amplio ha tenido desde 2005 las mayorías necesarias para derogar la ley, pero que no lo ha hecho por las diferencias internas sobre el punto. "Antes de enfrentarse a la verdad, prefiere violar la Constitución, desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral", sostiene.
Además de anunciar que sus legisladores no concurrirían a sala, la bancada de Alianza subrayó que el Legislativo no es competente para pronunciarse en los procesos de inconstitucionalidad de las leyes, conforme lo dispone la Constitución.
La declaración concluye diciendo que "el gobierno desconoce los fundamentos básicos en que reposa el sistema democrático". En el campo jurídico, destacó el informe de la asesoría del Poder Legislativo en cuanto a que "se encuentra en condiciones fundadas de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva".
En tanto, Unidad Nacional declaró que "la inconstitucionalidad de una ley es competencia exclusiva del Poder Judicial", tras lo cual sostuvo que si el FA la considera inconstitucional, debió derogarla con sus mayorías, "sin necesidad de violar principios supremos como la separación de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial". Agregó que "el gobierno no tiene derecho a manipular las instituciones y debilitar permanentemente y con fines exclusivamente político electorales, el estado de derecho".
El País Digital, 26 de febrero

Una versión del circo montado por la ex-izquierda neoliberal





Ahora (la Corte de) Justicia
La Asamblea General se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad
Cuatro horas y cuarenta minutos bastaron ayer para discutir la constitucionalidad de una de las leyes más polémicas del ordenamiento jurídico uruguayo. La paulatina retirada de blancos y colorados abortó el debate sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y llevó al cuerpo a optar entre las mociones que quedaron planteadas sobre la mesa del presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa.
Es llamativo que el sitio del Poder Legislativo haya informado ayer
“Sin consecuencias culminó sesión de Asamblea General”, pero no hubo sorpresas: la bancada frenteamplista votó en bloque por apoyar la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la ley 15.848 para la investigación que busca establecer lo sucedido con Sabalsagaray. Los blancos se dividieron entre quienes optaron por no ingresar (Alianza Nacional, AN) y quienes prefrieron quedarse sólo un ratito (Unidad Nacional, Una).
Los colorados delegaron su voz en el senador Julio María Sanguinetti y el diputado Daniel García Pintos, el único de ese partido presente al momento de votar. La mañana comen-
La respuesta del presidente de la Asamblea General a la Suprema Corte de Justicia, allanándose a la exclusión de la Ley de Caducidad solicitada por la fiscal Mirtha Guianze para el caso del asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fue aprobada por 69 votos en 71 y hoy será comunicada oficialmente. La corte se pronunciaría antes de mitad de año.
Afuera no había un alma. Las anunciadas manifestaciones de la Plenaria Memoria y Justicia quedaron en eso. En las barras, poca gente.
Entre ellos, Macarena Gelman. Inquietos, frenteamplistas, colorados y el independiente Iván Posada esperaban alguna señal desde el Partido Nacional. Pasadas las 10.30, hora .jada para la Asamblea General, los diputados Gustavo Borsari y Carlos Mazzulo ingresaban para votar el levantamiento del receso y ganar tiempo con un cuarto intermedio.
Fractura expuesta
Pero el consenso finalmente se frustró: mientras que para el lacallismo era imperioso “dar la batalla”, para AN había temas más importantes en los que concentrarse. No obstante, el sector liderado por Jorge Larrañaga convocó a una conferencia de prensa para difundir una
declaración en la cual reitera la “incompetencia” del legislativo, acusa a la Fiscal del caso, Mirtha Guianze, de carecer de “legitimación activa”, y califica la convocatoria de ayer de “pirueta política”, “burda maniobra política” y “atropello al Estado de Derecho”. También denuncia que para el socialismo “la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios” y se hace eco del “legado intemporal de Wilson Ferreira”, algo que su hijo, Juan Raúl Ferreira, había pedido expresamente que no se hiciera.
Agotado el cuarto intermedio, sobre las 11.30 el timbre anunció las 11.30 el timbre anunció el comienzo de la sesión. Nin explicó el motivo de la convocatoria y dio a conocer una carta de los abogados integrantes de la Asesoría Jurídica del Parlamento con la que desmienten presiones del socialismo respecto del informe elaborado sobre la constitucionalidad de la ley. Luego, el senador frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio) abrió el debate con una fuerte defensa de la inconstitucionalidad y constantes
referencias al contraste entre la sesión de diciembre de 1986, en que los legisladores votaron “bajo presión”, y la de febrero de este año, en la cual -dijo- “se vive un nuevo tiempo de justicia”.
La contraofensiva llegó nada más ni nada menos que del en ese entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien defendió el carácter “pacificador” de la normativa, así como su “presunción de constitucionalidad”.
Para Sanguinetti, la norma evitó “un Ejército en permanente estado de sublevación”.
Posteriormente fue el turno de Francisco Gallinal, senador de
Una, quien respondió a Michelini, que había acusado a los blancos de “lavarse las manos” con su retirada de sala. “Este gobierno lleva cuatro años lavándose las manos porque tiene las mayorías para derogar la Ley de Caducidad y no lo hace”, lanzó Gallinal, quien durante
su intervención dio lectura a una declaración de su sector acusando al gobierno de “manipular las instituciones y debilitar permanentemente y condiciones exclusivamente
político-electorales el Estado de Derecho”. Y, al igual que AN, refirió al “aporte generoso” de Ferreira Aldunate.
Lejos de dar la sorpresa, el senador Luis Alberto Heber -que esta semana se mantuvo dubitativo entre apoyar la inconstitucionalidad o acompañar al resto de su partido- se limitó a defender el ingreso a sala de su agrupación y cuestionar el Pacto del Club Naval. Heber acusó al Frente Amplio de abandonar la movilización popular conjunta con el PN para derrocar la dictadura a cambio de pactar con los militares, e intimó al gobierno a excluir de la Ley de Caducidad “desbordes inaceptables”, como el caso de “los vuelos de la muerte”.
Un clásico
El debate cobró intensidad de la mano de una calórica intervención del diputado Daniel García Pintos (Lista 15), quien denunció al gobierno y a “las autodenominadas organizaciones de derechos humanos” de construir “un andamiaje de odio, revancha y venganza contra quienes derrotaron militarmente a la subversión”. García Pintos recordó a “el entrañable Pascasio Báez” y a “aquella limpiadora del Bowling que le pusieron una bomba y le tiraron una plancha de hormigón por la cabeza”, quienes -dijo- “no forman parte de la memoria”.
A su cruce salió el frenteamplista senador Eleuterio Fernández Huidobro, quien, tras señalar: “Si a todos los presos los llamamos subversivos al .nal estamos torturando el idioma”, aclaró que “Nibia [Sabalsagaray] no era guerrillera”. Sus palabras recogieron la adhesión de su colega de bancada y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, quien una vez .nalizada la sesión recordó “la historia de Nibia Sabalsagaray, una estudiante del Instituto de Profesores Artigas, hija de modestos trabajadores textiles, profesora de Literatura que un día fue detenida y a las pocas horas asesinada en la tortura”. Por pintar, sobre un muro, “Abajo la dictadura”
La Diaria, 26 de febrero

