Representación Diplomática envió un informe a Washington sobre el clima de negocios del país.
Documento destaca esfuerzos del gobierno del Frente para captar inversiones extranjeras. Para la Embajada norteamericana, el país actúa responsablemente en conflicto por Botnia
Cuando Uruguay ingresa en un año preelectoral donde los partidos definen a sus presidenciables, y en particular el Frente Amplio debate si debe correrse más a la izquierda (ver página 4), la Embajada de EEUU en Montevideo elaboró un documento que destaca la conducción económica de Danilo Astori y el esfuerzo de la administración de Tabaré Vázquez por captar inversiones extranjeras.
El texto remitido directamente a Washington señala que el equipo económico implementó una “política macroeconómica ortodoxa” y remarcó una y otra vez el contexto legal vigente para captar inversiones aunque también señaló algunas trabas.
El documento de nueve carillas, redactado en inglés y al que accedió El Observador, hace una presentación del país como una democracia donde se respeta la ley, y define al gobierno del Frente Amplio como administración de “centro izquierda”.
Señala que el Poder Ejecutivo envió “señales positivas a los inversores”, trató de mantener un clima de negocios favorable y hace su mejor esfuerzo para promover la inversión foránea. En ese sentido establece que en el conflicto diplomático con Argentina por Botnia, Uruguay actuó “responsablemente” al “defender el derecho a la inversión extranjera”.
El informe, que tiene más comentarios positivos que negativos para el oficialismo, incluye de todos modos anotaciones que pueden ubicarse en la columna del debe y que coinciden con reclamos de las cámaras empresariales, como ser la ley de tercerizaciones, las ocupaciones de los lugares de trabajo, cambios fiscales, tiempos de la burocracia y la ley que estableció límites a la compra de tierras por parte de sociedades anónimas, que hizo que varios proyectos quedaran “en espera”. De todos modos, se reconoce que el gobierno exceptuó de ese requisito para la compra de campos a algunas grandes firmas extranjeras.
El informe de la representación diplomática también destaca la igualdad con que son tratadas las inversiones nacionales y extranjeras, la facilidad que ofrece la ley para el emplazamiento de emprendimientos así como para transferir al exterior capitales y ganancias obtenidas de la inversión.
Diagnóstico. La “administración de centro izquierda” cuenta con un equipo de economía “fuerte” que implementó “políticas macroeconómicas ortodoxas” con el “ambicioso objetivo” de doblar las inversiones en cinco años a través de la inversión directa extranjera; el desarrollo del mercado local de capitales y mejorando la legislación, prosigue el texto.
Asimismo, remarca que empresas de EEUU no tuvieron “mayores obstáculos” con el clima de negocios de Uruguay pero algunos emprendimientos se vieron “frustrados por el tiempo burocrático que insumen los procedimientos administrativos y por “numerosos cambios” en las regulaciones impositivas desde el año 2001.
Como elemento positivo se marca que el año pasado el gobierno de Uruguay incorporó nuevos incentivos a la ley de promoción de inversiones de 1998, ampliando los beneficios que otorga. El nuevo decreto estableció mecanismos para las empresas que requieren exenciones impositivas y estableció una ventanilla única para facilitar los trámites a los inversores.
En el capítulo “mercado de capital”, el documento establece que en Uruguay tradicionalmente es dificultoso acceder a créditos de largo plazo en un país que tiene un mercado de capital “subdesarrollado” y concentrado en lo público.
Se señala que Uruguay está recibiendo inversiones “activas” orientadas a establecer nuevas firmas o hacerse del control de otras existentes, pero se “olvida” de las inversiones “pasivas” que “son una fuente esencial de capital de arranque y de liquidez para nuevos proyectos y compañías que quieren expandirse”.
El informe plantea que el gobierno tomó una serie de medidas para “sobreproteger los derechos de los trabajadores” y da cuenta de la existencia de conflictos con “ocupaciones” de empresas. Además, afirma que la administración del Frente Amplio aprobó una ley que protege a los sindicatos y que fue resistida por las cámaras empresariales. También anota que se derogó el decreto que permitía a la Policía actuar para desalojar las ocupaciones.
Durante el actual gobierno hubo un acercamiento hacia la administración Bush e incluso se estuvo a punto de comenzar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio, camino que finalmente se abortó por diferencias en el gabinete y presiones del Mercosur.
Fuente: El Observador, 4 de marzo
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