Un ultimátum al directorio del INAU





Menores infractores. Luego de dos motines y una fuga masiva la tensión va en aumento Los funcionarios piden que se redistribuyan internos o entregan la llave Retornaron dos evadidos Hugo Morales: dice que bajaron las internaciones
Si para el viernes las autoridades de INAU no disminuyen la cantidad de internos del Hogar Puertas, los funcionarios se retirarán y entregarán las llaves. Ése fue el ultimátum lanzado ayer luego que la tensión llegara a su pico máximo.
"En cualquier momento se complica de nuevo", pronosticó uno de los funcionarios del Interj, el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil. Y se refería a la situación en el Hogar Puertas, donde se suscitó el último motín controlado en la noche del martes.
El punto de quiebre fue ayer con el ingreso de adolescentes infractores por encima del cupo del Centro de Internación Transitoria (conocido como CIT-Puertas). Los funcionarios aseguran que ese sector del Puertas posee una capacidad locativa de tan solo para 12 internos. Ayer había 14. El crecimiento por encima de los límites inquietó a los funcionarios que se recuperaban de la tensión vivida en la noche del martes cuando 20 internos se amotinaron
Por la tarde se improvisó una asamblea de los funcionarios del Interj en el recinto del Puertas. Y la decisión fue unánime, según contó uno de los funcionarios: "se resolvió dar un plazo hasta el viernes (mañana) en la tarde para volver al cupo de 12 del CIT-Puertas, si eso no ocurre se entrega la llave. Pero también se decidió que si antes del viernes se produce el ingreso número 15, ahí mismo ya se entregaba la llave".
En el Hogar Desafío, en tanto, de donde fugaron 20 internos en la noche del lunes, reinaba la calma. Dos de los chicos evadidos retornaron voluntariamente. Luego de pasar por las evaluaciones de orden, serán reintegrados al mismo centro, explicó el presidente del INAU, Víctor Giorgi. Hasta ahora las autoridades no dieron con el resto de los internos fugados.
efecto "contagio". La investigación en torno al motín en el Puertas aún no concluyó. No obstante, Giorgi, dijo a El País que uno de los factores que disparó el incidente fue el "contagio" del episodio registrado en el Hogar Desafío.
Giorgi indicó que hay varios factores que jugaron para detonar el motín. "En un orden está, como telón de fondo, la sobrecarga de chiquilines que había en el Puertas, que es un lugar donde generalmente es de tránsito, están a la orden del juez, el juez toma resolución y entonces pasan a establecimientos de permanencia, en su mayoría son los que van a la Colonia", explicó el jerarca.
Y el otro factor fue la fuga masiva del Hogar Desafío. "Ellos tomaron conocimiento, entre otras cosas por los propios medios de comunicación y, bueno, eso generó como una especie de modelo a imitar. Esto sucede; además tengamos en cuenta que esta población tiene muchos vínculos entre sí, hay hermanos, hay familiares comunes, se corren muy fácilmente las noticias, este es otro elemento", indicó.
Giorgi agregó que no tuvo ninguna queja de la intervención policial y que tampoco se registraron destrozos durante el motín en el Puertas.
El presidente de INAU explicó también por qué cree que muchos de los 20 adolescentes evadidos del Hogar Desafío retornarán voluntariamente, como de hecho ya lo hicieron tres de ellos.
"La experiencia indica que cuando hay una situación colectiva hay muchos chiquilines que se suman sin valorarlo demasiado. Incluso sienten que no tienen libertad de decir no, yo no me sumo, sienten como una especie de lealtad al colectivo al cual acompañan", señaló Giorgi.
Y también se refirió a las razones que pesaron para que otros cuatro internos, que habían participado del motín pero a último momento decidieron quedarse, obraran de esa forma.
"De los cuatro muchachos que se quedaron en el hogar, dos de ellos saben que salen la semana próxima, entonces, tuvieron una actitud diferente, pero otros no logran tenerla y a veces se dejan arrastrar o piensan que volviendo a la casa con los padres, bueno, eso tal vez cambie o se logre algo", dijo.
superpoblados. Con matices, tanto el directorio del INAU como el sindicato de funcionarios del organismo, coinciden en que el sistema de centros de contención para infractores está desbordado. De hecho, la internación por encima del cupo locativo es el disparador para el ultimátum lanzado por los trabajadores. En este sentido Giorgi informó a El País que para fines de abril o primeros días de mayo se espera contar con dos nuevos locales de internación para infractores.
Uno de ellos es el Hogar Sarandí, un local existente dentro de la Colonia Berro, y que estaba en desuso desde hace varios años. El otro centro es el ubicado en la calle Chimborazo, donde se encontraba el Hogar Desafío que ahora funciona en General Flores y Bulevar Artigas. "Son dos espacios importantes, donde se supone que alcanzaríamos los cupos que nos están faltando", indicó Giorgi.
Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra trabajando en las obras de refacción de ambos locales. Se estima que tendrán una capacidad para no más de 20 internos.
"La experiencia nos muestra que centros con más de 20 son complicados de manejar y generan conflictos con mucha más frecuencia que los que están en números más bajo", explicó el jerarca.
Ello contemplaría una de las reivindicaciones de los funcionarios del Interj. La otra tiene que ver con el ingreso de unos 100 funcionarios calificados.
Este planteo será el que llevarán hoy los funcionarios de INAU al secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. En este sentido, el dirigente del sindicato, Joselo López, indicó a El País que había existido "concordancia" con el directorio de INAU para aumentar los cuadros técnicos.
Sin embargo, al ser consultado Giorgi sobre este extremo, si bien dijo compartirlo se mostró escéptico en cuanto a su concreción.
"El INAU no tiene presupuesto para nuevos ingresos, pero tal vez el Ejecutivo tenga algún mecanismo para habilitarlos", apuntó.
Mientras esto sucede, la tensión permanece. Al aumento de la cantidad de menores internados, señalaron desde el sindicato, se suman las licencias del personal de varios centros del Interj, en muchos casos por orden médica. Secuelas de la tensión que se vive, por estas horas, en el sistema penal juvenil.
Medidas que se aplican en Interj
En la Memoria Anual 2008 del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) se indica que el 37% de la población que atiende el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) cumple medidas de privación de libertad, en tanto que el 63% cumple con medidas no privativas. La población total de menores en la órbita del Interj era de 449 a diciembre de 2008. Para los adolescentes privados de libertad, en su mayoría alojados en la Colonia Berro, se cumplen programas educativos a cargo de un cuerpo de diez profesores de Enseñanza Secundaria que asisten semanalmente. En el ejercicio anterior se rindieron y aprobaron 81 exámenes. También se informa que en 2008 se triplicó el número de acreditados en Enseñanza Primaria; 93 jóvenes concluyeron este ciclo el año pasado. Por otra parte, aumentó en un 50% la actividad registrada en talleres de fotografía y computación, realizados mediante convenios con asociaciones civiles.
Las cifras
12 es el cupo de internos para el Centro de Internación Transitoria del Hogar Puertas del INAU, sobrepasado según el sindicato.
128 era la cantidad de adolescentes privados de libertad en el Interj a diciembre de 2008. La cantidad aumentó en estos dos meses.
Juez sostiene que las fugas son constantes
El juez de Adolescentes de Primer Turno, Hugo Morales, fue quien ordenó la internación de un adolescente en el Hogar Desafío el domingo pasado. Ello fue rechazado por el director del centro, lo que tensionó, a juicio de los funcionarios, la situación dentro de ese local. El magistrado, por su parte, defendió su postura e incluso juzgó que algunos centros del instituto son poco eficaces en la aplicación de medidas de seguridad para infractores.
"Nosotros no podemos depender de la capacidad que tenga o no el INAU para disponer una medida de privación de libertad. El Estado tiene el monopolio de hacer cumplir la medida de privación de libertad, tanto sea en adultos como en menores", dijo Morales a El País.
El juez especializado agregó que, según la información de la que dispone, la población de infractores es menor que en épocas pasadas.
"En años anteriores había muchos más adolescentes con medidas de privación de libertad que ahora. Sin embargo, tenemos fugas permanentes, todas las semanas hay fugas y reintegros y eso da lugar a todo un trasiego que crea problemas: paraliza expedientes, obliga a crear nuevas causas y hace, en general, que las cosas sean más negativas", sostuvo.
A juicio del magistrado el número de menores infractores privados de libertad es, incluso sensiblemente más bajo. "El Hogar Ser, por ejemplo, en otros años llegó a tener 120 chicos hoy tiene 15", argumentó.
Morales atribuyó la disminución de privados de libertad a la aplicación del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. La normativa apela a medidas de libertad asistida, medidas educativas, o sustitutivas.
El juez indicó que, con la aplicación del nuevo código, hay delitos que ya no se sancionan ni en el Código Penal ni en el de Niños y Adolescentes. En concreto los llamados delitos de menor cuantía, como por ejemplo la tipificación de tentativa de hurto.
Por otra parte, cuestionó la forma en que se analizan las medidas de internación de menores. "Existe una confusión, se considera que el número define cómo se cumple con una medida como la privación de libertad. Pero al analizar las estadísticas lo que hay que ver de esos tantos casos qué fundamentos tuvo el juez para aplicar esa privación de libertad", indicó.
"Al excluirse ciertas conductas y quedar los delitos más graves, influye en las conclusiones", añadió el juez.
El País Digital, 26 de febrero

Cepal: Uruguay presenta dificultades con pobreza





Uruguay presenta este año dificultades para reducir la pobreza y mejorar los niveles educativos de la población, según un informe difundido hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A finales de 2008 Uruguay mostró un cumplimiento adecuado de las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, sin embargo ahora tiene dificultades para cumplirlas, destacó el estudio del organismo "Programas sociales y transferencias de ingresos en Uruguay: los beneficios no contributivos y las alternativas para su extensión". La Cepal analizó los programas sociales y de transferencia de ingresos implantados en esa nación sudamericana desde inicios de la década de 2000, a través de los cuales se buscaba identificar a los grupos de población no cubiertos por el Plan de Equidad Social implementado en 2008. Este plan incorporó un conjunto de políticas permanentes, cuya finalidad era funcionar como sostén de recursos para los hogares con menores ingresos a través de transferencias de origen no contributivo. En lo particular se valoró el impacto de la ampliación de la Tarjeta Alimentaria, un mecanismo de transferencias monetarias que se utiliza como herramienta para brindar flexibilidad al sistema de protección social, la cual permite ajustar la cobertura y los montos transferidos en plazos reducidos. Según la Cepal, "Uruguay enfrenta el desafío de avanzar en términos de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema de transferencias diseñado como dispositivo específico para reducir la exposición a la privación de los hogares en situación vulnerable". Dice el informe que se ha presentado un impacto moderado sobre la pobreza y han disminuido significativamente la indigencia, sin embargo en ausencia de intervenciones más vigorosas, las metas nacionales educativas y de pobreza difícilmente podrán cumplirse.
Últimas Noticias, 26 de febrero

Corralito: 7,5% de los habilitados se cambió





A dos días del cierre del corralito solo se cambió de mutualista un 7,5% de los 200.000 habilitados. Entre las instituciones que más socios captaron estaría la Asociación Española, Médica Uruguaya y Cosem.
Hasta ahora 15.000 personas optaron por trasladarse de mutualista, de los cuales 14.600 son activos y solo 400 (2,6%) pasivos. Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) se traspasaron 6.600 personas (46%) que habían sido asignadas a Salud Pública de oficio. Si bien los afiliados al sistema mutual pueden optar por Asse en cualquier momento, durante el lapso de apertura del corralito el prestador público recibió 229 ingresos. Según pudo saber Ultimas Noticias, entre las mutualistas que más captaron socios estaría la Asociación Española, la Médica Uruguaya y Cosem. Esta última no registró bajas por ser la mutualista más joven del país (no posee socios con más de 10 años de antigüedad).De acuerdo a datos aportados a este matutino cerca del 40% de las 15.000 personas que optaron por cambiarse de servicio asistencial pasaron a ser afiliadas de la Médica Uruguaya.Cosem también recibió muy buena cantidad de asociados. El director de la mutualista, Álvaro Huarte, dijo a Ultimas Noticias que se captaron hasta ayer unas 2.000 personas. En tanto, el presidente del Plenario de Mutualistas, Antonio Durán, señaló que los cambios fueron muy escasos dentro de Impasa, SMI, Cudam, Gremca y Universal. Según Durán, un promedio de 250 socios se afilió a ellas y no se registraron bajas significativas. En tanto en el Casmu la pérdida real de afiliados fue de 1.200 personas. Desde la apertura del corralito ingresaron 2.000 nuevos socios y se fueron 800, según informó la directiva de la institución al movimiento de usuarios en el último consejo consultivo. Los casos de afiliados Fonasa que no fueron comprendidos dentro de la apertura del corralito mutual serán analizados individualmente por la Junta Nacional de Salud (Junasa) en marzo. Hasta el sábado, los afiliados Fonasa con más de 10 años de antigüedad podrán hacer personalmente el cambio de mutualista. Por otro lado, a partir de marzo se comenzarán a revisar los casos de personas que no estaban dentro del grupo de habilitados para trasladarse. La presidenta de la Asociación de Usuarios de la Salud (Aduss), Eloísa Barreda, señaló a Ultimas Noticias que se registraron muchas quejas de socios Fonasa que al llamar al número telefónico de consultas solo recibían la negativa, sin brindarle ninguna explicación al respecto.
Últimas Noticias, 26 de febrero

miércoles, 25 de febrero de 2009

El circo frenteamplista por la Caducidad de la pretensión punitiva del Estado





Blancos rechazan debatir ley de Caducidad con el Frente
El Parlamento se pronunciará hoy a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad solo con los votos del Frente Amplio. Los blancos optaron por no debatir con el gobierno por considerar que se trata de una “maniobra política”.
Caducidad es sometida a cambios, también podrá correr la misma suerte la norma de amnistía que contempla a los tupamaros. “Si vamos a toquetear una, alguien va a pensar que hay toquetear la otra también”, dijo. En representación del Partido Independiente, el diputado Iván Posada anunció que su voto también será negativo pese a que considera que la ley efectivamente es inconstitucional. Sin embargo, Posada dijo que como el Parlamento no debería emitir una opinión sobre un tema que le corresponde a la Justicia, su voto ante la consulta de Nin Novoa será negativo. A pesar de las fuertes críticas desde la oposición, desde el Frente Amplio el senador Rafael Michelini se mostró confiado que será “un día histórico” para el futuro del país porque los representantes de los ciudadanos darán su opinión sobre la constitucionalidad de una norma que la izquierda considera un “vergüenza” para el país.Ruibal: “Lo usual es que conteste Jurídica”Los abogados de la asesoría legal del Parlamento deberán dar explicaciones hoy a las 8 acerca del informe solicitado por el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, según publicó ayer el diario El País. Esta citación llega luego de que el senador Julio Lara (Alianza Nacional) denunciara ”presiones” sobre el informe en el que los letrados aseguraron que la ley era constitucional. En referencia a este tema, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal, dijo a Ultimas Noticias que usualmente cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad de una ley, quien suele dar respuesta al traslado a nivel legislativo es la División Jurídica del Parlamento. De todos modos, Nin decidió convocar a la Asamblea General y serán los legisladores quienes den su visión sobre el tema. Por su parte, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) negó que haya existido cualquier tipo de presión y dijo que cuando la Suprema Corte de Justicia consulta al Parlamento deben responder los legisladores ya que la decisión no la debe tomar un departamento jurídico. Desde del MPP, la senadora Lucía Topolansky defendió que se convoque al mayor órgano legislativo. “Recién ahora nos vinimos a enterar que muchas veces el Poder Judicial había consultado a la presidencia de la Asamblea General por otros temas en legislaturas anteriores, así que nos alegramos que esta vez el presidente de la Asamblea tenga la deferencia de consultarnos”, dijo.
Últimas Noticias, 25 de febrero



Parlamento debate Ley de Caducidad
En Asamblea General, el Frente Amplio planteará que la ley sea declarada inconstitucional
Este miércoles desde las 10:00 horas sesionará la Asamblea General para analizar en régimen de Asamblea General, que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional. La instancia fue convocada por el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa.
El Partido Nacional maneja la posibilidad de que la mayoría de sus representantes en el Parlamento no se presenten en sala, dejando así en manos del Frente Amplio la responsabilidad de habilitar un nuevo debate sobre la ley.
La polémica sobrevuela la convocatoria de este miércoles, luego que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consultara al Ejecutivo y al Legislativo si es pertinente o no aplicar la ley ante una denuncia por el caso Nibia Sabalsagaray.
La discusión sobre la Ley de Caducidad es recurrente desde la vuelta a la democracia –la norma se aprobó en 1986 con la fuerte oposición de la izquierda- y en esta oportunidad tendrá otro condimento ya que el nacionalista Julio Lara denunció presiones para que el Departamento de Jurídica del Parlamento indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional.
Pero antes de que se reúna la Asamblea, los abogados que integran la asesoría jurídica del Poder Legislativo serán llamados para que brinden explicaciones sobre el informe que remitieron al presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, en el que se afirmó que la ley era constitucional. Según indicó el senador Lara, existieron presiones a los abogados para que se expidieran en el mismo sentido del Poder Ejecutivo, que ante la consulta de la SCJ señaló que la ley era inconstitucional. Lara indicó que se intentará conocer si dentro del informe remitido a Nin Novoa algún abogado indicó que la ley era inconstitucional.
Por su parte el senador frenteamplista, Rafael Michelini (Nuevo Espacio), opinó que se está muy cerca la anulación de la Ley de Caducidad. Este martes en declaraciones a radio Uruguay el legislador dijo que esta situación puede llegar marcada por una posición de la SCJ, por expresión parlamentaria o por las firmas para que se plebiscite en octubre de 2009. “Estamos muy cerca de que la Ley de Caducidad se termine anulando”, reflexionó el legislador.
Michelini aventuró que durante el tratamiento del asunto en la Asamblea General, se dará un importante debate, en el que “los voceros de la oposición tratarán de defender la Ley”.
La SCJ consultó al Poder Legislativo sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze, en el marco de la causa que investiga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974.
(Observa), 25 de febrero


Tensión ante Asamblea General
El PN no entrará al debate en la Asamblea General por la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, en tanto sí lo harán el PC y el PI. Jóvenes del FA convocan a manifestación.
La convocatoria realizada por el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa para discutir la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso específico de la militante comunista Nibia Sabalsagaray levantó polémica en pleno año electoral entre el gobierno y los partidos de la oposición.
Un relevamiento realizado por El Espectador en todos los partidos y sectores concluye que el número para impulsar la Asamblea está.
El Frente Amplio (FA) tiene mayoría simple para levantar el receso, y la convocatoria a la Asamblea General se completa con los ingresos del Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI).
En la oposición hay coincidencia absoluta que la convocatoria no es pertinente porque el Poder Legislativo no tiene competencia para opinar sobre el tema y se respaldan en lo que señala la propia fiscal Mirtha Guianze, el fiscal de Corte Rafael Ubiría y la Dirección de Jurídica del Parlamento en el entendido que el Poder Legislativo no tiene que opinar sobre el punto.
Los matices entre los partidos de oposición se dan por la conveniencia o no de ingresar a sala.
En el PC sus legisladores ingresarán a sala y darán debate pero se retirarán antes que se someta a votación cualquier moción por entender que no correspondía haber convocado a la Asamblea General.
El senador Isaac Alife dijo que el Parlamento no tiene legitimación para pronunciarse porque no es actor en este caso. Sin embargo, no dejarán el hemiciclo libre para que el FA politice el tema, tal como ocurrió en Venezuela, según expresó el legislador. “El Partido Colorado decidió que va a entrar a sala, como siempre entró a sala y va a dar debate como siempre tiene que dar debate en el juego democrático. No nos parece razonable no estar. Nos parece algo del estilo que hizo la oposición de Chávez en su momento, que le regaló la cancha y dejó con el 100 por ciento del Parlamento a los chavistas. Está claro que el Parlamento no tiene nada que hacer en esto. Está claro que ni siquiera la fiscal Guianze en su pedido indica al Parlamento como actor con legitimación pasiva; de hecho, dice que no la tiene. Lo mismo el fiscal de Corte, el doctor Ubiría. Y lo mismo dice la Jurídica del Poder Legislativo. Por lo tanto, todo esto es un mero ejercicio político que lo único que hace es desprestigiar al Parlamento en el fondo de los hechos”, indicó.
En el Partido Nacional (PN), si bien existieron visiones diferentes entre los sectores más fuertes, Unidad Nacional y Alianza Nacional, sobre la conveniencia de entrar, el tema quedó cerrado.
El coordinador de bancada, Sergio Abreu, confirmó a El Espectador que los nacionalistas entienden que el Poder Legislativo no es parte en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. También coinciden en que la Fiscalía no tiene legitimación para actuar en una causa.
Abreu agregó que la situación fue forzada por claros designios políticos del gobierno.
Los blancos elaboraron una declaración de tres puntos donde todos coinciden. La misma habla de la inconveniencia de convocar a la Asamblea, señala que si el FA quiere derogar la ley, tiene mayorías para hacerlo y culmina diciendo que los blancos no se prestarán a una burda maniobra del FA, que quiere distraer la atención de la opinión pública sobre sus propias diferencias internas, reeditando un debate que ya fue laudado por la ciudadanía en 1989. “No podemos comparecer en una instancia en el que el Poder Legislativo, reconocido por todos, no es parte de un proceso constitucional. Tampoco es bueno que nosotros comparezcamos en una instancia donde vamos a discutir 35 años para atrás, en vez de estar discutiendo 35 años para adelante. Esto significa que vamos a perder el tiempo y no nos podemos prestar a una burda maniobra política que lo que está buscando es disimular las dificultades que este gobierno y las retensillas internas que tiene el partido, que son de todos conocidas. Y, en ese sentido, lo que a nosotros no nos parece compartible, por eso no lo vamos a hacer, es comparecer en una Asamblea General, donde el Frente Amplio ha elegido este camino para violar la Constitución y desconocer la soberanía popular. Porque esto se trata de un plebiscito que fue claramente definido en 1987 y, entre otras cosas, manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral”, señaló.
Lo que no definió aún el Partido Nacional es si lee la declaración en conferencia de prensa fuera del hemiciclo o ingresan a sala, leen la declaración y se retiran.
Eso se definirá en una reunión a las 9.00 de la mañana de la bancada nacionalista.
El diputado Iván Posada sostiene también que no es pertinente la convocatoria, pero ingresará a dar debate y votará en contra cuando se plantee la inconstitucionalidad. “Un debate que tiene, indudablemente, muchas aristas. Para empezar, nos preguntamos si una fiscal tiene, en definitiva, legitimación activa para plantear algún recurso de inconstitucionalidad como el que se ha planteado. Y, si a este respecto, el titular del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en sí que es, en definitiva, de quién depende esa fiscal, después puede ser consultado por la Suprema Corte de Justicia como una contraparte de su propio recurso. Parece que allí hay por lo menos aspectos cuestionables”, indicó.
El senador del FA Rafael Michelini opinó que la Ley de Caducidad es inconstitucional, por lo que en la Asamblea General los legisladores del gobierno apoyarán el recurso presentado por la fiscal Mirtha Guianze a la Suprema Corte de Justicia.
Michelini sostuvo que, si bien no le compete al Parlamento definir sobre la constitucionalidad de las leyes, la Suprema Corte solicitó que se expida para esta causa, por lo que así debe hacerse.
Agregó que la izquierda de este país mantiene una posición común sobre la inconstitucionalidad de esta Ley, pero sostuvo que incluso si hubo diferencias, no sería un problema a ocultar. Asimismo, aseguró que hay que contestar la consulta enviada por la Suprema Corte de Justicia al Parlamento.
Sobre la posibilidad de que la oposición se retire a la hora de votar en la Asamblea General, el legislador dijo que cada partido se aferrará a su bandera al momento de enfrentar lo que consideró un momento histórico.
Además, sostuvo que si bien no le compete al Parlamento definir sobre la constitucionalidad de las leyes, la Suprema Corte solicitó que se expida para esta causa, por lo que así debe hacerse. “Que la fiscal no pide la opinión del Parlamento, no hay duda. Que el procurador del fiscal tampoco lo pide, no hay duda. Pero la Corte sí lo manda. Entonces, el presidente de la Asamblea General puede decir: ‘Bueno, me lavo las manos, no opino, no respondo, respondo que no tengo opinión’. O, en la medida que también estamos ante un pronunciamiento político, el presidente de la Asamblea General dice: ‘Miren, independientemente de que yo no tenga potestades de declarar en cada caso la inconstitucionalidad de la ley o no, yo creo que es inconstitucional’. Y, antes de informar eso al Poder Judicial, informa a la Asamblea General de lo que va a hacer”, informó.
Por su parte, la Comisión Nacional de Jóvenes del FA convoca a través del Facebook a concentrarse este miércoles en las afueras del Parlamento, mientras la Asamblea General debata la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Este sitio Facebook creó un evento que llamó "Al Parlamento todos contra la impunidad". El texto señala: "Este miércoles 25 a partir de las 10 horas a rodear el Parlamento todos contra la impunidad cuando el Parlamento discuta la inconstitucionalidad de la ley de caducidad
El Espectador, 25 de febrero


El día menos pensado
La Asamblea General discute hoy si la Ley de Caducidad es constitucional
El oficialismo buscará centrar el debate en un pronunciamiento político acerca de la impunidad de policías y militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura. La oposición acusará al Frente Amplio
Llegó el día. A 22 años, dos meses y tres días de la madrugada del lunes 22 de diciembre de 1986, cuando la Cámara de Representantes aprobó la Ley Nº 15.848, “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el debate sobre la impunidad de los crímenes cometidos por policías y militares durante la pasada dictadura volverá a calentar el mármol que envuelve al Palacio Legislativo.
Reunida en sesión extraordinaria, la Asamblea General analizará desde la hora 10 la nota que el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, en su carácter de presidente del máximo órgano legislativo, enviará a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en respuesta a la solicitud remitida días atrás por el Poder Judicial, en la que se pidió al Parlamento -igual que al Poder Ejecutivo- su opinión acerca de la constitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de
Caducidad. La consulta se realizó con motivo de que la SCJ debe pronunciarse sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por la .scal Mirtha Guianze, por el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray.
El procedimiento, tan atípico como la ley sobre la cual se discutirá, pasó de los corrillos a la escena pública luego de que el Ejecutivo resolvió, hace una semana, en Consejo de Ministros, remitir a la SCJ una nota armada por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que “acepta el planteo de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal”. y la fiscal Guianze de llevar adelante un operativo político.
El presidente del Frente
Torcer o enderezar
En medio del último y decisivo tramo de la campaña de recolección de armas por una reforma constitucional que declare nula la Ley de Caducidad, y en momentos en que el Ejecutivo ha decidido buscar restos de detenidos desaparecidos en nuevos predios militares,
la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y de sus ministros sorprendió a todos.
Y centró la expectativa en el proceder que adoptaría el Poder Legislativo ante la consulta de la SCJ. La incógnita se despejó el jueves de la semana pasada, tras una extensa reunión de los coordinadores de la bancada frenteamplista: el socialismo resolvió poner a consideración de todos los legisladores la posición de que la Ley 15.848 es
inconstitucional.
Ese mismo día, el debate fue agitado por el contenido de un informe elaborado por la División Jurídica del Parlamento, en el cual se sostiene una posición distinta a la del oficialismo. Los autores de ese texto afirman que el Poder Legislativo “se encuentra en condiciones fundadas de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva” (porque no le correspondería pronunciarse sobre su propia decisión de 1986), y que “la jurisprudencia de la SCJ nos muestra que en casos similares esta corporación ha fallado por unanimidad a favor de la constitucionalidad de la ley 15.848”. Para la oposición, ésa debe ser la respuesta. Para los parlamentarios frenteamplistas, se trata de algo más importante.
“O nos callamos o hablamos. Yo no me voy a lavar las manos, tampoco me voy a callar”, expresó a la diaria el senador frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio), en referencia a los caminos que tiene por delante el Parlamento una vez recibida la consulta
del Poder Judicial. “La que pregunta es la Suprema Corte, y el Poder Legislativo, mediante la reunión de sus miembros elegidos democráticamente, es a quien corresponde responder”, sostuvo Michelini, quien cali.có a la jornada de hoy de “histórica”. Para la izquierda, la votación de hoy es algo más que un simple trámite parlamentario. Para la oposición, en cambio, se trata de un intento de “torcer una ley que llevó a la reconciliación y que el pueblo consagró con su voto”, según dijo a la diaria Gustavo Espinosa, coordinador de la
bancada del Partido Colorado. El legislador aseguró que esa fuerza política ingresará a sala a defender la constitucionalidad de la Ley de Caducidad y cali.có de “poco feliz” la decisión de la SCJ de consultar al Parlamento. En la bancada colorada, una voz destacará hoy del resto: la del ex presidente Julio María Sanguinetti, principal impulsor de la norma sobre la cual estará abierto el debate.
No pero sí pero no
El presidente de la bancada del Partido Nacional (PN), Sergio Abreu, intentaba ayer sin éxito zanjar las diferencias entre el Herrerismo y Alianza Nacional (AN) respecto de la posición que debe adoptarse ante la convocatoria a la Asamblea General. Para Abreu, la reunión de hoy “encubre una maniobra política para violar la Constitución, desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con fines electorales”.
A diferencia del Herrerismo, en AN predomina la idea de no ingresar a sala y, en cambio, presentar una declaración en la cual -al igual que en el informe de la División Jurídica- se afirma que el Parlamento es “incompetente” a la hora de fijar posición sobre este punto, se señala que si el Frente Amplio así lo desea puede derogar con sus propios votos la Ley de Caducidad, y se apela al artículo 258 de la Constitución para sostener que la fiscal Mirtha
Guianze no tiene “legitimación activa” para realizar su petición, ya que carece de un interés “directo, personal y legítimo” en la materia.
Este último punto es compartido por el Partido Independiente (PI), cuyo diputado Iván Posada presentará ante el cuerpo un proyecto de declaración por el cual el Parlamento se declararía “incompetente”. A diferencia del PN, en el PI se considera que la Ley de Caducidad es “inconstitucional”, pero se tiene “pleno convencimiento” de que “no es el Poder Legislativo el que tiene que expedirse sino la SCJ”, según expresó Posada a la diaria.
Con esta idea, a grandes rasgos, también se identifica el senador herrerista Luis Alberto Heber, que en conversación con la diaria dijo ayer que la propuesta de AN será discutida poco antes de la sesión, sobre la hora 9, en la reunión de bancada.
La posición de Heber, quien aún se debate entre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, por la existencia de “nuevos elementos” que “cambian el escenario” de 1986, será una de las grandes incógnitas de una sesión en la cual 130 senadores y diputados deberán decidir, una vez más, si es mejor cruzar con la amarilla
que con la verde.
La Diaria, 25 de febrero


Caducidad: sube la tensión entre el FA y oposición previo al debate
Blancos. Alianza decidió no ingresar a sala y prepara dura declaración
Bajo un marco de tensión entre el oficialismo y la oposición, la Asamblea General debatirá hoy sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, vigente desde 1986. La sesión -convocada a instancia del Frente Amplio- comenzará a la hora 10.30
La Asamblea General responderá así a una consulta de la Suprema Corte de Justicia, sobre una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad promovida por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibya Sabalsagaray, militante comunista muerta en 1974 en una unidad militar.
El Poder Ejecutivo ya comunicó a la Corte su posición favorable a la inconstitucionalidad de la ley. Los legisladores del Frente Amplio consideran, al igual que el Poder Ejecutivo, que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad son inconstitucionales. El pronunciamiento del Legislativo no será vinculante y la última palabra sobre la constitucionalidad o no de la ley la tendrá la Suprema Corte de Justicia.
La reunión de la Asamblea General se realizará bajo un clima de antagonismo entre oficialismo y oposición, alimentado por la polémica sobre denuncias de presiones del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa a la división Jurídica del Poder Legislativo, y en medio de un panorama donde cada fuerza política tiene argumentos jurídicos y políticos encontrados.
Entre los blancos, Alianza Nacional y Unidad Nacional, más allá de que ambos sectores coinciden en que el Poder Legislativo no debe pronunciarse sobre este pedido de la Corte, disienten en cómo manifestarse ante la "improcedente" convocatoria del Frente Amplio a la Asamblea General. El sector Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, decidió no ingresar a sala y dar a conocer una declaración muy crítica hacia el gobierno. Unidad Nacional, de Luis Alberto Lacalle, entiende que debe hacerse presente y dar debate.
SIN ACUERDO. Hasta última hora de ayer los dos sectores nacionalistas negociaron sin éxito un acuerdo. Larrañaga logró que todos los dirigentes de su sector acataran la decisión de no ingresar a sala. Junto con el senador Sergio Abreu, dialogaron con los senadores Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional. Gallinal, por ejemplo, respondió a Alianza que hay que entrar a sala para discutir sobre el pacto del Club Naval a fin de dejar en evidencia al Frente Amplio en cuanto a que en 1984 acordó con los militares y los colorados aspectos de la salida institucional de la dictadura. Pero en Alianza se le advirtió que son los blancos quienes tienen "más para perder" si el debate se encamina por esa senda, revelaron a El País fuentes nacionalistas.
La bancada del Partido Nacional se reunirá hoy antes de la Asamblea General para fijar una postura definitiva.
El Partido Colorado, en cambio, es partidario de hacerse presente en sala y fundamentará que un pronunciamiento del Legislativo "es inocuo", que "no tiene relevancia jurídica" y que "tampoco es relevante para nadie y para nada", adelantó a El País el ex presidente y senador Julio María Sanguinetti. "El recurso de inconstitucionalidad lo debe resolver exclusivamente la Suprema Corte, como dice la Constitución. La Suprema Corte cometió un error de trámite", al enviar al Ejecutivo y al Legislativo un pedido de pronunciamiento sobre la ley de Caducidad, opinó Sanguinetti.
El Partido Independiente (PI) también ingresará a sala. Su único representante en la Asamblea General, Iván Posada, coincidirá en sus argumentos con los demás partidos de la oposición: planteará que el Parlamento no tiene potestades para declarar la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad.
PRESIONES. El lunes 16, el presidente Tabaré Vázquez anunció en el Consejo de Ministros que la respuesta del Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia iba a ser que se allanaba a la acción de la fiscal Guianze. Al día siguiente, martes 17, el Poder Ejecutivo contestó formalmente a la Corte.
Fue entonces que se instaló el tema en el Poder Legislativo. La sesión de la Asamblea General aparece ensombrecida por denuncias sobre presiones ejercidas por el vicepresidente Nin Novoa sobre los abogados de Jurídica del Poder Legislativo para que fallen a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad. Nin Novoa hizo una consulta formal al departamento jurídico.
Al adelantarse que el dictamen podía ser favorable a la constitucionalidad, Nin Novoa lo habría descartado y no lo llevaría hoy a sala. Esa situación generó malestar entre los abogados de esa oficina del Poder Legislativo quienes, según denunció públicamente el senador nacionalista Julio Lara, habrían sido presionados por Nin Novoa para pronunciarse por la inconstitucionalidad.
Los abogados fueron citados para hoy a la hora 8, para ser consultados acerca del informe solicitado por Nin Novoa. Ya fue redactado por una abogada de esa oficina y sostiene que la norma es constitucional, se indicó a El País de fuentes parlamentarias.
El jueves 19, la bancada del Frente Amplio resolvió pedirle a un grupo de legisladores oficialistas -todos abogados- la redacción de un informe para presentar ante la Asamblea General, aprobarlo con su mayoría, y entregarlo a la SCJ como respuesta oficial del Poder Legislativo, adelantaron a El País fuentes de la izquierda.
Aprobación, referéndum y la lectura de Vázquez
La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada 1986. A instancias del Frente Amplio, algunos integrantes del Partido Nacional y el Pit-Cnt, se creo una comisión nacional que promovió el referéndum para derogar la ley. La consulta popular se realizó en 1989, donde más del 50% de la ciudadanía se pronunció a favor de mantener la norma. Desde la aprobación de la ley y la ratificación de su vigencia en 1989, los gobiernos encabezados por los lemas tradicionales se ampararon en esta norma para no habilitar el juzgamiento de militares. En el año 2000 con la asunción del presidente Jorge Batlle, se creo la Comisión para la Paz, la que permitió comenzar a indagar el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) y se logró esclarecer el caso de Macarena Gelman, entre otros. En 2005, con la asunción del presidente Tabaré Vázquez, se le dio una nueva interpretación al artículo cuarto de la norma, que habilita al Poder Ejecutivo a investigar el destino de los detenidos-desaparecidos. El gobierno de Vázquez excluyó a varios casos de desaparecidos de esta ley. A partir de entonces, la Justicia ha procesado a un grupo de militares retirados y ex policías, entre ellos al ex dictador Gregorio Álvarez.
Los ex presidentes y la ley de Caducidad
Julio Ma. Sanguinetti
Partido COLORADO
"El recurso de inconstitucionalidad lo debe resolver exclusivamente la Suprema Corte, como dice la Constitución. Es un debate innecesario. Un pronunciamiento del Legislativo es inocuo, no tiene relevancia jurídica y no es relevante para nadie".
Luis Alberto Lacalle
Partido Nacional
"Hay incompetencia de la Asamblea General por falta de legitimación pasiva para pronunciarse. La única competente es la Suprema Corte. Y además que el Legislativo se pronuncie será una grave violación de la separación de poderes y una presión a la Corte".
Jorge Batlle
Partido COLORADO
"Es un intento más del Frente Amplio por mantener el tema vigente. Lo que el país precisa es mirar el porvenir y atender los problemas que le afligen a la gente. Esto, llevado adelante unos meses antes de las elecciones, se hace para discutir algo".
El País Digital, 25 de febrero

No hay crisis para Uruguay... pero hay 2800 en seguro de paro





Metalúrgicos: 1.000 al seguro de paro por efecto de la crisis
Incertidumbre. Empresarios advierten dificultades para pagar los ajustes
La crisis internacional ya causó que 1.000 obreros metalúrgicos fueran al seguro de paro. Ante la incertidumbre por el efecto local de la crisis, los empresarios prevén dificultades para pagar los ajustes y el gremio afirma que no resignará salario.
Los 1.000 trabajadores afectados se desempeñan en el sector automotriz -una de las ramas de la industria metalúrgica-, el cual se ha visto sacudido por la crisis en los principales mercados internacionales como Estados Unidos, Japón y Alemania.
La situación, que comenzó a fines de noviembre, se origina no tanto por la falta de competitividad sino por una pérdida de mercados. "Y ahí es cuando el problema empieza a ser mucho más grave", explicó el secretario de la Cámara Metalúrgica, Miguel Oliveros, pues en ese caso "prácticamente no hay posibilidad de revertir el problema".
La crisis en esos países fabricantes de automóviles hizo caer buena parte de los negocios con aquellos que son exportadores de autopartes, como Uruguay.
Con ello, las empresas locales debieron adelantar licencias o directamente enviar a su personal al seguro de paro.
Pero además de la industria automotriz, también se han visto afectadas aquellas vinculadas indirectamente a este rubro, como por ejemplo el sector del cuero que produce para las más importantes fábricas automotoras.
En tanto, las agrias expectativas del sector empresarial metalúrgico para los próximos meses le hace prever complicaciones a la hora de pagar los aumentos salariales acordados en los consejos de salarios.
"Va a haber dificultades a corto plazo porque hay dos situaciones que se han dado: la caída de precios de los commodities y por otro lado la pérdida de mercados", señaló Oliveros.
Para el dirigente, la empresa que quiera seguir manteniéndose "va a tener que rever sus costos internos y ahí seguramente habrá que manejar alternativas".
El convenio salarial concretado en la última ronda fijó un incremento del 7,02% en enero y un 7% en octubre retroactivo a enero de 2008.
El convenio que dura 24 meses determinaría una recuperación salarial de entre el 12% y el 16%.
Oliveros acusó al "apuro" del gobierno para cerrar la negociación tripartita, "priorizando el salario al empleo, y creo que eso se está reflejando en la realidad". Empero, descartó que por el momento se invoque la cláusula de salvaguarda, que prevé la revisión de los ajustes.
untmra. Por su parte, los trabajadores están en alerta por las eventuales decisiones empresariales que justificaría la crisis.
El dirigente del sindicato metalúrgico (Untmra), Luis Vega, dijo a El País que aunque es real, la crisis está sirviendo de excusa a los empresarios, ya que su impacto se circunscribe a pocos sectores metalúrgicos.
El Untmra, que representa a 8.000 trabajadores del total de 40.000 que ocupa la industria metalúrgica, propone medidas para que la coyuntura perjudique lo menos posible las fuentes laborales.
El secretario general del gremio, Marcelo Abdala, dijo que se sugiere la rotación de los trabajadores en el seguro de paro, planes especiales de capacitación durante ese lapso, así como la reducción de la jornada laboral (ya propuesta por el gremio en la negociación y rechazada por los empresarios).
Abdala fue enfático al descartar la posibilidad de revisar el convenio salarial, tal como establece la cláusula de salvaguarda.
Industria del cuero también afectada
Sector tiene 1.800 trabajadores en el seguro de paro
El sindicato de trabajadores curtidores convocó para el próximo lunes 2 de marzo a sus agremiados a una reunión para analizar los efectos que está teniendo la crisis internacional en la industria del cuero.
El dirigente de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Juan Camejo, mostró su preocupación porque actualmente al menos unos 1.800 trabajadores se encuentran en el seguro de paro y otros 600 ya fueron despedidos. La industria del cuero ocupaba -antes de la debacle financiera internacional- entre 4.500 y 5.000 trabajadores, estimó el sindicalista.
La convocatoria del lunes servirá asimismo para evaluar los próximos pasos que dará la UOC ante el fuerte impacto de la crisis sobre la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
La explicación radica en que la producción local de cuero que se exporta para la confección de los asientos de los automóviles que se fabrican en distintas partes del mundo, cayó luego que colapsaran los mercados internacionales.
Desde el movimiento sindical explican que con matices, casi todas las empresas del cuero afrontan problemas de recorte de personal. Otras firmas optaron por adelantar la licencia de sus trabajadores a la espera de la reactivación.
Ante esta coyuntura, el gremio ha planteado una estrategia para que la producción del cuero no dependa casi exclusivamente de la industria automotriz, sino que se diversifique para no sufrir la pérdida de más fuentes laborales.
La reunión del sindicato de curtidores del lunes se realizará a partir de las 10 de la mañana en la sede central del Pit-Cnt, informó Camejo.
El País Digital, 25 de febrero

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Prof. Daniel Solari Derquin